Sánchez supera otro obstáculo en su reforma exprés de la sedición y la malversación

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes la reforma que elimina el delito de sedición del Código Penal y lo convierte en uno de desórdenes públicos agravados y que rebaja a 4 años la pena máxima del de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, como acordaron ayer por la tarde el PSOE y ERC.

Con 19 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV), 17 en contra (PP, Vox, Cs, JxCat y CUP) y una abstención (EH-Bildu), la Comisión ha avalado una amplia reforma del Código Penal que afecta de lleno a los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del «procés» y por los que está procesado el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

El texto, que se votará en un pleno extraordinario el jueves para pasar al Senado y poder ser aprobado definitivamente antes de fin de año, incluye también cambios en el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando elige a los magistrados del Tribunal Constitucional para sortear el actual bloqueo.

Los socios del gobierno han aprovechado la reforma además para introducir un delito de enriquecimiento ilícito y reformar el Código Penal en relación al de desórdenes públicos y en materia laboral, al castigar con cárcel, por ejemplo, la contratación de falsos autónomos.

Varios grupos han criticado la tramitación acelerada de esta iniciativa, prácticamente sin debate, y PP, Vox y Ciudadanos han acusado al Gobierno de violar las reglas del Estado de derecho para satisfacer las exigencias de los independentistas catalanes que los sostienen en la Moncloa.

El portavoz socialista, Francisco Aranda, sin embargo, ha defendido el «ejercicio reglamentario y democrático» de su capacidad legislativa y ha recordado que el objetivo del Gobierno es «recuperar puentes rotos» en Cataluña.

Frente a quienes alertan de que la rebaja de la malversación puede dañar la lucha contra la corrupción, ha querido dejar claro que en ningún caso se despenaliza el desvío de fondos públicos.

Objetivo: la independencia

El delito de malversación se limita sin despenalizarlo, ha coincidido la portavoz de ERC, Carolina Telechea, quien ha considerado que la reforma es «positiva», aunque mantienen discrepancias en torno a la nueva regulación de los desórdenes públicos y ha recordado que su objetivo último sigue siendo la independencia.

El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha acusado al Gobierno de «tender un puente de plata a Junqueras» para que pueda ser candidato a la Generalitat y se ha mostrado convencido de que Sánchez, «cautivo» de sus alianzas, pasará a la historia «por deconstruir España y demoler el pacto de la transición».

«Es un claro y evidente golpe de Estado institucional», ha afirmado el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha denunciado además un «fraude procesal», ya que los servicios jurídicos de la Cámara alertaron, sin éxito, de que las enmiendas relativas al CGPJ y al Constitucional eran impropias de la reforma en curso.

Para Ciudadanos se trata de «uno de los más graves atentados de la historia de la democracia» y su portavoz, Edmundo Bal, ha advertido además de que beneficiará no solo a Junqueras o Puigdemont, sino también a políticos como José Antonio Griñán (PSOE), condenado por los ERE, o Jorge Fernández Díaz (PP), procesado por el caso Kitchen.

Unidas Podemos apoyó ayer tarde la rebaja de la malversación, pero este martes el presidente del grupo, Jaume Asens, no ha dicho ni una palabra sobre ese punto. En términos generales, ha dicho, la «reforma es positiva», aunque persisten «sombras» sobre el delito de desórdenes.

Desde el PNV, Mikel Legarda ha considerado que se trata de un paso en la buena dirección para desjudicializar el procés, la misma tesis de EH-Bildu, que confía todavía en mejorar la reforma, y de PDeCAT.

Sin embargo, Josep Pagès, de JxCat, ha rechazado una iniciativa que sigue considerando sedicioso el 1-O, mismo argumento de la CUP para rechazar la proposición.

En el centro de la iniciativa está la transformación del delito de sedición en uno agravado de desórdenes públicos, lo que rebaja la pena máxima de 15 a 5 años.

Con la reforma de la malversación, se mantienen las penas cuando haya ánimo de lucro, pero se crean nuevos tipos con penas inferiores cuando no hay enriquecimiento personal.

Por ejemplo, quien dé al patrimonio público, que le corresponda administrar, «una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado» será castigado con cárcel de 1 a 4 años e inhabilitación de 2 a 6 años «si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado».

Si no se produce ese daño o entorpecimiento grave, la pena será de inhabilitación para cargo público de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses. Para ERC, está claro que, con esta reforma, la organización del 1-O en ningún caso tendrá pena de cárcel.