La 'amnistía encubierta' de Sánchez a la corrupción: rebajar la malversación para Puigdemont, Junqueras y Griñán

Pedro Sánchez avanza inexorable hacia la 'amnistía' de la corrupción cometida por el separatismo catalán, en el camino hacia su desconexión del Estado español y la declaración unilateral de independencia del 1-O. Consumado el desarme de uno de los mecanismos esenciales que, hasta la fecha, velaba por la integridad territorial y la «indisolubilidad de la nación» -una vez presentado el proyecto de ley con el que PSOE y Podemos eliminarán el delito de sedición del Código Penal- el Gobierno ha abierto la puerta, de par en par, a retocar, además, el delito de malversación para ajustarlo a las necesidades de sus socios procatalanistas e indultar, como causa general, la corrupción política. También la que afecta a algunos de sus históricos dirigentes socialistas, como el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.

El Ejecutivo de coalición ya venía deslizando desde hace meses, en el marco de la solicitud de la medida de gracia presentada por la familia de Griñán que la condena judicial a quienes hubiesen desviado fondos públicos para destinarlos a un fin distinto de aquel para el que fueron concebidos, debía distinguir los casos en los que dicha utilización fraudulenta hubiese redundado en un beneficio para el malversador de aquellos en los que «no hay lucro personal». La vía ha sido, ahora, explorada por Unidas Podemos en la línea de pedir que se haga efectiva dicha distinción a nivel normativo y favorecer, así, a una decena de líderes independentistas, entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el prófugo Carles Puigdemont, así como a los condenados por los ERE andaluces.

Los socialistas son conscientes de que nuestro ordenamiento jurídico prevé el principio de retroactividad a favor del reo para todos los delitos. De manera que la desaparición de la sedición, y la eventual modificación de la malversación, obligará a revisar decenas de sentencias dictadas, a lo largo y ancho de nuestra geografía, para suavizar los reproches dictados por este motivo. Lo que es lo mismo, rebajar las penas por este ilícito al encaje de los hechos delictivos en otros tipos, como los de apropiación indebida o administración desleal, en función de cómo quede finalmente redactada la reforma penal.

El Código Penal vigente castiga la malversación en su artículo 432 con penas de entre 2 y 12 años de cárcel a los que teniendo facultades para administrar patrimonio público «las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».

La «amnistía encubierta» del 'procés'

Entre los delincuentes directamente beneficiados por la reforma que se ha planteado a tumba abierta estarían los cuatro líderes independentistas condenados por el Supremo como autores de un delito de sedición en concurso medial con malversación. Junqueras, fue sentenciado por ello a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y, sus exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a 12 años tanto de prisión como de inhabilitación. Aunque las penas privativas de libertad ya les fueron conmutadas en el indulto parcial otorgado por el Gobierno a los líderes del 'procés', a espaldas del Alto Tribunal, la entrada en vigor de una malversación diluida afectaría, directamente, a una reducción del tiempo de inhabilitación asociado. Es decir, les devolvería, en los próximos meses a la primera línea de la actividad política.

Además de los ya condenados, una reforma de la malversación afectaría muy positivamente a los intereses procesales del expresidente catalán Puigdemont y a los exconsejeros catalanes Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos fugados de la Justicia española pero todavía reclamados - a través de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)- por el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, por dicho delito y el de sedición. A ellos se sumarían los exaltos cargos de las Consejerías de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat catalana, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por su participación en los preparativos y celebración del 1-O.

El perdón definitivo a los ERE

Bajo el paraguas de la despenalización de la malversación también se verían 'perdonados' una decena de políticos y altos cargos que fueron condenados por la trama de los ERE de Andalucía, incluido el propio Griñán para quien la fiscalía pide el ingreso inmediato en prisión. No en vano, el pasado septiembre, el Tribunal Supremo confirmó para ellos unas penas de prisión de hasta 7 años y 11 meses por un delito de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos.

Junto a Griñán, estarán los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exdirector de Trabajo Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano. El Supremo ratificó la tesis de que todos ellos eran conscientes del «sistema ilegal» implantado para conceder los fondos públicos, destinados a la formación de los parados andaluces, a una serie de empresas fuera de los cauces administrativos previstos para ello.

Los agraciados colaterales

Algunos de los condenados por el 'caso Noos' podrían verse, a su vez, agraciados con la medida, incluido el exduque de Palma y expresidente del Instituto Iñaki Urdangarin, sobre quien pesa una condena de 5 años y 10 de prisión -y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta- por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con malversación, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública.

Urdangarin, quien desde junio de 2021, tiene permiso de Instituciones Penitenciarias para acudir tan sólo un día por semana a la cárcel de Zaballa (Álava) gracias a la modalidad de control telemático por el que cumple el tramo final de su condena en régimen de semilibertad, podría ver todavía mejorada su situación sin prospera el propósito del Gobierno sobre la malversación.

En el marco de este procedimiento también fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión -y 4 años de inhabilitación absoluta- el exvicepresidente del Instituto Noos Diego Torres por prevaricación en concurso medial con malversación y un delito contra la Hacienda Pública. un escenario que mejoraría, además, al expresidente del Govern Balear Jaume Matas, condenado por los mismos hechos.

Las citadas fuentes subrayan que se trata de un delito clave en la lucha contra la corrupción, por lo que cualquier cambio impactará de lleno en macrocausas todavía vigentes como 'Gürtel', 'Púnica' o 'Lezo'. Algunas de ellas, con varios despieces, en fase de instrucción.

Gürtel, Lezo y Púnica

Fuentes judiciales del Tribunal Central de la Audiencia Nacional han apuntado a El Debate que la revisión del ilícito de la malversación en el texto del Código Penal afectaría igualmente a los 13 condenados en el fallo ya dictado por la conocida como Época I de 'Gürtel'. Entre los beneficiados se encontrarían el cabecilla de la trama, Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; o el denunciante de 'Gürtel' José Luis Peñas.

A ellos se unirían la administradora de parte de las empresas de la trama Isabel Jordán, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda -exmarido de la exministra Ana Mato- el encargado de la facturación de las compañías de 'Gürtel' José Javier Nombela o el ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

También se verían afectadas las condenas impuestas a Correa y Jordán por la AN en otra de las piezas de 'Gürtel': la relativa a las actuaciones de la trama en el municipio madrileño en Boadilla del Monte. Entre los hipotéticos beneficiados se encuentran el ex alcalde Arturo González Panero.

Crespo y Correa también saldrían ganando en relación a la condena que le impuso la AN por la visita del Papa a Valencia en 2006. Entre los condenados igualmente por malversación por este asunto están Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', el exdirector de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno y el vicepresidente de TECONSA José Luis Martínez Parra.

En lo relativo a 'Lezo', ese cambió podría afectar a los acusados que serán juzgados a partir del próximo 24 de mayo en el primer juicio de esta causa, que se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII) en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un «sobreprecio» a costa de las arcas públicas.

Entre los acusados que podrían verse beneficiados se encuentran los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, así como varios técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas y gestores e intermediarios en la operación.

Siguiendo con causas de corrupción, la reforma también afectaría al fallo que se dictará una vez concluya el juicio por las presuntas actuaciones de 'Púnica' en León que arrancó la pasada semana en la AN y que sienta en el banquillo de los acusados al supuesto 'conseguidor' de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, así como a dos ex cargos del Partido Popular en esa provincia, el ex presidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el ex jefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez.