Vox lleva al TC la ley de Montero: «Desprotege a la mujer y menoscaba la seguridad jurídica»

Como anunció que haría, el Grupo Parlamentario Vox ha llevado ante el Tribunal Constitucional la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', impulsada por Irene Montero, al considerar que «desprotege a la mujer, menoscaba la seguridad jurídica de los españoles y da una auténtica patada a derechos recogidos en la Constitución».

Para Vox, esta ley es «un disparate jurídico» que, recuerda, ha sido aprobado por todo el Consejo de Ministros y, por lo tanto, del Gobierno en su conjunto, así como por los grupos parlamentarios que votaron a favor de la misma en el Congreso. En esto ha incidido el vicepresidente de Vox y diputado Javier Ortega Smith ante los medios frente al Alto Tribunal, donde ha acudido acompañado de las diputadas Marta Castro y Carla Toscano.

La formación considera que el concepto de consentimiento que introduce la norma plantea dos problemas. El primero es que «hay una evidente inversión de la carga de la prueba», de manera que es el hombre quien debe demostrar que hubo consentimiento expreso, y, por otra parte, la redacción de la norma, a su juicio, no es clara y resulta contradictoria respecto a «si el consentimiento sexual debe ser necesariamente expreso o si puede ser tácitamente deducible».

Los 52 diputados de Vox denuncian, además, que la ley del 'solo sí es sí' «unifica en un solo tipo penal lo que antes eran dos (abuso y agresión sexual)», con lo que se infringe «el principio de proporcionalidad». Así, señalan que «se castigan con severidad conductas que presentan un menor de lesividad» mientras «se rebajan las penas para las conductas más graves».

En este sentido, desde la entrada en vigor de la norma del Ministerio de Igualdad, la cifra de condenados por agresión sexual que han visto rebajadas sus penas hasta la fecha asciende ya a 46, y un total de 12 personas han sido excarceladas.

Derogación completa de la ley

Vox presentó el pasado 29 de noviembre una enmienda a la proposición de ley sobre modificación de la legislación vigente relativa a los delitos contra la libertad sexual llevada al Congreso por el Partido Popular. Dicha enmienda, que fue finalmente rechazada, planteaba instar al Gobierno de Pedro Sánchez a «promover urgentemente la derogación» de la norma, y no únicamente revisarla, al entender que «no basta con enmendar con un parche este descomunal error».

Además, el partido de Abascal pedía en esta propuesta impulsar una modificación del Código Penal para que «desde el máximo respeto a la presunción de inocencia y a los demás principios del proceso penal» no se fusionen los tipos penales de agresión y abuso sexual, ni se invierta el modelo de consentimiento, así como que se impongan penas más graves para los delitos sexuales y se contemple la prisión permanente revisable «para aquellos delitos más atroces».