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Los interlocutores del CGPJ designados por los sectores progresista y conservador para reactivar los nombramientos al Constitucional, reunidos el pasado mes de septiembre

Crisis del Poder Judicial

El veto de los conservadores del CGPJ al magistrado Bandrés rompe la unidad del sector progresista

Los interlocutores designados por el bloque de la izquierda en el Consejo han acordado, con la abstención de Enrique Lucas, no renunciar a su candidato al Constitucional

De poco, o de nada, ha servido el triple órdago lanzado por Pedro Sánchez tras la elección del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exalto cargo de la Generalitat Laura Díez como candidatos del Gobierno a la renovación del Constitucional. Tampoco el intento frustrado del futuro y eventual presidente de la Corte, con el visto bueno de Moncloa, Cándido Conde-Pumpido para acelerar, este miércoles, la toma de control parcial del órgano por parte del Ejecutivo socialista. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se mantiene en sus propios tiempos y requisitos para designar los dos perfiles que han de completar el tercio de magistrados con el que reemplazar a los cuatro cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. Así las cosas, tal y como adelantó El Debate, el veto de los conservadores del Consejo al candidato propuesto por la izquierda, José Manuel Bandrés, no sólo está provocando «discrepancias insalvables», por el momento, en el seno del máximo órgano de los jueces sino que, además, ha roto por primera vez la unidad del bloque progresista de cara a las votación prevista para el próximo día 22 de diciembre. Una fecha concebida como un nuevo intento por alcanzar el consenso que, así las cosas, se presenta fallido.

Según ha podido saber El Debate, en la reunión mantenida por los miembros del sector de la izquierda del CGPJ, encabezados por Álvaro Cuesta, se ha acordado -con la abstención de Enrique Lucas-, su falta de disposición a debatir la «idoneidad» y «oportunidad» del nombramiento del magistrado Bandrés ya que, por su parte, no consideran ninguna otra posibilidad distinta del juez de la Sala Tercera del Supremo. Pero es que, además, tampoco se abren a deliberar sobre el perfil de los candidatos que puedan proponerse desde el bloque conservador.

Un escenario del que, según fuentes próximas al CGPJ, «parece desprenderse que les resulta indiferente a quién o quiénes se propongan». De manera que el próximo Pleno ordinario del órgano, convocado el 22 de este mes, «se harán las propuestas que cada vocal considere convenientes y cada cual podrá votar a quien estime más oportuno», sin previo consenso ni unidad en los bloques sobre los candidatos concretos.

Conde-Pumpido, en peligro

El futuro de Cándido Conde-Pumpido se verá, sin duda, como adelantó ayer El Debate, vinculado al de su compañero José Manuel Bandrés, magistrado del Supremo y candidato del sector progresista del CGPJ a la Corte de Garantías, incluso, antes de que se produzca el ansiado vuelco del Tribunal a una mayoría de izquierdas afín al Gobierno socialista. Conde-Pumpido es consciente de que el empeño en Bandrés podría ver frustradas sus expectativas de liderar un futuro y eventual Pleno del órgano progresista si, finalmente, el veto de los conservadores sobre el magistrado sigue dilatando la renovación del tercio caducado.

Sin los cuatro nombres de los candidatos sobre la mesa, dos del Gobierno y dos del Consejo, la actual composición del Constitucional frenará cualquier intento del Ejecutivo por formalizar la incorporación de Juan Carlos Campo y Laura Díez a la Corte de Garantías, ya que no podría darse una toma de posesión legalmente válida. Y, con ello, las expectativas de Conde-Pumpido que teme perder la Presidencia del órgano en favor de su compañera María Luisa Balaguer, un perfil que aunque progresista, contaría con el beneplácito -y probablemente, también, los votos de los miembros conservadores.