La parálisis en los nombramientos del CGPJ obliga a Sánchez a reaccionar para hacerse con el Constitucional

Una vez que Pedro Sánchez ha asegurado su continuidad en la Moncloa hasta el final de la legislatura tras consumar la eliminación del delito de sedición que le exigían sus socios separatistas catalanes de Esquerra (ERC) para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno tiene la vista puesta en la renovación del Poder Judicial –bloqueado por la negativa del Partido Popular a aceptar esta polémica reforma legal– y en la designación de los dos magistrados que han de incorporarse, a propuesta del Consejo General (CGPJ) al Constitucional. La parálisis constatada en el Pleno del órgano, que se reúne este jueves en convocatoria ordinaria, previo contacto fallido de los interlocutores designados por ambos sectores, obligará a Sánchez a reaccionar si quiere hacerse, antes de final de año, con el control de la Corte de Garantías.

La incorporación de los cuatro magistrados que habrán de reemplazar en el Constitucional a los miembros cuyo mandato caducó el pasado mes de julio, supondrá un vuelco de la sensibilidad mayoritaria de un Tribunal que tendrá que decidir, entre otras cuestiones, sobre las leyes más ideológicas de Sánchez. El Gobierno –consciente de que por el momento no hay una mayoría clara en el seno del CGPJ que se reúne este jueves y apunte a una designación rápida de dos perfiles idóneos, más allá del mero intercambio de cromos– tendrá que mover ficha.

Y, para ello, el Ejecutivo baraja dos posibles opciones con las que consumar su plan: desvelar los nombres de sus dos elegidos que, como adelantó El Debate, serán catedráticos próximos al separatismo catalán; y, modificar la ley, para reducir las mayorías parlamentarias necesarias en la elección de los vocales al CGPJ –tres quintos del Parlamento– y, con ello, reemplazar a sus miembros, a espaldas del PP, para que a su vez designen a los candidatos al Constitucional.

No sería la primera vez que Sánchez modula la ley a su antojo para lograr sus objetivos políticos. Y, pese a que Europa frenó, en su día, las aspiraciones del Gobierno de hacerse, por un atajo, con el Consejo General del Poder Judicial, fuentes próximas a la Moncloa, consultadas por El Debate, apuntan en esa dirección.

Que los doce vocales, jueces y magistrados, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se elijan por mayoría absoluta del Parlamento, en lugar de por los tres quintos que se necesitan en la actualidad, en Congreso y Senado, para que los nombres propuestos salgan adelante. El plan B del Gobierno para reactivar la renovación del máximo órgano de los jueces, tras la ruptura de las negociaciones con el Partido Popular –como consecuencia de la rebaja del delito de sedición comprometido a ERC desde el Ejecutivo– pasa por hacer efectiva la petición de Podemos, socio de Ejecutivo de Pedro Sánchez, y abordar una reforma legal que reduzca la mayoría cualificada de ambas Cámaras, vigente en el artículo 122.3 de la Constitución española.

Una modificación normativa que ya paró Europa, en su momento, y por la que Polonia fue sancionada por la UE con una multa de más de un millón de euros.