El PP prepara una ofensiva en Europa para intentar frenar los nombramientos de Sánchez para el Constitucional

El Partido Popular pretende llevar los nombramientos de Juan Carlos Campo y Laura Díez a Europa. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que «se está poniendo en riesgo el pacto y las bases constitucionales de nuestro país. Nunca jamás un Gobierno ha utilizado, desprestigiado y politizado las instituciones como lo está haciendo el Ejecutivo de Sánchez». Por este motivo, la formación está estudiando cuáles serán los pasos a dar para que Europa pueda interceder ante lo ocurrido.

Malas noticias llegaban en la misma mañana desde el comisario de Justicia, Didier Reynders, que ha quitado hierro al asunto al apuntar que no es es el único caso en la Unión Europea en donde se encuentran exministros como magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, Reynders ha asegurado que tiene que tener todos los detalles sobre los nombramientos para opinar si se han hecho de manera correcta o no. «Vamos a ver cómo vamos a analizar la situación exacta de ese nombramiento», ha apuntado.

Las palabras de Reynders también han supuesto un freno para el PP que no ha querido aún desvelar su estrategia en este sentido. Fuentes populares han asegurado a El Debate que, por el momento, se descarta que sea Feijóo el que acuda a Bruselas a pedir ningún tipo de encuentro con los líderes europeos para comentarles la situación. Se espera, por lo tanto, que se lleven a cabo medidas a través de la delegación del PP en Europa o a través del vicesecretario de acción institucional del partido, Esteban González Pons, que, además de ser eurodiputado fue el encargado de encabezar las negociaciones con el Gobierno acerca del CGPJ.

«Lo importante es que ha habido una designación de jueces afines y es algo que Europa debe saber, pero aún estamos perfilando las acciones que llevaremos a cabo», aseguran desde Génova.

Bruselas, sobre Orbán

Este mismo miércoles, la Comisión Europea ha dado un paso más en la presión sobre el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

La Comisión ha anunciado que considera «insuficientes» las reformas de su Gobierno, las cuales le son exigidas para luchar contra la corrupción y a favor de la independencia judicial.

Así, Bruselas ha recomendado mantener congelados 7.500 millones de euros en fondos regionales y también bloquear el desembolso de los 5.800 millones del fondo anticrisis húngaro mientras el Ejecutivo magiar no cumpla los objetivos fijados. En total, una cantidad de 13.300 millones.