Sánchez utilizará el acuerdo del CGPJ para presionar a Feijóo y sentarlo a negociar

El PP ha conseguido evitar la entrada del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés en el Tribunal Constitucional y puede que también acabe frustrando la llegada a la Presidencia de Cándido Conde-Pumpido (está por ver), pero a partir de ahora habrá de estar preparado para el fuego a discreción disparado por los socialistas.

El Gobierno va a intensificar la presión sobre Alberto Núñez Feijóo para que se avenga a retomar la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial y desbloquearlo. Y lo hará exhibiendo como baza el acuerdo que los magistrados del órgano de gobierno de los jueces alcanzaron este lunes por unanimidad respecto a sus dos candidatos para el Constitucional.

De hecho, en el comunicado emitido tras resultar elegidos el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano –ambos a propuesta del bloque conservador–, la Moncloa ya anticipa sus intenciones: «Gana la democracia, pierde el bloqueo del PP», rezaba su encabezado. «El único que falta por cumplir con la Constitución y la renovación del CGPJ es el PP», es ya el nuevo eslogan del Gobierno.

En él no había esta vez reproches para los conservadores del CGPJ; a los que, durante meses, el propio Pedro Sánchez y sus ministros –del PSOE y más aún de Unidas Podemos– han acusado de trabajar a las órdenes del PP e incumplir la Constitución. Este lunes el tono del Gobierno para con ellos era muy distinto: «Hoy el CGPJ ha cumplido sus obligaciones, la ley y la Constitución».

El relato gubernamental

Según el relato gubernamental, la generosidad y la responsabilidad de cinco magistrados progresistas del CGPJ son lo que ha permitido desatascar la renovación del TC. Durante el pleno de este martes por la tarde, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez anunciaron que renunciaban a su candidato, Bandrés, por «sentido institucional».

Con o sin su ayuda, la votación podría haber salido adelante, porque dependía de un único progresista: el magistrado cercano al PNV Enrique Lucas, que en el anterior pleno se abstuvo (porque uno de los candidatos era su hermano) y esta vez estaba tentado de votar junto al bloque conservador.

Sin las instrucciones de Sánchez, los progresistas no habrían renunciado a su candidato

Sánchez no ha sido un mero espectador en el desenlace. Sin sus instrucciones, los vocales progresistas del CGPJ nunca habrían renunciado a su candidato. Y menos aún habrían votado a los del bloque conservador.

En la Moncloa consideran que esta unanimidad en la votación, buscada conscientemente, le va a poner las «excusas» aún más difíciles a Feijóo para mantener su veto a la renovación del CGPJ. Cabe recordar que los populares rompieron la negociación cuando, a finales de octubre, el presidente del Gobierno confirmó al líder de la oposición que iba a reformar el delito de sedición (luego resultó que lo derogó directamente).

Este martes, el PP emitió un comunicado mucho menos triunfalista que el del Gobierno. En él, se limitaba a calificar de «buena noticia» el acuerdo por unanimidad del pleno del CGPJ y a pedir a Sánchez que desande el camino recorrido y devuelva las competencias «hurtadas» al órgano de gobierno de los jueces. Ello en alusión a las reformas en el CGPJ impulsadas por Sánchez para que, estando en funciones, sus vocales no puedan hacer nombramientos más allá que los de los dos magistrados del Constitucional que les corresponden (lo que hicieron ayer).

Para Sánchez, este 27 de diciembre fue una jornada doblemente redonda. Porque repartió 10.000 millones de euros en el nuevo paquete anticrisis del Gobierno y porque al fin cambió la mayoría en el Constitucional. Pero sin tener que recurrir a la polémica proposición de ley que la mayoría Frankenstein iba a aprobar en enero por el procedimiento de urgencia y en lectura única. Proposición que el PSOE y Unidas Podemos aún no han presentado; aunque, según el presidente, seguirá adelante con ella a pesar del desbloqueo del TC para que, en el futuro, no se repita una situación similar.

Será un Constitucional compuesto por siete magistrados progresistas y cuatro conservadores el que decida sobre los recursos de inconstitucional presentados por el PP y Vox contra algunas de las leyes señeras del Ejecutivo: la ley Celaá, la Ley de Memoria Democrática, la reforma laboral, el ingreso mínimo penal, la reforma del Código Penal para castigar con penas de cárcel a los provida, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y la ley de eutanasia. También la ley del aborto cuando ésta esté aprobada (está en el Senado).

Y sobre todo: será un Constitucional sensible al 'conflicto catalán', que es la otra motivación del Ejecutivo. La futura magistrada Laura Díez fue hasta hace nada vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries, un órgano consultivo de la Generalitat. En el horizonte asoma, según Pere Aragonès afirmó el lunes, un referéndum pactado con el Estado. Aunque Sánchez descartó esa posibilidad en su comparecencia de fin de año.