El Gobierno cambiará la ley con urgencia hoy mismo para colocar a sus peones en el Constitucional

Cuanto parecía imposible superar la polémica vorágine legal en la que ha entrado el Gobierno para hacerse con el control del Poder Judicial en nuestro país –tras la reforma de la ley para bloquear los nombramientos ordinarios del Consejo General del Poder Judicial, eliminar la sedición y rebajar las penas asociadas a la malversación medial– el PSOE y Unidas Podemos presentarán hoy dos nuevas enmiendas a la reforma del Código Penal para materializar la toma de posesión de los dos nuevos miembros del Constitucional, designados la semana pasada sin esperar al CGPJ, y del máximo órgano de los jueces.

Como ya avanzó El Debate en primicia, hace algunas semanas, los planes del Ejecutivo pasan por eliminar la actual mayoría de tres quintos que debe concitar el Parlamento para la elección de los vocales de un nuevo CGPJ y, a su vez, el respaldo reforzado que el Pleno de este último debe alcanzar para designar a sus dos candidatos a magistrados al Constitucional. A partir de ahora, en ambos casos, bastará con una mayoría simple frente a la cualificada prevista en el artículo 122.3 de nuestra Carta Magna. Una modificación normativa que ya paró Europa, en su momento, y por la que Polonia fue sancionada por la UE con una multa de más de un millón de euros.

Además, y para asegurarse de que no habrá más dilaciones en el seno del gobierno de los jueces que tiene pendiente renovar la cuota de magistrados del Constitucional cuyo mandato caducó el pasado mes de junio, desde el 13 de septiembre, la modificación incluirá un nuevo texto para la ley del Poder Judicial. De esta manera, en un plazo máximo de cinco días hábiles, «los vocales del Consejo puedan proponer a la presidencia candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional», con un máximo de un candidato por cada vocal.

La maniobra permitirá a Sánchez forzar una votación exitosa en el Pleno ordinario fijado el día 22 de este mismo mes, para el perfil bendecido desde Moncloa, el magistrado procatalanista José Manuel Bandrés, que vendría a reforzar el vuelco progresista de la Corte de Garantías controlada por Sánchez, tras la incorporación de su exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exalto cargo de la Generalitat Laura Díaz a la misma. Y, todo ello, sin renunciar a la Presidencia de un viejo conocido de la izquierda judicial afín al PSOE, Cándido Conde-Pumpido que, con este atajo, verá consumada la operación diseñada tras las últimas elecciones andaluzas para ponerle al frente de la maquinaria que salvará, en los próximos meses, los recursos más polémicos contra las leyes ideológicas de Sánchez.

De esta manera el Gobierno da un paso al frente para terminar con una situación de bloqueo de la que culpa al Partido Popular tras la ruptura de las negociaciones, iniciadas en el mes de octubre, con el líder de los populares Alberto Núñez Feijóo, después de que tres semanas de conversaciones no fuesen suficientes para que Sánchez renunciase a la «insalvable» reforma del delito de sedición que exigían sus socios de Esquerra (ERC) para apoyar sus Presupuestos Generales y garantizar la continuidad de la legislatura hasta el final de la misma.

Tal y como ya adelantó El Debate, con este enésimo retoque del Código Penal, el Gobierno se evitará volver a las negociaciones con el principal partido de la oposición para intercambiar los nombres de los vocales que han de incorporarse a un CGPJ prorrogado desde hace más de cuatro años. Para no dejar ningún cabo suelto en esta ocasión, Sánchez y sus socios de Podemos han añadido una cláusula en la redacción del nuevo texto en la que se recoge expresamente que en el caso de que los vocales o el presidente del CGPJ persistan en su negativa a nombrar, incurrirán en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal».

Ante la imposibilidad de que socialistas y populares lleguen a un pacto para cualquier elección institucional, despolitizada de acuerdo con las exigencias de los estándares europeos, el ala dura del Gobierno –Podemos– ha vuelto a apoyar a Pedro Sánchez para que, entre ambos partidos, que disponen de una mayoría progresista «perfectamente viable» en la Cámara Baja para acometer la reforma que les permita designar a los perfiles necesarios para conformar un nuevo CGPJ que, a su vez, desenquiste la renovación del Tribunal Constitucional. Doble o nada.