Unidas Podemos tienta a Sánchez para que dé el golpe de gracia al CGPJ antes del jueves

Unidas Podemos está tentando a Pedro Sánchez para que aseste el golpe de gracia a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial y al PP, aprovechando la proposición de ley que el pleno del Congreso aprobará el jueves, tras una tramitación parlamentaria de solo 35 días.

El socio minoritario quiere pactar una enmienda más con el PSOE, a mayores de las que registraron de forma conjunta este viernes, para cambiar de una vez por todas la mayoría necesaria para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Es decir, desempolvar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que Sánchez ya intentó en 2020 y que acabó retirando en abril de 2021, después de ser apercibido por la Comisión Europea.

Se trata, en concreto, de sortear el artículo 567.2 de la ley orgánica, que actualmente establece que el Congreso y el Senado elegirán «por mayoría de tres quintos de sus miembros», a diez vocales del CGPJ. Cambiando esa mayoría por mayoría absoluta (176 votos), el Gobierno se aseguraría la renovación al margen de los populares.

«Queda una tarea adicional, el Consejo General del Poder Judicial, pero todavía no hemos conseguido convencer al PSOE», señaló el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, este viernes en el Congreso. Entre los socialistas hay quienes ya avalan abiertamente esa decisión drástica, empezando por su portavoz en el Congreso, Patxi López.

Tres por uno

La proposición de ley que el pasado 11 de noviembre presentaron el PSOE y Unidas Podemos de forma conjunta para derogar el delito de sedición ha acabado convirtiéndose en una herramienta para reformar de una tacada, por la vía rápida y sin control tres leyes orgánicas: el Código Penal, la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional.

Es por eso por lo que el socio minoritario del Gobierno cree que no va a haber mejor ocasión que ésta, dado que el tiempo juega en contra de la izquierda: queda un año para las elecciones generales y no pueden correr el riesgo de que la legislatura acabe con un CGPJ de mayoría conservadora como el actual, puesto que en diciembre de 2023 tal vez Sánchez tenga que abandonar la Moncloa.

Los morados creen que, una vez que arranque el nuevo año y con él la precampaña de las elecciones municipales, Sánchez no se arriesgará a dar un paso así, que ya en el pasado fue desaprobado por la UE. Pero aún confían en convencerlo en estos días de negociaciones que quedan. No obstante, desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos aclaran que no presentarán una enmienda para cambiar el sistema de elección del CGPJ si no está previamente acordada con el PSOE, porque no prosperaría. «No queremos una performance política», resumen.

Últimas horas de negociación

Este lunes se constituirá la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso en la que se discutirán las enmiendas parciales presentadas a la proposición de ley primigenia. Entre ellas, las de ERC para rebajar el delito de malversación en los casos en los que haya enriquecimiento personal ni de terceros.

Si todo va según lo previsto y hay acuerdo, el martes a las nueve de la mañana se reunirá la Comisión de Justicia para aprobar el dictamen de la ponencia. Es decir, la proposición de ley con las enmiendas que hayan pactado el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra, principalmente. La intención de los socialistas es llevarlo a debate y votación del pleno el jueves 15 de diciembre sin más dilación.

El orden del día de ese pleno ya está cerrado, pero Meritxell Batet puede hacer un quiebro al Reglamento de la Cámara Baja convocando para ese día otro pleno al término del ordinario. Sería la tercera vez que lo hace: ya lo hizo el jueves 24 de noviembre colocando con calzador un pleno extraordinario en el que se votó la toma en consideración de la reforma del Código Penal. También lo hizo el jueves 1 de diciembre con otro en el que se debatieron las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya y la CUP.

Tercera reforma desde 2021

La resistencia numantina de los vocales conservadores del CGPJ trae de cabeza a Sánchez. Ya es la tercera vez que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para intentar doblegarlos, a ellos y a los populares. En marzo de 2021 la cambió para impedir que el CGPJ hiciera nombramientos estando en funciones, como medida de presión.

En junio de 2022, cuando tocaba renovar el tercio del Constitucional que corresponde nombrar al Gobierno y al CGPJ a la vez (dos candidatos el Gobierno, dos el CGPJ), el presidente se encontró con que era víctima de su propia reforma de marzo de 2021: el CGPJ no podía nombrar a sus dos candidatos al TC. ¿Qué hizo entonces? Cambió por segunda vez la Ley Orgánica del Poder Judicial para obligar al órgano de gobierno de los jueces a designar a sus dos candidatos al Constitucional, con el 13 de septiembre como fecha límite.

Como eso tampoco funcionó, Sánchez ha utilizado la proposición de ley sobre la sedición para cercar aún más al CGPJ, modificando por tercera vez la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria en el CGPJ para elegir a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde designar: de los tres quintos actuales a mayoría absoluta. Y, de propina, una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que ya no sea necesario que el Gobierno y el CGPJ renueven su tercio a la vez. Sino que, si el CGPJ no propone a sus candidatos, como ocurre ahora, el Gobierno sí podrá actuar en solitario.