Sánchez traga con la malversación y fabrica un nuevo delito de ingresos injustificados para cargos públicos

Suma y sigue. El asalto del Gobierno al Código Penal, para plegarse a las exigencias pactadas con sus socios de legislatura de Esquerra (ERC), tendrá una nueva variable, este viernes, en sede parlamentaria. Pedro Sánchez admitirá eliminar la malversación medial de nuestro ordenamiento –esto es, el desvío de fondos públicos para un fin diferente del inicialmente previsto que no suponga «lucro» personal de sus responsables– para indultar definitivamente el procés catalán. Y, lo hará, según ha podido saber El Debate, a cambio de introducir un nuevo tipo penal en la norma que prevé penas de un máximo de tres años de cárcel y pena accesoria de multa e inhabilitación de hasta siete para aquellos cargos y autoridades que, en el ejercicio de su mandato, se enriquezcan en más de 250.000 euros y no sean capaces de justificarlo.

Con esta vuelta de tuerca, el PSOE tratará de maquillar la rebaja que hoy perpetrará en uno de los delitos de corrupción más graves e impopulares de nuestro país. En concreto, el que en 2018 le llevó a presentar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, al hilo de una condena de una territorial de su partido por esta razón. En Moncloa saben que la mayoría de los españoles –y gran parte de su electorado– no avalan el perdón al desvío de los fondos públicos con el que, finalmente, Sánchez tragará a cambio de la paz absoluta con los de Oriol Junqueras hasta el fin de la legislatura.

De ahí que los socialistas quieran compensar el indulto total y definitivo al referéndum ilegal del 1-O –tanto en lo que se refiere al orden público como en lo relativo a la financiación irregular del mismo– que permitirá a Junqueras y otros cuatro exconsejeros catalanes condenados ante el Supremo por malversación, orquestando una fórmula alternativa que castigue a quienes utilicen sus respectivos cargos para mejorar, sin razón, su situación patrimonial. Una exigencia que, según han apuntado algunas fuentes consultadas por El Debate, se prolongará durante los cinco años inmediatamente posteriores a la pérdida de su condición.

Así las cosas, Sánchez lanzará una nueva cortina de humo para disimular la reforma, por la vía rápida, del Código Penal al dictado de los separatistas catalanes y como parte del pacto suscrito por estos con el Gobierno para validar los Presupuestos Generales ya aprobados y agotar la legislatura.

Lejos queda ya la versión oficial dada para mentalizar a la sociedad española de la necesidad de adaptar la malversación al «derecho comparado». La verdadera razón cobra, hoy, más fuerza que nunca: la conducta quedará eliminada, en su versión medial –esto es, en aquellos casos en los que el desvío de los fondos públicos se destine a un fin diferente del lucro personal del cargo o autoridad que la cometió– con el objetivo de cerrar el círculo abierto por el Ejecutivo a través del perdón parcial a los líderes del procés.

Con este nuevo horizonte que podría rebajar, hasta en cuatro, los años de cárcel previstos para aquellos casos en los que no exista lucro personal directo como resultado de dicha malversación y con la llegada del nuevo ilícito penal, Sánchez extenderá la alfombra roja para la vuelta de Oriol Junqueras y los suyos a la primera línea de la actividad política. Pero, también evitará que puedan repetirse condenas como las ya aplicadas por el Supremo a sus socios de Esquerra (ERC), incluso, en el caso de que estos, u otros miembros de la Generalitat, vuelvan a intentar una desconexión territorial de manera unilateral.

La idea de que «no se persiga a los independentistas», que los republicanos ondean como bandera, será la guinda de un pastel que el Gobierno se sentó a hornear, el pasado 27 de julio, en la mesa bilateral de negociación concebida para «desjudicializar» la hoja de ruta del separatismo catalán.