Sánchez liquida la separación de poderes en 35 días: «Ya vale de cachondeo»

El PSOE ha matado a Montesquieu por segunda vez, parafraseando a Alfonso Guerra. Nunca otro gobierno, ni siquiera uno con mayoría absoluta, se había atrevido a ir tan lejos desde que en 1985 Felipe González reformó la Ley del Poder Judicial.

La coalición del PSOE y Unidas Podemos va camino de asestar el mayor golpe a la separación de poderes en tan solo 35 días. «Ya vale de cachondeo», según fuentes del grupo parlamentario socialista. El caballo de Troya utilizado para entrar al galope en el Estado de Derecho es una proposición de ley -ni siquiera un proyecto de ley- tramitada por el procedimiento de urgencia para eludir los informes de los órganos consultivos del Estado, las comparecencias de expertos y cualquier control.

Una proposición de ley, además, enmendada en mitad del mayor puente del año para que sirva también para desbloquear con alicates la renovación del Tribunal Constitucional que quiere Pedro Sánchez. Ello forzando a los miembros del CGPJ a aceptar cuanto antes los dos candidatos propuestos por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez. Incluso amenazando con sancionarlos si se oponen.

«Como siempre se podría haber hecho mejor y con más tiempo, pero llegamos a fin de año y estos eran deberes pendientes», señaló este viernes el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. Éste llegó a afirmar que el PP no les deja otra salida. «Esta reforma es para liberar el Tribunal Constitucional del chantaje del PP. Están atrincherados, estamos ante el peor golpe a la democracia desde el 23-F», añadió. «Tenemos una justicia secuestrada y un PP fuera de toda realidad democrática», afirmó, por su parte, el portavoz del PSOE, Patxi López.

Nada más que 35 días

Solo 35 días son los que median entre el 11 de noviembre, el día en que los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso una proposición de ley para derogar el delito de sedición, y el 15 de diciembre, el día en que el pleno de la Cámara Baja aprobará la reforma del Código Penal. Y de ahí, el próximo jueves irá directa al Senado para después ser publicada en el BOE antes de fin de año.

Lo que empezó siendo una modificación del Código Penal a la carta para eliminar el delito por el que fueron condenados Oriol Junqueras y otros ocho cabecillas del procés y cambiarlo por uno de desórdenes públicos agravados ha acabado convirtiéndose en un bufet libre.

Los acontecimientos se precipitaron el martes, el Día de la Constitución, cuando el presidente del Gobierno confirmó en una conversación informal con los periodistas que los socialistas negociarían con ERC la rebaja también de la malversación. Siempre y cuando, añadió, no afectara a los procesados o condenados por corrupción. Dejó al margen a José Antonio Griñán (sin nombrarlo).

Ese día, Sánchez estuvo mucho más locuaz con los periodistas de lo que es costumbre en él, pero se calló lo más importante, el golpe maestro. Por una parte, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria en el CGPJ para elegir a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde designar: de los tres quintos actuales a mayoría absoluta. Por la otra, una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que ya no sea necesario que el Gobierno y el CGPJ renueven su tercio a la vez (dos magistrados el Ejecutivo, dos el órgano de gobierno de los jueces); sino que si el CGPJ no propone a sus candidatos, como ocurre ahora, el Gobierno sí podrá actuar en solitario.

El PSOE trabajó en estas dos reformas durante el puente y se las envió a Unidas Podemos el Día de la Inmaculada por la noche, según fuentes del socio minoritario. Los de Pablo Echenique acogieron la propuesta con entusiasmo enseguida. «Incluso llega tarde, nosotros lo habríamos hecho antes (…). Éste es un buen paso», señaló el portavoz de UP en rueda de prensa.

Echenique señaló también que ahora su grupo revisará a fondo las enmiendas de ERC para rebajar la malversación, registradas este viernes en el Congreso. Los de Junqueras plantean reducir las penas en los que no haya enriquecimiento personal o de terceros, y quieren revertir la reforma del Código Penal del PP en 2015. Para que, según Esquerra, los jueces no utilicen el delito de malversación «con finalidad política y arbitraria contra el independentismo».

Tampoco Patxi López dio por sentado que el PSOE apoyará la propuesta de ERC tal y como está planteada, pero habrá acuerdo, eso seguro. «No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal», garantizó el portavoz socialista.

El enriquecimiento ilícito

Lo que ha hecho el PSOE para desviar el foco de la malversación es presentar una enmienda a su propia proposición de ley para introducir el delito de enriquecimiento ilícito en el Código Penal; de manera que los cargos públicos que vean aumentado su patrimonio o rebajadas sus deudas sustancialmente tengan que justificarlo. «Vamos a fortalecer la lucha contra la corrupción», presumió López.

Aunque para el PP es todo lo contrario. Es «una coartada». «En 2015 se legisló para luchar contra la corrupción y fue una reforma que llevó tres años. Para reformar el Código Penal hace falta tiempo», recordó su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Ésta se encomendó a la Comisión Europea para que frene la «colonización» del Poder Judicial. Además, el PP y también Vox presentarán recursos de inconstitucionalidad. Aunque para entonces los revisará un Tribunal Constitucional de mayoría progresista o de izquierdas.