El Gobierno celebra tener por fin un TC de «sensibilidad progresista» al final de la legislatura

El Gobierno ha recibido con satisfacción la noticia del desbloqueo de los dos nombramientos del CGPJ para el Tribunal Constitucional: los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y María Luisa Segoviano, esta última ya jubilada.

«Hoy es un gran día para la democracia española, para sus instituciones y para la Constitución», según fuentes del Ejecutivo. Que ha celebrado, sobre todo, que el TC vaya a cambiar finalmente de una mayoría conservadora a una progresista, precisamente lo que perseguía Pedro Sánchez desde junio.

«Con la salida del TC de los magistrados cuyo mandato había caducado, el TC quedará compuesto por siete magistrados de sensibilidad progresista y cuatro magistrados de sensibilidad conservadora», según el Gobierno. Puesto que, a las incorporaciones de Tolosa y de Segoviano, se unirán las de los dos magistrados propuestos por el Ejecutivo: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, sastre de los indultos a nueve cabecillas del 1-O, y la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez, exalto cargo de la Moncloa.

Se queda fuera José Manuel Bandrés, el candidato que proponían los vocales progresistas del CGPJ, con el respaldo de los socialistas.

El desbloqueo se ha producido tres días después de que, en su discurso de Navidad, el Rey convocara a todas las partes a un «ejercicio de responsabilidad» ante la «erosión de las instituciones» y sus riesgos para la convivencia.

«El único que falta por cumplir con la Constitución y la renovación del CGPJ es el PP. El Gobierno desea la normalización de las instituciones de nuestro país que es por lo que lleva trabajando durante los últimos cuatro años», señala el Ejecutivo. Como también que confía en que el nuevo Constitucional «recupere el prestigio, la objetividad y la credibilidad dañadas después de las insólitas decisiones adoptadas en las últimas fechas».

Este mismo martes, horas antes de la reunión que ha acabado con el bloqueo, Sánchez aclaraba que iba a mantener su plan para reformar las leyes orgánicas del CGPJ y del TC aunque hubiera acuerdo in extremis del órgano de gobierno de los jueces. Para «impedir» que en el futuro se repitan los bloqueos.

Ese plan pasa por que el PSOE y Unidas Podemos presenten una proposición de ley en el Congreso -aún no lo han hecho-. Si el bloqueo persistía, su intención era aprobarlo en enero en las Cortes por el procedimiento de lectura única, como desveló El Debate. Pero ahora ya tal vez la urgencia no sea tanta.