Las ministras Robles, Alegría y Rodríguez avalan reformar la malversación a la carta para ERC

Ha bastado que Pedro Sánchez manifieste su interés en la reforma del delito de sedición para que sus ministros y el propio PSOE salgan a manifestar públicamente su aprobación de esta posibilidad. «El Código Penal no está para resolver problemas políticos», ha manifestado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista con Telecinco, después de que ayer el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciase a los periodistas que Moncloa está dispuesta a realizar esta reforma del tipo penal de la malversación.

Para Robles, juez de carrera, la ley penal tiene, por un lado, que «responder a la realidad social del momento en que se aplica» y, por otro, «proteger el mínimo ético». «No podemos pensar que los problemas se solucionan penalizando las conductas», ha sostenido.

«Se podrá o no estar de acuerdo, pero la posición de Sánchez ha sido muy clara y con honestidad: se ha hecho desde el principio de la legislatura, y lo compartimos plenamente, una apuesta por la convivencia en Cataluña», ha abundado Robles, que ha insistido en que las cuestiones políticas se tienen que arreglar «políticamente».

La ministra ha señalado que si alguien comete un delito, «evidentemente» que tiene que ser «enjuiciado». «Y así lo hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo», ha declarado en alusión al juicio del procés, a la par que ha dicho que «no hay que olvidar» que los líderes independentistas «han pasado varios años en la cárcel».

«Línea roja»: no apoyar la «corrupción»

Ante la enmienda que presente ERC para reformar la malversación en el mismo trámite parlamentario con el que se quiere eliminar el delito de sedición, Robles ha trasladado que cualquier propuesta se tiene que «estudiar», si bien ha subrayado que el PSOE tiene la «línea roja» de no apoyar reformas que favorezcan la «corrupción».

«En ningún caso el PSOE va a apoyar ninguna enmienda que de alguna manera favorezca lo que es la corrupción, lo que todos entendemos por corrupción: el aprovechamiento, para sí o para otros; lucrarse de fondos públicos», ha expresado la ministra, que ha emplazado a «esperar» qué dice la enmienda, que todavía no se ha presentado.

Ha indicado que la regulación de la malversación en el Código Penal ha cambiado a lo largo del tiempo y hasta 2015, ha añadido, había una regulación diferente que distinguía de forma clara el enriquecimiento propio o de terceros, la que «todos» entienden «comúnmente como corrupción», respecto a otras conductas.

«El Código Penal está permanentemente en evolución», ha insistido Robles, que ha querido precisar que con esta posible reforma no se está hablando de «despenalización», porque «en ningún caso se va a aceptar» que sea impune el enriquecimiento propio o terceros.

Robles ha afirmado que «el reproche penal no puede ser el mismo para el que se enriquece para sí que otras actuaciones que en ningún caso conllevan un enriquecimiento». Y ha resaltado que el PSOE mantiene un «compromiso claro de lucha contra la corrupción».

En línea similar, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho este miércoles sobre si su partido apoyaría una enmienda para reformar el delito de malversación, que lo oportuno es esperar a que los grupos, que tienen de plazo hasta el viernes, presenten las enmiendas que consideren y que las estudiarán. No obstante, ha subrayado que, en cualquier caso, no se dará «ningún paso atrás» en la lucha contra la corrupción ni tampoco «ningún beneficio» para aquellas personas que están condenadas por corrupción.

Reforma «limitada» del delito

El expresidente de la Generalitat José Montilla, por su parte, ha avalado la posibilidad de que el Gobierno lleve a cabo una reforma limitada del delito de malversación, aunque ha pedido que no tenga «efectos colaterales indeseados».

En una entrevista en TV3, se ha mostrado partidario de la reforma si son capaces de encontrar la fórmula: «Se debe estar dispuesto y abierto a cualquier iniciativa que pueda llevar el reencuentro y el entendimiento. El tema es que no tenga efectos colaterales indeseados, que no acabe situando a los condenados por malversación por corrupción de la Gürtel en la calle».

Según Montilla, hay que explorar todas las posibilidades pero considera que hay que ir con cuidado porque «las leyes, depende cómo se hagan, tienen efectos colaterales, como se ha visto en otra ley que está situando a violadores fuera».

Tras defender que cuando se gobierna se debe hacer para todo el mundo y practicar el diálogo y la negociación, el expresidente catalán ha calificado los referéndums de «divisivos», mostrándose así contrario a un eventual referéndum de autodeterminación en Cataluña.

También ha advertido al Govern de Pere Aragonès de que es «imposible» gobernar con 33 diputados de 135, y más teniendo en cuenta que no se ha llegado ni a la mitad de la legislatura.

«Una cosa es mantenerse en el poder y otra cosa es gobernar. Será muy difícil», ha añadido Montilla, que desea que se puedan aprobar los Presupuestos en Cataluña.

Sobre si las cuentas deben contemplar el proyecto del Hard Rock, el expresidente catalán ha apuntado que es algo que defienden los socialistas y la mayoría de formaciones y representantes institucionales y sociales de Tarragona: «Es un modelo de país que se manifestó en una fotografía excelente, y el único ausente en esta fotografía era ERC».

El dialogo, «la única vía»

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que «la situación en Catalunya en los últimos tiempos muestra los beneficios del diálogo y el acuerdo en la política territorial».

Así lo ha manifestado en un artículo de opinión en el diario 'La Vanguardia' publicado este pasado martes, coincidiendo con el 44 aniversario de Constitución española de 1978.

Ha asegurado que, mientras que en 2017 «las noticias relataban la fuga de empresas», hoy se celebra en Catalunya la inversión de Volkswagen en el marco del Perte del vehículo eléctrico y la presentación de candidaturas para acoger las sedes de nuevos organismos públicos.

Ha detallado que, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, la mayoría de los catalanes en 2017 «se inclinaban por la ruptura, y hoy solo el 11% apuesta por la vía unilateral».

Para la portavoz y ministra, estos datos demuestran que «la mejora del clima social se traduce en parámetros económicos, pero también en cohesión territorial».

Ha considerado que Cataluña mira al futuro con la fortaleza de una sociedad cohesionada «dentro de la legalidad, gracias al acuerdo y al diálogo, defendiendo la convivencia como un bien esencial, y con absoluto respeto a la Constitución».

Para ella, esto es «algo que solo pueden lamentar quienes convierten al adversario político en enemigo, y con ello le privan de toda legitimación; quienes con insultos enfangan el debate parlamentario, o los que ven en la confrontación una oportunidad para obtener réditos».

Ha manifestado textualmente que, pese a todas las dificultades, actualmente se puede afirmar que «el Estado autonómico, cuatro décadas después de la aprobación de los últimos estatutos, ha llegado a la madurez y está en forma».

Ha asegurado que prueba de ello es la respuesta a la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, que según ella también «evidenció que el diálogo es la única vía para el progreso».

«Si hoy España es el país con mayor porcentaje de población vacunada del mundo, eso se debe en gran parte a que en los momentos cruciales de la pandemia las distintas administraciones actuaron de manera leal y coordinada», ha añadido.