El Constitucional convoca un Pleno extraordinario para decidir si suspende la reforma de Sánchez para controlarlo

El Constitucional ha reaccionado de inmediato a la petición del Partido Popular medidas cautelarísimas para frenar, antes de la votación parlamentaria que podría confirmarlas, las dos últimas enmiendas planteadas por el Gobierno para controlar la Corte de Garantías y forzar el vuelco de su mayoría a progresista. El presidente de la institución amenazada por la maniobra con la que Pedro Sánchez aspira a controlar el Tribunal, rebajando la mayoría reforzada de tres quintos para favorecer la toma de posesión inmediata de sus dos polémicos perfiles –el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de la Generalitat Laura Díez– ha convocado un Pleno urgente y extraordinario en el que decidir sobre la admisión del recurso de amparo interpuesto esta misma mañana por el PP para paralizar los trámites. El pleno se celebrará este mismo jueves.

Tal y como avanzó hace unos días El Debate, el propio Constitucional era el único competente para limitar los planes de Sánchez y –a diferencia de lo que ocurrió con el recurso todavía sin resolver sobre el bloqueo del Ejecutivo socialista a los nombramientos del CGPJ que, meses más tarde, levantaron de manera parcial e interesada para promover la renovación del tercio del mismo cuyo mandato caducó el pasado junio– en esta ocasión no le ha temblado la mano para pronunciarse.

El Tribunal Constitucional convocará, por lo tanto, un Pleno consensuado entre Pedro González Trevijano y su vicepresidente, el progresista Andrés Xiol, para decidir «con la mayor premura que requiere la situación» si admite o no a trámite el recurso que ha presentado el PP, este mismo miércoles, y en el que la formación ha solicitado paralizar de forma provisional la ejecución del acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso que permitió la tramitación de las enmiendas parciales a la proposición de ley que deroga el delito de sedición, por las que de manera exprés y unilateral, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ansía modificar el Poder Judicial.

La ponencia del asunto ha recaído, «de acuerdo con las normas sobre los turnos de asignación de las causas planteadas» ante la Corte de Garantías, en el Enrique Arnaldo, exletrado del Congreso de los Diputados y magistrado incorporado a la misma en la penúltima renovación pactada del órgano, tras un acuerdo alcanzado entre populares y socialistas. Será Arnaldo el encargado de proponer una postura a sus compañeros acerca de la decisión de la Mesa parlamentaria que, el pasado lunes 12 de diciembre, admitió las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el Gobierno, aprovechando la vorágine legislativa abierta por la proposición con la que se derogará el delito de sedición.

En dichos textos, tanto el PSOE como sus socios de coalición de Unidas Podemos propusieron alterar la mayoría reforzada que ahora requiere de, al menos, 11 votos para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al Constitucional, a una simple. De esta manera, el Ejecutivo trataba de obligar al Consejo a mover el actual bloqueo en la designación de dos perfiles, bajo amenaza de consecuencias penales. Lo cierto es que, hasta la fecha, al sector conservador le había resultado imposible concitar un consenso en el propio bloque para proponer dos candidatos adecuados a los requisitos fijados para el caso, a comienzos de septiembre incluso antes de la dimisión de Carlos Lesmes.

Además, a ello se unían las dudas sobre el candidato progresista, el también magistrado José Manuel Bandrés quien, finalmente podría quedar neutralizado si prospera la doble propuesta presentada hace unas horas por nueve vocales del Consejo que apuestan por el perfil de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el juez progresista que autorizó las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los separatistas catalanes.

Unas enmiendas con «aroma» de inconstitucionalidad

Las enmiendas que, ahora, el Constitucional se ha abierto a revisar, contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales que actualmente conforman el Consejo proponga y vote a dos candidatos, lo haga solamente sobre uno. Esta mecánica que llevará a elevar a los dos más votados como la propuesta definitiva del Poder Judicial a la Corte pero que, a juicio de los críticos, eliminará el doble control cruzado que debería asegurar la «idoneidad» de los candidatos resultantes respecto del bloque que no los presenta como propios. Un escenario que evoca un «aroma» de inconstitucionalidad según fuentes del órgano consultadas por El Debate.

No en vano, en su recurso el PP también señala el acuerdo del presidente de la Comisión de Justicia Felipe Sicilia de ayer martes, por el que se decide no convocar a la Mesa de dicha comisión para resolver la reconsideración que planteó el partido frente al acuerdo adoptado el lunes.

El movimiento del Constitucional se ha producido apenas unas horas después de que este mismo miércoles la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, anunciara en rueda de prensa que su formación había presentado un recurso de amparo por el «ataque» del Gobierno al Poder Judicial con su reforma penal y para reclamar que el Tribunal de Garantías se pronuncie sobre la materia antes del Pleno de este jueves, en el que estaba previsto que el Congreso debatiese sobre la polémica proposición de PSOE y Unidas Podemos.

Gamarra aseguraba que la tramitación de la ley que empezó derogando el delito de sedición, luego «abarató la corrupción» con el cambio en el delito de malversación y, ahora, quiere «introducir por la puerta de atrás la modificación de dos leyes orgánicas para controlar el TC», la ley del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional no puede tramitarse sin más.

El PP defiende así su decisión de presentar un recurso de amparo por las dos enmiendas que, según ha recalcado, pretenden «controlar» el TC y «cuya inconstitucionalidad es manifiesta». Esta última aseveración es la que, en las próximas horas, tendrá que dilucidar el propio Constitucional.