El ala progresista del CGPJ no renuncia a Bandrés como candidato al Constitucional y bloquea los nombramientos

Los interlocutores del ala progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «no aceptan ningún otro candidato diferente» de José Manuel Bandrés ni «una metodología que suponga» una discusión real «sobre la idoneidad de toda índole» de los perfiles. Una vez más se han enquistado las designaciones de los dos magistrados con los que el Consejo debe renovar a la mitad de los cuatro miembros del Constitucional cuyo mandato caducó en junio. En esta ocasión, la negativa del sector progresista del máximo órgano de los jueces a renunciar a su candidato de cabecera, José Manuel Bandrés -quien ha suscitado dudas en el ala conservadora por su marcado perfil procatalanista- ha supuesto, como avanzó El Debate en primicia, un nuevo intento fallido por alcanzar el consenso y un nuevo retraso en el propósito de Pedro Sánchez por asumir el control de la Corte de Garantías.

Según ha podido saber El Debate, además, los vocales de la izquierda se han negado a aceptar el «cambio metodológico que se propuso» para «valorar y negociar distintos candidatos» de cada una de las sensibilidades, de manera cruzada, para que los elegidos «respondan a la voluntad de ambos grupos y no meramente a un intercambio» de cromos. Así las cosas, los interlocutores se han emplazado a una nueva cita el próximo miércoles día 30 de noviembre.

A principios de este mismo mes, surgían serias dudas sobre si el perfil de Bandrés, que El Debate reveló en exclusiva como candidato al comienzo de las negociaciones, cumplía con los requisitos acordados para los aspirantes por los dos bloques que integran el gobierno del Poder Judicial y, ya entonces, se apuntaba a que este escollo condicionaría la evolución de los nombramientos pendientes.

Bandrés no suscita, «en absoluto», los apoyos necesarios para obtener el aval de los 12 miembros del CGPJ que deben arropar todos los nombramientos. Es decir, la izquierda necesita que su candidato reciba, como mínimo, el apoyo de cuatro de los vocales conservadores para sacar adelante su propuesta y enquistadas las posiciones, el objetivo está lejos de lograrse.

No en vano, el magistrado de la Sección Sexta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo es miembro fundador de Jueces y Juezas para la Democracia y jurista afín a la causa del 'encaje' catalán en España. De ahí el empeño de la izquierda jurídica porque ocupe un sillón en el seno del Constitucional que casi tres meses después del plazo límite impuesto por Pedro Sánchez, no parece próximo a cumplirse antes de final de año.

Bandrés cuenta con la bendición de los socios separatistas del Gobierno. Su tesis favorable a plantear un debate sobre la reforma de la Constitución que permitiría, eliminado el delito de sedición, buscar una solución pactada al independentismo catalán. Una de las cuestiones básicas que históricamente se han venido demandando por parte de los sectores más independentistas del nacionalismo catalán: que el nuevo Constitucional no invalide, como ocurrió el 11 de octubre de 2017, una futura consulta separatista para la comunidad autónoma.

Nuevo revés para los planes de Sánchez

Pedro Sánchez tendrá que seguir esperando que cuajen sus planes. Pese a sus intentos por presionar al CGPJ modificando la ley que él mismo reformó -para desbloquear la función de los nombramientos vetada en marzo del año pasado al Consejo- y fijando una fecha tope para que el órgano asumiese sus dos designaciones, el Constitucional sigue prorrogado en su mandato.

Y, con ello, congeladas sus decisiones sobre las leyes más ideológicas y polémicas del Ejecutivo entre las que se encuentra la alteración con la que vía Consejo de Ministros, se intervinieron competencias naturales del CGPJ. Una intervención que, de haber sido declarada irregular podría haber puesto fin, hace semanas, a la parálisis del Poder Judicial en nuestro país.