Las hipotecas del Gobierno
Sánchez se convierte en la esperanza de decenas de corruptos de los ERE, Gürtel y Nóos
El Gobierno busca una escapatoria a la reforma de la malversación que exige ERC y que le ha puesto en una tesitura endiablada. De momento esperará a que los republicanos presenten su enmienda
«Señorías, la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado». Lo afirmó Pedro Sánchez aquel 31 de mayo de 2018 en el que subió a la tribuna del Congreso para defender la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, que acabó abriéndole las puertas de la Moncloa.
El dirigente que más ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción, hasta utilizarla como ariete para derribar a un presidente, se plantea ahora la posibilidad de cambiar el Código Penal para distinguir entre malversación buena y malversación mala. O como dice la ministra de Defensa, Margarita Robles, jueza de carrera: entre quien se lleva «el dinero a su bolsillo» y quien no.
La decisión de ERC de subir la apuesta y exigir también la reforma del delito de malversación aprovechando la proposición de ley que derogará el de sedición, ha puesto a los socialistas en una tesitura endiablada. Y andan buscando una escapatoria. Puesto que reformarlo a la baja podría beneficiar a decenas de condenados por malversación de los casos más sonados: los EREs, Gürtel, Púnica, Lezo, Nóos... entre los potenciales beneficiados se encontraría el mismísimo Iñaki Urdangarin, exmarido de la Infanta Cristina.
Lo cual supondría un descrédito inasumible para quien prometió regeneración democrática y ejemplaridad. La propia portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, presumió este martes tras el Consejo de Ministros de que la «seña y bandera» de este Gobierno es «la lucha contra la corrupción y la ejemplaridad en la vida pública».
El Gobierno se escabulle
El Ejecutivo se negó ayer a fijar posición al respecto de la rebaja de la malversación, pese a que Rodríguez fue preguntada hasta en cinco ocasiones en esa rueda de prensa. El mensaje que repitió machaconamente fue que Sánchez ha cumplido con su «compromiso» de «homologar» el delito de sedición a lo recogido en otros ordenamientos jurídicos de la UE (un argumento rebatido por la oposición durante días).
«El Gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles, no conocemos esas enmiendas si las va a haber», añadió la portavoz en alusión a la enmienda que va a presentar Esquerra. No obstante, tampoco quiso cerrar la puerta. Por si acaso.
Todo pasa, para los socialistas, por esperar a ver cuál es la propuesta de Esquerra para decidir. Aunque no tienen demasiada convicción en que ERC sepa hilar tan fino como para no acabar proponiendo algo que pueda favorecer a los malversadores condenados. El propio Gabriel Rufián reconoció ayer la dificultad de la empresa: «Esa es la clave y por eso hay que ser quirúrgico».
Esquerra está cabalgando sus propias contradicciones, puesto que durante años fue el azote de Convergència y su famoso 3 %. Y, antes, de Jordi Pujol. «No somos sospechosos de querer blanquear ninguna corruptela», trató de aclarar el portavoz republicano en el Congreso.
La lucha contra la corrupción, al menos de palabra, ha sido una máxima de Sánchez, de ERC y también del Podemos, que nació en la Puerta del Sol y otras las plazas al grito de «no hay pan para tanto chorizo». El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, reconoció este martes que ve «aristas» en la reforma de la malversación. Contradiciendo así a su compañero de los Comunes Jaume Asens, que un día antes la había defendido porque el delito «está redactado de forma vaga, genérica» y ha dado lugar a «interpretaciones abusivas», según él. Entre los socios de Sánchez hay mucho debate al respecto.
La posibilidad de reformar la malversación se ha topado, también, con la desconfianza de los juristas. Hasta el fiscal general del Estado fue bastante explícito este martes, cuando avisó: «Los códigos penales son un equilibrio en sí mismo en todos los aspectos. Desde las penas a la composición y la propia sistemática del Código», señaló Álvaro García Ortiz.
Las prisas con las que el Gobierno quiere tener aprobada la reforma del Código Penal tampoco ayudan a la posición de ERC. Si una ley como la del solo sí es sí, que necesitó más de dos años y medio de tramitación hasta ser aprobada, ha acabado siendo un arma de doble filo en manos de violadores condenados, qué no puede pasar con una reforma hecha a matacaballo en semanas.
«No se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad, porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción», defendió también Sánchez aquel 31 de mayo de 2018 en el Congreso.