Colas en los consulados para obtener la nacionalidad española por la Ley de Memoria

El Consulado General de España en Caracas colgó el miércoles un mensaje en su cuenta de Twitter informando de que esta semana se han resuelto favorablemente las primeras 18 solicitudes de nacionalidad en base a la que en Hispanoamérica ya se conoce como la ley de nietos española.

Ésta es, en realidad, una disposición adicional (la octava) incluida en la Ley de Memoria Democrática para abrir la puerta de la nacionalidad española a decenas de miles de descendientes de emigrantes que hasta ahora la tenían cerrada. Hasta bisnietos y tataranietos, como informó El Debate el día de su entrada en vigor.

En el Consulado General de España en México incluso publicaron la fotografía del primer nacionalizado en base a esta ley, después de un procedimiento exprés. Se llama José Pablo del Castillo Zabalgoitia, es un ingeniero de 37 años de padres mexicanos y, desde el pasado 15 de noviembre, español de pleno derecho.

En todos los consulados se repiten escenas parecidas. Las primeras semanas de aplicación de la ley de nietos han provocado una avalancha de solicitudes y largas colas en multitud de consulados españoles. En el de la ciudad argentina de Mendoza, la prensa local ha informado de una avalancha de solicitantes en los primeros días de aplicación de la normativa. En el Consulado General de España en Cuba van con algo más de retraso: empezaron a dar citas el 21 de noviembre. En su página web advierten: «No se admitirán registros a través de terceros, los interesados deben tramitar su registro personalmente».

Ésa es precisamente una de las particularidades de esta nueva forma de nacionalizarse: los bufetes de abogados no pueden actuar de intermediarios ni gestionar el papeleo, sino que el solicitante debe acudir al consulado o al registro civil de turno en persona. Aun así, algunos despachos expertos en extranjería están ofreciendo servicios de asesoramiento ante la gran demanda de información, más desde países hispanoamericanos que desde España. Y en YouTube hay decenas de vídeos de abogados explicando quiénes pueden acogerse a esta ley.

Manga ancha

Supuestamente, la ley de nietos está pensada para resarcir a los descendientes de exiliados durante la guerra civil y el franquismo que quedaron fuera del anterior proceso de nacionalización: el que se llevó a cabo en virtud de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Ésa es la teoría, pero la realidad es que la manga es muy ancha. Más después de que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia publicara el pasado 26 de octubre una instrucción rebajando todavía más los requisitos inicialmente previstos.

En esta ocasión, y durante un plazo de dos años (prorrogable a un tercero), permite adquirir la nacionalidad española ya no solo a los hijos de exiliados, sino también a los nietos. Lo que, a su vez, abre el camino a los bisnietos y tataranietos (porque serán los hijos y nietos de los solicitantes), generando un efecto multiplicador. Y, además, sin límite de edad: en el anterior proceso estaban solo afectados los hijos menores de edad no emancipados.

Tres supuestos

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática contempla tres supuestos para obtener la nacionalidad española. En primer lugar, quienes hayan nacido fuera de España y tengan padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, pero que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española por haber «sufrido exilio». En segundo lugar, hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En tercer lugar, los hijos mayores de edad de aquellos que obtuvieron la nacionalidad española, acogiéndose a la anterior Ley de Memoria Histórica.

En origen, la nueva ley de nietos presumía la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. De manera que sus descendientes no tenían que aportar ninguna prueba documental de que su antepasado emigró por motivos políticos. En cambio, el solicitante sí debía acreditar documentalmente esa condición de exiliado si su antepasado había salido de España entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 (el día en que entró en vigor la Constitución).

El procedimiento abarca desde el 18 de julio de 1936 y hasta el 28 de diciembre de 1978

Sin embargo, la instrucción del 26 de octubre elimina ese papeleo también para los familiares de quienes emigraron entre 1956 y 1978, según explica María Concepción Lorenzo, del despacho Logarte Abogados, expertos en extranjería. Basta con las partidas de nacimiento, lo cual supone un gran salto. En el anterior proceso de nacionalización, el de la ley Zapatero, el Gobierno acabó revocando concesiones de nacionalidad que los consulados de España habían otorgado de forma irregular. El tiempo dirá si en esta ocasión sucede lo mismo.

De momento, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el de Justicia han aportado cifras de estas primeras semanas de aplicación de la ley. Pero el diputado Pablo Cambronero ya las ha pedido a través de una pregunta escrita que registró el martes en el Congreso. «Ya se habla de un colapso en las embajadas y consulados hispanoamericanos. ¿Cuántas personas han sido nacionalizadas en virtud de la nueva normativa?, ¿Cuántas solicitudes se han presentado y cuál es el plazo de resolución?, ¿Qué objetivo tiene el Gobierno con esta norma», se interesa por saber Cambronero.

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que esta ley de nietos es una «medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio», las razones de los solicitantes no son, por general, sentimentales sino prácticas. «Les abre las puertas de España y de la Unión Europea. Además, una vez adquirida la nacionalidad pueden venir con toda la familia y regularizar la situación del resto una vez aquí», resume Lorenzo.