Bruselas recomienda mantener congelados hasta 13.000 millones de euros que le corresponderían a Hungría
Fondos Europeos
Bruselas pretende congelar los fondos europeos a Hungría por limitar la independencia judicial
La Comisión Europea recomienda mantener congelados 7.500 millones de euros en fondos regionales y también bloquear el desembolso de los 5.800 millones del fondo anticrisis
Sánchez acelera el desarme del Estado de derecho y mira al CGPJ como su víctima final
Nuevo frente en la batalla entre la Comisión Europea y la Hungría de Viktor Orbán por la independencia judicial, con los fondos europeos de por medio.
La Comisión Europea pretende seguir presionando a Orbán y ha anunciado este miércoles que considera «insuficientes» las reformas de su Gobierno, las cuales le son exigidas para luchar contra la corrupción y a favor de la independencia judicial.
Así, Bruselas recomienda mantener congelados 7.500 millones de euros en fondos regionales y también bloquear el desembolso de los 5.800 millones del fondo anticrisis húngaro mientras el Ejecutivo magiar no cumpla los objetivos fijados. En total, una cantidad de 13.300 millones.
La Comisión quiere congelar 13.300 millones de los fondos hasta que Hungría no garantice la independencia judicial
Mediante esta evaluación, los ministros de Economía y Finanzas comunitarios (Ecofin) deben tomar una decisión definitiva sobre la congelación de los 7.500 millones de euros pertenecientes al llamado pilar de Cohesión.
«La Comisión considera que, aun con los pasos dados, sigue habiendo un riesgo continuado para el presupuesto europeo porque las medidas correctivas necesarias son de naturaleza estructural u horizontal», defiende el organismo que preside Ursula Von der Leyen.
El caso de España
El equipo de Von der Leyen cristaliza así su intención de no realizar ningún pago hasta que Orbán ejecute «todas las reformas comprometidas» tanto para garantizar la independencia judicial como para combatir el fraude y la corrupción. Por tanto, Hungría se arriesga a perder todo el dinero que le corresponde de la 'Next Generation'.
La Comisión considera que, aun con los pasos dados, sigue habiendo un riesgo continuado para el presupuesto europeo...
Sin embargo, España también se debería situar en un escalón parecido en relación a esta cuestionada separación de poderes. El Ejecutivo socialista está llevando a cabo su propio plan para el asalto a la independencia judicial, después de trascender que Pedro Sánchez ha propuesto para el Constitucional a dos miembros de su Gobierno: su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y su exdirectora de Presidencia, Laura Díez.
El asalto del Gobierno a la independencia judicial
Sánchez designa para el TC a su ministro de Justicia de los indultos y a su exdirectora de Presidencia
Dado que la principal función del TC es la de fijar los límites que no deben ser sobrepasados, Sánchez pretende controlar también este organismo, algo que le dejaría la vía libre para aplicar sin cortapisas sus políticas más controvertidas.
La polémica llegó a tales niveles que varias asociaciones del ámbito de la carrera judicial se dirigieron a la propia Comisión Europea para denunciar la situación en la que se encuentra el poder judicial español a raíz del intento de asalto del gobierno de Pedro Sánchez al Consejo General del Poder Judicial, sin que en este caso Bruselas haya amenazado a España con congelar los fondos que le corresponden.
Los riesgos de Hungría
Para advertir al Ejecutivo magiar de lo que se le viene encima, la Comisión pretende hacerle escarmentar «por sus continuas violaciones a los principios del Estado de derecho», esto es, la lucha contra la corrupción y fraude en los procedimientos de contratación pública y el control sobre la Justicia.
Así, Hungría se arriesga a perder el 20 % de sus fondos europeos durante los próximos siete años, salvo que responda a las exigencias de la Comisión en los próximos meses.
