Rechazo sin precedentes del presidente del CGPJ al Pleno solicitado por los conservadores

En una decisión inédita y sin precedentes conocidos hasta la fecha, el presidente sustituto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el progresista Rafael Mozo, ha dicho «no» a la petición de Pleno extraordinario solicitado la semana pasada por la mayoría conservadora del órgano tras las últimas maniobras legales del Gobierno en su afán por forzar, ya, el control del Constitucional. Así lo han confirmado a El Debate fuentes próximas al máximo órgano de los jueces que denuncian la arbitrariedad de una posición que Mozo debería haber resuelto en sentido positivo, en el plazo de tres días hábiles a contar desde el de la solicitud, y cuya fecha debería haber quedado fijada, «como máximo este miércoles».

Lejos de cumplirse las previsiones con las que un total de nueve miembros del Consejo aspiraban a renovar el mismo antes de la entrada en vigor de la enmienda con la que Pedro Sánchez reducirá la mayoría de tres quintos de los vocales que, hasta la fecha, es necesaria para hacer efectivas las designaciones de los candidatos a la Corte de Garantías, Mozo se ha desmarcado bloqueando, a su vez, la alternativa propuesta por el sector mayoritario de la institución prorrogada desde 2018.

Según han confirmado las mismas fuentes a El Debate, Mozo se habría escudado en el margen legal previsto para pronunciarse acerca de la petición utilizando la excusa de que no era sencillo «cuadrar las agendas» de todos los miembros del órgano para fijar un encuentro, antes del ordinario previsto el próximo 22 de diciembre, a finales de esta misma semana. Sin embargo, el presidente interino se ha desmarcado sobre la posibilidad de convocar el citado Pleno «incumpliendo» así el artículo 35 del Reglamento.

La «norma es clara», señalan los expertos: el «presidente procederá a la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al mismo por cinco o más vocales del órgano. (...) El presidente convocará al Pleno del Consejo a los tres días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por su parte, consciente de las dificultades prácticas que existen sobre la mesa del CGPJ, el Gobierno ahondará en paralelo en sus maniobras para hacerse, cuanto antes, con el Tribunal Constitucional y forzar ya el vuelco de la mayoría conservadora del órgano que, a partir de la entrada en vigor de la enmienda prevista, pasará a tener un mayor número de magistrados progresistas. Los mismos que tendrán que pronunciarse en los próximos meses sobre las causas más políticas y polémicas de Sánchez.

Las reticencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), obligado a elegir a sus dos candidatos pese a la más que posible inconstitucionalidad de la maniobra legislativa de Moncloa y el nuevo galimatías en el que la decisión de Mozo coloca al órgano, han provocado que, tal y como pide Podemos -y como El Debate ya avanzó que ocurriría- Pedro Sánchez apueste por rebajar la mayoría cualificada del Congreso y dejarla en simple, para la renovación del propio Consejo a su medida. Una iniciativa que Europa frenó en 2020.