División de los progresistas ante la votación clave del CGPJ para nombrar sus dos magistrados al Constitucional

El escenario «está abierto» y «puede pasar cualquier cosa» en el Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se celebrará, este martes, a partir de las 17.00 horas para votar a los dos candidatos que al órgano le corresponde designar para la renovación del Constitucional. Un debate que se abordará apenas unas horas después de que la Corte de Garantías suspendiese el trámite parlamentario, ya en el Senado, de las dos enmiendas que aspiraban a modificar, vía exprés y sin debate, el sistema de elección de los candidatos al TC y el juego de las mayorías necesarias para renovarlo. Así las cosas, sobre la mesa del Consejo, la división interna en el sector progresista del máximo órgano de los jueces que, por ahora, no ha formalizado la presentación de ningún candidato concreto. Tiene la posibilidad de hacerlo hasta unos minutos antes de constituirse el cónclave.

Así las cosas, en el orden del día solo constan como candidatos los dos magistrados promovidos por el alma conservadora del Consejo: el presidente de la Sala Tercera del Supremo, el magistrado César Tolosa y el juez encargado de las autorizaciones del Alto Tribunal al CNI, Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Este último, en concreto, próximo a sensibilidades de izquierda, es una de las principales causas de la ruptura, inicial, entre los progresistas del Pleno.

Y es que, mientras el candidato oficialista que ya cuenta con el aval de Moncloa para el puesto es el también magistrado del TS José Manuel Bandrés, habría algunos miembros del sector liderado por el presidente interino, Rafael Mozo, que se inclinan por arropar a Lucas, nombre muy bien posicionado hasta hace poco en sus propias quinielas.

No en vano, con la incorporación del veterano y ponderado magistrado a su doble propuesta, los nueve vocales críticos con las últimas reformas de Pedro Sánchez que, finalmente, han quedado paralizadas cautelarísimamente por el Tribunal Constitucional, aspiran a sumar los apoyos de algunos de sus compañeros de la izquierda judicial para investir a Lucas y, con ello, concitar la mayoría de tres quintos con la que, todavía, tendrán que ser designados los candidatos resultantes de la votación de hoy. Máxime cuando, a última hora de la tarde de este lunes se conocía la inédita decisión del propio Constitucional de congelar el trámite parlamentario pendiente en el Senado antes de la entrada en vigor de la nueva modalidad de elección de magistrados del TC impuesta por el Ejecutivo socialista.

Y ello porque la reforma planteada por PSOE y Podemos, en sendas enmiendas a la proposición de ley que elimina el delito de sedición del Código Penal, cambiaría el modus operandi del Poder judicial, pasando de una mayoría de tres quintos –11 de los 18 votos en juego– a una simple de la mitad más uno. Una situación que favorecería la elección de los dos aspirantes más votados por cada bloque, sin control cruzado de ninguno de ellos, y en el caso del sector progresista asegurar la nominación de Bandrés.

Sin embargo, desbaratados los planes para que las Cortes Generales aprobasen antes de la celebración del Pleno del Consejo –denegado en un primer intento por el presidente sustituto, Rafael Mozo– el cambio de fórmula para que el órgano de los jueces votase de acuerdo a las nuevas reglas, ha quedado también neutralizada la posibilidad de posponer, una vez más, las designaciones hasta el Pleno ordinario del 22 de diciembre en el CGPJ.

Las consecuencias del freno del TC

La decisión adoptada este mismo lunes por la noche en el seno del TC, tras más de nueve horas de intensa deliberación entre sus once magistrados, podría propiciar otro intercambio de roles entre las dos corrientes del CGPJ, según ha podido saber El Debate. La decisión inédita del Constitucional podría llevar ahora al bloque conservador del Consejo a acelerar sus designaciones, mientras que serían los progresistas, laminados, los que se inclinarían por ralentizar.

Sea como sea, el problema de fondo es que el Constitucional espera desde el pasado 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la ley encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.

La incógnita de las abstenciones

Más allá de los cálculos aritméticos y de la división de opiniones entre los apoyos del sector progresista a uno de los candidatos de izquierdas propuesto por los nueve vocales conservadores, el Consejo alberga dudas sobre la participación de dos de sus miembros –las vocales Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda– en la votación final de los candidatos que habrán de elegir, una vez nombrados, al futuro presidente del órgano, el magistrado Cándido Conde-Pumpido. No hay «ninguna duda» de que Enrique Murillo de la Cueva, hermano del candidato Pablo Lucas Murillo de la Cueva, «se abstendrá» de participar en una elección en la que es evidente que tiene «un interés directo» que hace complicado materializar el necesario filtro de idoneidad, imparcialidad y objetividad del máximo órgano de los jueces para el trámite.

Por su parte, Clara Martínez de Careaga, miembro del sector progresista del CGPJ, está en cuestión por su matrimonio con el favorito de la Moncloa a liderar un futuro y eventual Constitucional Conde-Pumpido. Ante un escenario en el que «es evidente» que la candidatura del actual miembro del Constitucional se da por hecho como la única posible, su mujer «debería apartarse como vocal del Consejo en la votación de los dos magistrados» de la cuota institucional del Poder Judicial que por turno corresponde, y que se ha venido aplazando desde el pasado mes de junio.

Lo contrario provocaría un «indiscutible conflicto de intereses» entre su papel como vocal y la elección de los dos nombres que, llegado el momento, tendrán que pronunciarse sobre su marido como posible presidente. «Resultaría poco ético y muy poco estético», aseguran desde algunos sectores del ámbito jurídico consultados por El Debate.

Pero la realidad es que la abstención de los vocales del CGPJ es «un acto voluntario del concernido». Esto es, en ningún caso el Pleno del Consejo –pendiente de la convocatoria extraordinaria solicitada por nueve miembros del sector conservador del mismo– puede vetarle su facultad de participación por mucho que la mayoría entienda que está «trufada» y que tenga «un evidente interés en el tema». La única opción del máximo órgano de gobierno de los jueces, sin precedentes jurisprudenciales del Supremo que avalen otra fórmula, es la de afearle su conducta para que asuma su trascendencia y «obre en consecuencia», han apuntado a El Debate varios expertos en la materia.