Conde-Pumpido teme perder la Presidencia del Constitucional si los progresistas del CGPJ no renuncian a su candidato

Sólo puede quedar uno. El futuro de Cándido Conde-Pumpido, elegido por Moncloa para presidir el Constitucional (TC) una vez renovado, y el de su compañero José Manuel Bandrés, magistrado del Supremo y candidato del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la Corte de Garantías, han quedado fatalmente ligados, incluso, antes de que se produzca el ansiado vuelco del Tribunal a una mayoría de izquierdas afín al Gobierno socialista. Conde-Pumpido podría ver frustradas sus expectativas de liderar un futuro y eventual Pleno del órgano de mayoría progresista si, finalmente, los vocales conservadores tumban la propuesta de sus compañeros del Consejo para que el juez Bandrés se sume a las filas del órgano caducado, en un tercio, desde el pasado mes de junio.

Hasta la fecha, los interlocutores del bloque de izquierdas del CGPJ han sido tajantes en su intención de que José Manuel Bandrés sea su representante en el próximo Constitucional a la medida de Sánchez. Sin embargo, el sesgo procatalanista y progubernamental del magistrado han suscitado importantes dudas sobre la idoneidad de su perfil entre la mayoría de los vocales, como ya adelantó El Debate.

Ante este escenario, la votación prevista por el Pleno del Consejo para el próximo día 22 de diciembre se plantea adversa para Bandrés quien necesita, al menos, cuatro votos de los conservadores para salir airoso tras la propuesta de sus compañeros. Los primeros insisten en su metodología de negociación que «exige no aceptar acríticamente los candidatos que deben ser evaluados y aceptados como propios por todos los vocales». Los segundos se niegan a descartar a su elegido que ya cuenta no sólo con el beneplácito del Gobierno sino con la conformidad de sus socios separatistas de Esquerra (ERC).

Así las cosas, si el intento de antes de final de año fracasa, y todo apunta que lo hará, no habrá toma de posesión válida por parte de los recientes y polémicos nombramientos efectuados por Sánchez a favor del exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de la Generalitat Laura Díez –ambos groseramente próximos a sus posiciones políticas– para presionar al CGPJ. Si los «propios tiempos» del Consejo siguen alargándose en el bloqueo, las expectativas de Conde-Pumpido podrían llegar a verse frustradas ya que el voto de José Manuel Bandrés es decisivo para su futura y eventual investidura por el Pleno del Constitucional.

El dilema está servido. La izquierda se debate, ahora, entre dejar caer a Bandrés para acelerar la renovación de la Corte de Garantías –adelantada por El Debate a principios de mes tras la ruptura de las negociaciones para el CGPJ– con los cuatro candidatos designados, dos por el Gobierno y dos por el Poder Judicial. O, por el contrario, insistir en el perfil del magistrado de la Sala Tercera del Supremo y contribuir, con ello, a dilatar la capacidad de control de Sánchez sobre el TC.

Un intento fallido de acelerar el trámite

La designación de Juan Carlos Campo y Laura Díez no ha gustado ni a propios ni a extraños. Ambos están, a juicio de cualquier observador mínimamente objetivo, tan «politizados» y «contaminados» por sus responsabilidades «en esta misma legislatura» que el anuncio de su candidatura al Constitucional ha dinamitado el escenario del Poder Judicial colocando al CGPJ, y al propio TC, de nuevo en el punto de mira como última barrera de contención frente al intento de asalto de Pedro Sánchez sobre la institución.

El líder de los socialistas, por su parte, harto de que el Consejo haya venido aplazando, desde el pasado mes de septiembre, la designación definitiva de los dos magistrados del bloque que por cuota le corresponden, aceleraba el acuerdo ministerial, adelantado por El Debate a principios de mes. Horas más tarde, Moncloa publicaba los nombres de Díez y Campo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la intención de colonizar, aunque de manera parcial, el Tribunal que en los próximos meses habrá de resolver los recursos planteados contra sus leyes más ideológicas.

Era, precisamente, dicha formalidad la que desataba este miércoles, en paralelo, en el seno del Constitucional –reunido en Pleno ordinario sobre los asuntos judiciales previstos en el orden del día– un intento de tres magistrados para que el presidente Pedro García-Trevijano adelantase la convocatoria extraordinaria en la que la Corte tendrá que dar el plácet a los candidatos, sin esperar a los dos pendientes de designarse por el CGPJ. Al frente del fracasado motín, Cándido Conde-Pumpido con el apoyo de Inmaculada Montalbán y Ramón Saéz.

No en vano, los tres jueces sostienen una tesis contraria a la compartida por la mayoría de sus compañeros que consideran que el Constitucional tiene que consignar, en bloque, los nombramientos de los cuatro nuevos magistrados que han de incorporarse a su Pleno en reemplazo de los miembros cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. Tanto Conde-Pumpido, como Montalbán, como Sáez entienden que una vez que el Consejo de Ministros incorporaba al BOE el acuerdo de la designación de Campo y Díez para oficializar su designación como nuevos miembros del TC, debía instarse la verificación de los mismos, sin condicionar su toma de posesión al resultado incierto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 22 de diciembre, sobre sus designaciones pendientes.

Era la primera posición, la mayoritaria, la que prosperaba con el respaldo de todos los magistrados conservadores de la Corte, más los dos progresistas María Luis Balaguer y Juan Antonio Xiol y el del presidente González-Trevijano. En un bloque sin fisuras, durante el Pleno que se veía empañado por el intento de motín, han resuelto que no se va a forzar ninguna convocatoria extraordinaria para que agilizar que Campo y Díez puedan incorporarse sin esperar a sus dos compañeros que vendrán a propuesta del Poder Judicial.

A nadie escapa que tras la maniobra de Conde-Pumpido se esconde lo mucho que para él está en juego en este momento. El candidato que fraguó su Presidencia con, al menos, una visita a Moncloa tras las elecciones andaluzas ha tratado de explorar sin éxito un atajo con el que ser encumbrado al frente del TC, sorteando el inconveniente del Consejo de los jueces y el veto al perfil de José Manuel Bandrés que parece complicar su llegada al cargo.