El Gobierno baraja suavizar la malversación mientras el Tribunal de Cuentas reclama 3,4 millones del 'procés'

El Tribunal de Cuentas, que investiga los fondos públicos malversados por los líderes separatistas del procés, avanza en el procedimiento con el que el Estado español trata de recuperar el dinero desviado –para fines distintos de aquellos inicialmente previstos– por los políticos catalanes condenados por sedición. Y lo hace mirando a la audiencia previa señalada el próximo día 16 de diciembre, en la que se tratarán las cuestiones procesales formuladas por los demandados por un total inicial de 9,5 millones de euros que, finalmente, quedaron ajustados a 3,4. El órgano fiscalizador inició el procedimiento contra los gastos presuntamente irregulares que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los suyos, presuntamente, realizaron a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) para la promoción exterior de los planes independentistas.

Aunque la aceptación de los avales de la Generalitat a favor de los procesados, el pasado mes de febrero, para evitar las millonarias fianzas que Cuentas les pedía a estos que depositaran, alivió un poco la tensión de la causa. Ahora, en plena reforma del delito de sedición por parte del Gobierno –que ya mira a la malversación– la cita se presenta, por el momento, inevitable. No en vano, en la sentencia firme dictada por el Supremo tras el referéndum ilegal del 1-O se incluyó, expresamente, el delito de malversación, en concurso medial, quedando en manos del Tribunal de Cuentas la potestad de cuantificar el importe de la misma y el encargo de reclamarlo para devolverlo a las arcas públicas.

Treinta y seis ex altos cargos y funcionarios han sido investigados por la malversación del procés, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Acción Exterior, Raül Romeva; y, otros seis exconsejeros del Ejecutivo catalán. Unos hechos que llevaron a que todos ellos fueran apartados de la vida pública y de la posibilidad de ejercer cualquier cargo político de representación.

Por eso, ahora, y aunque el núcleo gordiano del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se ha centrado en la rebaja del delito de sedición, a cambio del apoyo de los de Junqueras a los nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo ya mira hacia la malversación de fondos públicos como otro de los tipos del Código Penal candidato a modificación. Así lo avanzaba, este viernes, el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, avanzando los pasos previstos en la hoja de ruta prevista por Pedro Sánchez para contentar a sus socios separatistas de legislatura, el menos, hasta el fin de la misma.

Unidas Podemos no descarta plantear dicha posibilidad como una enmienda a la proposición de ley que tanto su formación como el PSOE registraron ayer en el Congreso de los Diputados para iniciar un trámite reformista a espaldas de los preceptivos, que no vinculantes, órganos consultivos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Asens ha asegurado que la malversación es «un cajón desastre que permite interpretaciones torpes como la que hizo el Supremo», sobre los condenados por el procés, además de a penas de cárcel, también, a penas de inhabilitación. El objetivo final pasa, en todo caso, por restaurarles a todos ellos en la primera línea de la actividad política a la mayor brevedad.