El Constitucional es el único que puede frenar las reformas de Sánchez para controlar la Justicia

Como si de la famosa película de finales de los setenta Kramer contra Kramer se tratase, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, tendrá que enfrentarse a su homólogo en el Gobierno, Pedro Sánchez, en su intento por controlar, vía enmiendas y de forma exprés, los nombramientos de la cúpula judicial en nuestro país. Sólo la Corte de Garantías puede frenar las últimas reformas legales presentadas por el Ejecutivo socialista para, en contra de lo previsto en la Carta Magna, reducir la mayoría cualificada que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe concitar para renovarla. ¿Cómo? Convocando un Pleno extraordinario de urgencia que resuelva, sin demora, los dos recursos que Partido Popular y Vox ya han anunciado que presentarán en la batalla contra las injerencias de Sánchez en el Poder Judicial que «tienen aroma de ilegalidad».

Así las cosas, son varios los miembros del Constitucional que no ocultan su voluntad de no repetir los errores del pasado. No en vano, el Tribunal tuvo la ocasión de resolver antes del pasado mes de junio, cuando caducó el mandato de un tercio de sus magistrados, el doble recurso de inconstitucionalidad planteados ya entonces por los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal contra la reforma consumada por el Gobierno en marzo que –de forma exprés y sin consenso– inauguró el asalto de Sánchez al CGPJ con el veto a sus nombramientos. Aquella primera espita prendió una llama que la todavía composición conservadora de la mayoría de la Corte tuvo la oportunidad de limitar.

No en vano, el presidente Pedro González-Trevijano priorizó la discusión de otros asuntos de menor calado o de mayor antigüedad, consciente de que al Pleno le resultaría difícil asumir la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer que, guardada en un cajón, apuesta por avalar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su injerencia sobre el Consejo, según apuntaban a El Debate fuentes próximas al caso. En aquella ocasión González-Trevijano entendió que sería más razonable que el órgano se pronunciase una vez materializada su renovación. Ahora, un importante número de los suyos le instan a no permanecer inertes ante una nueva afrenta, todavía mayor que la anterior.

No en vano, la deriva reformista del Gobierno ha alcanzado tales cotas de oportunismo y discrecionalidad –tras eliminar el delito de sedición del Código Penal para contentar a sus socios de Esquerra (ERC) y apurar el maquillaje a una rebaja de la malversación medial cometida por estos durante el procés– que PSOE y Podemos se han atrevido a pactar una alteración de los mecanismos reforzados previstos en nuestro ordenamiento para reducir el número de diputados de Congreso y Senado necesarios para los nombramientos al CGPJ; y de vocales en el supuesto de las designaciones del propio Consejo al Constitucional.

Ambos socios de coalición son conscientes de que con la mera exigencia de una mayoría simple, la suma aritmética de sus representantes parlamentarios sería suficiente para hacerse con una mayoría ideológica afín a sus intereses en ambas instituciones, Tribunal y CGPJ, antes de final de año.

La reacción de PP y Vox

Para evitar que Sánchez consume con éxito su plan, adelantado por El Debate el pasado 30 de octubre, resultará imprescindible la reacción de PP y Vox interponiendo ante la propia Corte sendos recursos de inconstitucionalidad. El Tribunal en ningún caso puede promover de oficio la acción judicial reservada al presidente del Gobierno –que por razones obvias no lo hará–, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores y los Ejecutivos de las comunidades autónomas.

Ante cualquiera de los escenarios anteriores la mayoría de los miembros del Constitucional coinciden en que habría que «acelerar» los trámites para pronunciarse sobre la legalidad, o no, de las maniobras de socialistas y Podemos para controlar al Poder Judicial.

A su favor, como hace unos días, desde el propio seno del Constitucional se frustró el intento de tres de sus magistrados –Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez– para que el órgano pasase cuanto antes a una mayoría afín al Gobierno. Los tres miembros del sector progresista de la Corte fracasaban en su intento porque el todavía presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, anticipase el Pleno que debía dar el plácet a los nuevos miembros designados por Pedro Sánchez para su renovación, el exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa y de la Generalitat Laura Díez, sin esperar a los perfiles elegidos por el CGPJ.

Vista puesta en Europa

La reforma legal con la que el Gobierno reducirá la mayoría cualificada de ambas Cámaras, vigente en el artículo 122.3 de la Constitución española, quedó neutralizada por la intervención de Europa en su anterior intento de llevarla a cabo. Por una maniobra similar Polonia fue sancionada por la UE con una multa de más de un millón de euros.

Sin embargo, nuestros socios comunitarios no han sido tan contundentes en el caso de España, pese a la estrategia del principal partido de la oposición de pasar a la ofensiva en clave exterior. El Partido Popular ya anunció, la semana pasada, su intención de llevar los nombramientos de Juan Carlos Campo y Laura Díez a Europa. El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba el miércoles que «se está poniendo en riesgo el pacto y las bases constitucionales de nuestro país. Nunca jamás un Gobierno ha utilizado, desprestigiado y politizado las instituciones como lo está haciendo el Ejecutivo de Sánchez». Por este motivo, la formación está estudiando cuáles serán los pasos a dar para que Europa pueda interceder ante lo ocurrido y lo que, previsiblemente, ocurrirá si la Unión no lo remedia.

Hasta la fecha, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha quitado hierro al asunto al apuntar que no es es el único caso en una Unión Europea que no está, ni se le espera, en donde se encuentran exministros como magistrados del Tribunal Constitucional. Habrá que esperar para conocer la opinión del belga sobre esta nueva vuelta de tuerca de Pedro Sánchez sobre el Poder Judicial que ya fue frenada, por invasiva, en una primera ocasión.