Las puertas giratorias de Sánchez: de desjudicializar el 'procés' a politizar la Justicia para blanquearlo

En noviembre de 2018, apenas tres días después de que se conociese el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pedro Sánchez subía a la tribuna del Congreso en defensa de la Justicia española y apelaba a su «no politización» en varias respuestas a los grupos parlamentarios durante una sesión de control al Ejecutivo. «Usted critica la judicialización de la política pero lo que nos pide es que nosotros politicemos la Justicia», le decía al entonces exdiputado de Esquerra (ERC) Joan Tardá a propósito del papel de la Fiscalía en el juicio del Supremo al procés. «Pues no, esto es un Estado democrático de derecho. El Poder Ejecutivo por un lado, el Judicial por otro», apostillaba.

Muchas cosas han cambiado desde que Sánchez apostase por la separación de poderes como eje vertebrador de su política con Cataluña y desde que, tras la moción de censura que le llevó a Moncloa, ganase por la mínima unas elecciones repetidas para gobernar, a pierna suelta, con Podemos sentado a la mesa del Consejo de Ministros, los votos presupuestarios de los independentistas catalanes y los herederos políticos de ETA quienes, en boca de Arnaldo Otegi, presumen de la gran paradoja de un Gobierno que en España sobrevive gracias a los apoyos de sus enemigos. «Los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal. Se pararán una vez, pero no se van a parar siempre», que quede claro.

En apenas cuatro años, el presidente del Gobierno ha sido capaz de doblegar a la Fiscalía al dictado de sus necesidades –nombrando, por primera vez en la historia de nuestra democracia a una exministra socialista, Dolores Delgado, como máxima responsable del Ministerio Público, sin solución de continuidad de uno a otro cargo–; indultar a los líderes del procés, con el informe en contrario del Alto Tribunal sentenciador; suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados, tras negociar una reforma a la carta del Código Penal, precisamente, con quienes fueran condenados por violentarlo; y, recientemente, designar a dos alfiles de Moncloa durante la presente legislatura, otro exministro de Justicia y una ex alto cargo procatalanista como los encargados de colonizar el Tribunal Constitucional que, en los próximos meses, tendrá que decidir sobre las causas ideológicas más polémicas de Sánchez.

Así las cosas, el presidente del Gobierno consumaba antes de verano la rendición de su último año en el poder al relato de la Generalitat separatista de Cataluña. La tercera reunión bilateral entre ambos interlocutores, sentados a la mesa de negociación el pasado 27 de julio, era la estocada final al Estado español como se ha conocido hasta la fecha, desde los pactos de concordia de la transición. Tras diez meses de tensión y relatos separados, las delegaciones de Moncloa y el Govern acercaban posturas y materializaban sus primeras medidas concretas y conjuntas para «desjudicializar» las aspiraciones independentistas.

Era el propio Félix Bolaños, ministro de Presidencia, el encargado de anunciar que la 'desjudicialización' del 'conflicto catalán' pivotaría sobre la resolución de los problemas con arreglo al «acuerdo entre políticos», eso sí, con al menos dos líneas rojas que ya se han incumplido: que la actividad política no extralimitase el ordenamiento jurídico vigente –para lograrlo se ha ampliado ese marco retocando el Código Penal a medida– y que la toma de decisiones institucionales respetase el interés general. Ahora ha quedado claro que siempre que dicho interés coincida, también, con el de Pedro Sánchez.

No en vano, Sánchez hacía saltar todas las alarmas cuando a principios de noviembre anunciaba, como de costumbre en una televisión afín, la reforma de la sedición. Una modificación del Código Penal pactada antes de las vacaciones con el independentismo catalán y concebida por el Gobierno como proposición de ley –que el PSOE y Podemos registrarían horas más tarde en el Congreso de los Diputados– para hacer desaparecer el delito del ordenamiento a espaldas, como mínimo, de dos de los principales órganos constitucionales consultivos de nuestro país, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Moncloa daba así el primer paso de una hoja de ruta que, en realidad, y como ha venido revelando El Debate en primicia durante semanas, encierra un objetivo mucho más ambicioso para el separatismo: la convocatoria de un referéndum pactado para Cataluña que llegará de la mano de un nuevo Estatut y tras la renovación del Tribunal Constitucional que, con una mayoría progresista controlada por Sánchez, verá con buenos ojos la posibilidad.

Al abordaje del Constitucional

Una vez asegurado el control de la Fiscalía, consumados los indultos y aprobado el reemplazo de la sedición por una suerte de «desórdenes públicos agravados», esta misma semana, las puertas giratorias de Sánchez escupían hacia el Constitucional a dos polémicos perfiles políticos filocatalanistas –el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que firmó el perdón a los golpistas catalanes, y la catedrática barcelonesa y exalto cargo de la Generalitat Laura Díez– en la voluntad de que tras la renovación, pendiente desde el mes de junio, sus nuevos miembros validen, sin discrepancias, una futura pregunta sobre el encaje de Cataluña en España.

Sánchez está determinado –si nada lo impide y aunque el propio Tribunal de Garantías ha frenado un primer intento de abordaje entre sus filas– a impulsar un plan que abrirá en canal la «indisoluble» unidad de la nación española, proclamada en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Ése es el horizonte a medio plazo, y a tres bandas, que desde el pasado mes de agosto manejan el PSOE, ERC y Bildu, según fuentes al tanto del acuerdo, y las conversaciones, a las que ha tenido acceso El Debate de fuentes directas implicadas en el trato.

El enlace del Poder Judicial en el nuevo Constitucional será, además, José Manuel Bandrés, candidato del ala progresista del Consejo a la renovación, por su marcado perfil procatalanista y que ya cuenta con el beneplácito tanto de la Moncloa como de sus socios de Esquerra. Al magistrado, actualmente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, se le han complicado las cosas tras el veto de la mayoría conservadora de los vocales del máximo órgano de los jueces que alberga importantes dudas sobre la «idoneidad» de un perfil tan próximo a posiciones gubernamentales para entrar a formar parte de la Corte que tendrá la misión de poner freno, precisamente, a los desmanes de Sánchez.