Sánchez votó a favor de aumentar las penas para la malversación estando en la oposición

Pedro Sánchez votó a favor de una iniciativa del PSOE en el Congreso para aumentar las penas por el delito de malversación cuando era el líder de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy. Concretamente, el 14 de abril de 2015. El Debate publica el vídeo de aquella votación.

En el pleno de aquel día, bajo la Presidencia del popular Jesús Posada, se debatió y votó la toma en consideración de una proposición de ley orgánica del grupo parlamentario socialista para reformar el Código Penal en ese sentido. Eran los tiempos en que Sánchez presumía de ser azote de los corruptos.

Los socialistas proponían al Ejecutivo del PP una modificación del Código Penal que contemplara, textualmente, «el incremento de las penas de privación de libertad, de derechos o multas, sean principales o accesorias, en relación con los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos».

Pero no solo. La proposición de ley de los socialistas (puede consultarla aquí) abogaba por añadir un nuevo apartado al artículo 131 del Código Penal para que los delitos de malversación y otras corrupciones prescribieran en el mayor plazo posible.

En concreto, esta es la redacción que sugerían: «Los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en el ejercicio de su función, y urbanismo en los que estén implicados autoridades que ostenten cargo público, prescribirán en el plazo previsto para el tramo superior a la pena señalada para el delito de que se trate».

El grupo parlamentario socialista presentó esta proposición en septiembre de 2013, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba todavía lideraba la oposición. Porque «la corrupción política ataca y daña principios constitucionales básicos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Española tales como la igualdad y el pluralismo político. Es por ello por lo que corrupción y democracia son radicalmente incompatibles», justificaba entonces. Pero se debatió y votó un año y medio después, ya con Sánchez en la Secretaría General del PSOE.

Durante su defensa en la primavera de 2015, con el ahora presidente sentado en su escaño de la oposición, el diputado socialista Antoni Such afirmó: «Combatir la corrupción política requiere de actitud ante la misma, requiere compromiso y valentía para acabar con esta lacra que ataca directamente al corazón de la democracia. No se puede acabar con la corrupción mediante la connivencia, mirando hacia otro lado y cerrando los ojos. Cuando se tiene esa actitud de connivencia, es la corrupción la que acaba con todos nosotros. Y tampoco se puede combatir la corrupción mediante el perdón de los pecados».

No prosperó

La iniciativa no prosperó porque el PP hizo valer su mayoría absoluta. Los populares acababan de acometer semanas antes una reforma del Código Penal que consideraron suficiente. Durante el debate, el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna señaló: «Es una proposición de ley claramente extemporánea, es decir, la presentan el 10 de septiembre de 2013 y casi dos años después, como si aquí no hubiera ocurrido nada, sin variar una sola coma, ni un acento, presentan la misma proposición de ley a la Cámara, cuando desde entonces hasta ahora se han aprobado por esta Cámara y por el Gobierno más de 50 medidas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción».

Aunque hayan transcurrido más de siete años, aquella proposición de ley es la que ha inspirado ahora el delito de enriquecimiento que el PSOE y Unidas Podemos han pactado incorporar al Código Penal para enmascarar la rebaja de la malversación.

Ya entonces, el grupo parlamentario socialistas proponía redactar un artículo 444 bis en el Código Penal, «del enriquecimiento injusto de autoridades y funcionarios públicos»: «La autoridad o funcionario público que, sin razón jurídica que lo sustente, experimente un incremento de sus bienes o patrimonio durante el ejercicio de su cargo o responsabilidad y no pueda acreditar su procedencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa del tanto al triplo del valor dicho incremento».

En ese pleno votaron a favor de endurecer las penas por malversación otros diputados socialistas que estos días defienden con ímpetu lo contrario que entonces. Entre ellos, el ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas. También la ahora presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Y las ministras Pilar Alegría e Isabel Rodríguez, José Luis Ábalos, Odón Elorza y Felipe Sicilia, entre otros.

El contorsionismo

El Gobierno y el PSOE continúan haciendo contorsionismo, empleándose a fondo para justificar la rebaja del delito de malversación, que permitirá a Oriol Junqueras y su número dos, Marta Rovira, volver a presentarse a unas elecciones lo más pronto posible. Los socialistas cerraron los pormenores con ERC este lunes, con la intención de aprobar la reforma del Código Penal en el pleno de este jueves en el Congreso.

La portavoz del partido y también ministra de Educación, Pilar Alegría, llegó a sostener este lunes que están «endureciendo» la persecución a los corruptos al crear una nueva figura: el «desvío presupuestario irregular». Y la vicesecretaria general, María Jesús Montero, insistió: «No se despenaliza ninguna forma de malversación. Es más, el Gobierno endurece el Código Penal con un nuevo delito de corrupción, el de enriquecimiento ilícito».