Sánchez designa para el TC a su ministro de Justicia de los indultos y a su exdirectora de Presidencia

La renovación del Tribunal Constitucional, cuyo control es objetivo prioritario para el Gobierno en clave judicial, se está dilatando en el tiempo en espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegue a un acuerdo sobre los dos aspirantes a los que debe designar, posiblemente, el próximo día 22 de diciembre, en el que será el último Pleno ordinario del máximo órgano de los jueces de este año y durante el que se votarán los nombres concretos propuestos por conservadores y progresistas para su elección como nuevos magistrados de la Corte. Así las cosas y sin garantías de que ese día se hará efectiva una elección consensuada «sí o sí» de los perfiles sobre la mesa, Pedro Sánchez anunciará, este martes, a sus dos candidatos, sin esperar al trámite del Consejo, tal y como avanza su diario de cabecera, El País. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez serán, según el mismo diario, los perfiles formalmente designados hoy en Consejo de Ministros. Sánchez elige así a dos peones políticos de su estrecha confianza.

El único problema para que el presidente consume su plan de controlar el Constitucional, con un vuelco de izquierdas de la mayoría de sus magistrados, tras los dos nuevos nombramientos, es que el actual pleno conservador considera que la toma de posesión de solo una parte del tercio de sus miembros, dos de los cuatro caducados en su mandato, pendiente de renovación, no sería ajustada a Derecho y, por tanto, anulable. Esto es, la tesis mayoritaria de los constitucionalistas se inclina porque la renovación de los cuatro candidatos –los dos del Consejo y los dos del Gobierno– ha de ser conjunta y simultánea para que en la práctica pueda darse validez a la misma. El choque de trenes está servido en lo institucional, además, una vez han trascendido los perfiles de ambos elegidos: dos peones directos del PSOE en la Justicia.

Lo cierto es que, de acuerdo a la ley vigente –artículo 599. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial– que el propio Sánchez reformó, vía exprés, con al apoyo de sus socios de Podemos, el Gobierno ha venido incumpliendo su propio plazo para la designación de los cuatro nuevos magistrados que han de incorporarse a la Corte de Garantías, caducada desde antes de verano. La Constitución establece en su artículo 159 que los miembros de su Tribunal «serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres».

En contra de las presiones que se han producido sobre los vocales del Consejo por esta cuestión y que llevaron a su presidente Carlos Lesmes a dimitir, desatando una crisis institucional sin precedentes, el Ejecutivo todavía no ha comunicado sus nombres concretos. Una situación que podría cambiar en los próximos días pero que, sin embargo, quedará condicionada a que el CGPJ consiga ponerse de acuerdo sobre la idoneidad de los magistrados del Supremo que habrán de incorporarse al Constitucional, descartado el «mero intercambio de cromos».

«Un problema exclusivo del Gobierno»

En paralelo a las decisiones políticas, una vez desbloqueadas las posiciones de los dos sectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la renovación de Constitucional, tras el fracaso de las conversaciones entre los interlocutores conservadores y progresistas del máximo órgano de los jueces, el «problema de las fechas» es «exclusivo del Gobierno», apuntan a El Debate fuentes próximas a la Corte de Garantías. No en vano, en el ámbito jurídico son conscientes de las serias dudas que suscita el perfil del candidato de la izquierda, que El Debate reveló en exclusiva al comienzo del Año Judicial, José Manuel Bandrés, cumple con los requisitos acordados para los aspirantes fijados, previamente, y reforzados desde el sector conservador, por el Pleno del CGPJ que «tiene sus propios tiempos».

El próximo día 22, día clave para la votación de nombres concretos, cada vez suenan con más fuerza el instructor de la causa del procés Pablo Llarena, los magistrados Vicente Magro y Julián Sánchez Melgar; y, el actual presidente del Supremo -presidente a su vez de la Sala Primera de lo Civil y miembro más antiguo del Alto Tribunal- Francisco Marín Castán. Tanto Bandrés como cualquier de los anteriores necesitan concitar el apoyo de 12 de los vocales del Consejo para ser formalmente designados.

Llarena es, sin duda, el favorito para contrarrestar, en un futuro y eventual Constitucional de mayoría de izquierdas, las aspiraciones del separatismo en sede de Garantías y el más de medio centenar de recursos planteados por la oposición a las leyes ideológicas más polémicas del Gobierno socialista. El hecho de que la Corte tendrá que decidir, en última instancia, sobre el indulto de los independentistas del procés, en el escenario posterior a la eliminación del delito de sedición del Código Penal, ha dado alas al veto de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a la posibilidad de que el juez encargado de la investigación del mismo sea uno de los magistrados que conformen el futuro órgano.

Por su parte, el Constitucional tuvo la ocasión de finiquitar el cambalache del bloqueo antes de que caducase, en junio, el mandato de un tercio de sus magistrados, resolviendo el doble recurso de inconstitucionalidad de Partido Popular y Vox contra la reforma de marzo del Gobierno que –de urgencia y sin consenso– vetó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prorrogado su potestad ordinaria de hacer nombramientos. La Corte de Garantías no lo hizo consciente de que, con la actual composición de la misma, de mayoría conservadora, resultaría difícil asumir la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer que apuesta por avalar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su injerencia sobre el Consejo, según han apuntado a El Debate fuentes próximas al caso.

Y, entre tanto, en el aire la quinta plaza vacante en el seno del Constitucional, la del magistrado Alfredo Montoya Melgar que renunció a la misma por culpa de una grave enfermedad y que el Gobierno baraja hurtar en el Senado al Partido Popular, tras la ruptura de las negociaciones sobre el Poder Judicial con los de Alberto Núñez Feijóo al conocerse el plan –ya consumado– del Ejecutivo de Sánchez para dinamitar el delito de sedición.