Sánchez modificará la malversación para evitar futuras condenas en un nuevo 'procés'

Al dictado de los independentistas catalanes y como parte del pacto suscrito por estos con el Gobierno para validar los Presupuestos Generales ya aprobados y agotar la legislatura, Pedro Sánchez se dispone a reformar de nuevo, por la vía rápida, el Código Penal. En esta ocasión, el delito agraciado será la malversación. La versión oficial, la necesidad de adaptarla al «derecho comparado». La verdadera razón: que la conducta quedará diluida, sino eliminada, en su versión medial –esto es, en aquellos casos en los que el desvío de los fondos públicos se destine a un fin diferente del lucro personal del cargo o autoridad que la cometió– con el objetivo de cerrar el círculo abierto por el Ejecutivo a través del indulto parcial a los líderes del 'procés'. Un nuevo horizonte que podría rebajar, hasta en cuatro, los años de cárcel previstos para aquellos casos en los que no exista lucro personal directo como resultado de dicha malversación.

Con el nuevo escenario penal, Sánchez también evitará que puedan repetirse condenas como las ya aplicadas por el Supremo a sus socios de Esquerra (ERC), incluso, en el caso de que estos, u otros miembros de la Generalitat, lo vuelvan a intentar. La idea de que «no se persiga a los independentistas», que los republicanos ondean como bandera, será la guinda de un pastel que el Gobierno se sentó a hornear, el pasado 27 de julio, en la mesa bilateral de negociación concebida para «desjudicializar» la hoja de ruta del separatismo catalán.

No en vano, y pese a que el tipo de corrupción ya fue retocado en el año 2015, en nuestro ordenamiento se mantiene actualmente recogido como un delito de apropiación indebida del patrimonio público –o de administración desleal de los bienes que lo componen– que solo puede cometerse por una autoridad o funcionario público y tiene lugar cuando se alteran las arcas de la Administración en perjuicio de sus legítimos titulares que son los contribuyentes, con independencia de si el cargo que lo comente se lo queda o no.

De ahí que Pedro Sánchez haya insistido, especialmente, en el hecho de que la tramitación parlamentaria de la reforma no significará ningún cambio en la actual lucha contra la corrupción política ni en las penas asociadas a ella. O lo que es lo mismo, ha reivindicado el papel del Gobierno en los retoques de un delito que tiene como misión satisfacer las expectativas de Esquerra (ERC) pero no a históricos socialistas como el expresidente andaluz José Antonio Griñán, pendiente de una resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla para ingresar en prisión.

Desde la Moncloa no quieren que los independentistas catalanes tengan la última palabra sobre el tema a través de las enmiendas que los de Oriol Junqueras presentarán, como máximo este viernes, al trámite de reforma del delito de sedición –y en las que, previsiblemente, incluirán varias propuestas de modificación del delito de malversación medial por el que fueron condenados los cabecillas del 'procés'– pero, tampoco que las rebajas de diciembre beneficien a Griñán y sirvan como arma arrojadiza de sus adversarios políticos para desgastarle y de buena parte de sus socios de legislatura para desacreditar la lucha contra la corrupción que el PSOE abanderó en la moción de censura de 2018 contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Así las cosas, la vía abierta por el presidente del Gobierno podría interesar, finalmente, al propio Junqueras y a sus exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolores Bassa que fueron condenados por el Supremo a un delito de sedición en concurso medial con otro de malversación, permitiéndoles su reincorporación casi inmediata a la primera línea de la política. Y es que, todos ellos tienen actualmente revocada la pena de prisión, gracias al indulto, pero no la inhabilitación –entre 9 y 13 años– resultado de la desviación de fondos públicos empleados para la acción exterior del separatismo catalán, Diplocat, y para la convocatoria del referéndum inconstitucional del 1-O por la que fueron sancionados los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Además, por sedición y malversación también están reclamados el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, ambos prófugos de la Justicia española. De manera que una eventual reforma de la segunda, tras la ya eliminada sedición, mejoraría en mucho las consecuencias penales de ambos en el supuesto de que regresasen, voluntariamente o entregados por Bélgica donde residen, a España.

Para gran parte de los altos cargos de la Generalitat, la segunda línea logística del 'procés', que participaron en la consulta ilegal de octubre de 2017, la pretendida reforma de la malversación supondría sortear el ingreso en prisión ya que, algunos de ellos, están acusados por este delito y a la espera de ser juzgados por su participación en el mismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.