Sánchez estrena 2023 con el CGPJ sin renovar y más de medio centenar de recursos en su contra ante el Constitucional

Desde que el año pasado el Tribunal Constitucional presidido por Pedro González-Trevijano anulase los dos estados de alarma decretados por el Gobierno socialista durante la pandemia del coronavirus, el aluvión de recursos presentados por los partidos de la oposición y por entidades de la sociedad civil contra algunas de las reformas legales más polémicas de Pedro Sánchez se convertía en un horizonte judicial de consecuencias imprevisibles.

El escenario pendiente de despejarse en los próximos meses pese a los infructuosos esfuerzos del Ejecutivo por evitarlo, a través de dos enmiendas incluidas, por la puerta de atrás, en la reforma penal de la sedición y la malversación –que la propia Corte paralizó cautelarmente– ha quedado en manos de un nuevo órgano, ya renovado tras la incorporación de cuatro nuevos magistrados y cuya Presidencia podría alejarse de los planes iniciales de Sánchez de colocar a uno de sus afines, el exfiscal general del Estado y magistrado Cándido-Conde Pumpido.

Así las cosas, ante un futuro incierto, el actual Gobierno tendrá que asumir las decisiones que los tribunales acuerden, entre otros asuntos, en sus temas más polémicos. Entre ellos, la constitucionalidad de la Ley de Memoria Democrática, de la Ley del 'sólo sí es sí' o la Ley catalana que burla la sentencia firme con la que el Supremo obliga a la Generalitat a impartir el 25% de las clases de los colegios catalanes en español.

Pero también de la polémica 'Ley Celáa', que ataca desde los mismos cimientos a la educación concertada; la Ley de plazos del aborto que sigue, doce años después, durmiendo el sueño de los justos en un cajón y que ya se ha solapado con un segundo proyecto a propuesta de Unidas Podemos; la Ley de eutanasia o del mal llamado derecho a morir; las tres decisiones unilaterales de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la posible suspensión del ingreso en la cárcel del expresidente socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por malversación y aquejado de un cáncer de diagnóstico reciente; la devolución del acta de diputado al expolítico de Podemos, Alberto Rodrígez, cuyo escaño sigue sin cubrir desde su expulsión; o, la nulidad de la decisión parlamentaria que dio luz verde a los dos parches con los que el Grupo socialista esperaba sortear, por la mínima, los trámites fijados para pasar el filtro del CGPJ y acceder al Constitucional, controlando a la mayoría de sus magistrados y asegurándose que Conde-Pumpido se hacía cargo de la maquinaria.

La crisis institucional ha ido cocinando, con más de una visita a la Moncloa, la candidatura de Don Cándido hacia la Presidencia. Sin embargo, parcialmente frustrados los cálculos de la izquierda, tras el acuerdo unánime del Consejo a la doble propuesta conservadora –con los magistrados María Luisa Segoviano y César Tolosa– sus opciones se han reducido, aunque no han desaparecido por completo.

En los últimos meses, desde que en junio de 2022 venciese el nombramiento de un tercio del Tribunal, y en especial en las últimas semanas, los plazos se habían acelerado en busca de un cónclave que, una vez conformado el nuevo y primer Pleno de este año, el próximo 10 de enero, descongelase las cuestiones más polémicas que el baile de nombres, los perfiles y las maniobras políticas han dejado en el tintero. Ha llegado el momento decisivo.

El nuevo órgano de Garantías tendrá que abordar los denodados intentos del Gobierno por debilitar estructuras de la «indisoluble» unidad de la nación que protege la Constitución para dar más autonomía a regiones como Cataluña. O retirar la inviolabilidad del Rey, como Jefe del Estado, que la Carta Magna reconoce, como excusa para retocar el título de la Corona. Desde que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, gracias a su moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, han sido varias las ocasiones en las que el socialista ha reconocido su disposición a revisar el texto constitucional y corresponde al Tribunal autorizarlo o impedirlo.

Mientras para los populares, el CGPJ ha dado «un ejemplo al Gobierno» en su designación de los dos magistrados, Tolosa y Segoviano para abordar la nada desdeñable misión que se avecina sobre los más de 50 recursos de amparo pendientes, ante la «resistencia democrática de los vocales a que el Gobierno le impusiera los magistrados que debía elegir para el TC»; para el Ejecutivo, el acuerdo del CGPJ ha pillado a algunos «con el pie cambiado» porque «llevan meses protagonizando un bloqueo para que no se produjera la renovación de órganos», en palabras de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Sin cambios en el CGPJ

Pese a que muchos confiaron en que los refuerzos del Constitucional influirían positivamente en el desbloqueo del CGPJ nada apunta a que así será ya que la negociación del Consejo es exclusivamente política entre el Gobierno y el PP (aunque, en teoría, corresponde al ámbito de los grupos parlamentarios socialista y popular).

El desbloqueo del TC sí ha aumentado la presión de los socialistas y sus terminales sobre Alberto Núñez Feijóo para que los suyos vuelvan a sentarse a negociar. En el último intento las conversaciones se truncaron, a finales de octubre, cuando Sánchez confirmó al líder de los populares que reformaría el delito de sedición que luego derogó directamente y dejó la puerta abierta a la rebaja de la malversación.

Antes de finalizar 2022, Esteban González Pons puso la condición del PP para retomar las conversaciones: que Sánchez se libere de la «esclavitud moral a la que está sometido con ERC y Bildu». La Comisión Europea ha instado en múltiples ocasiones a las partes a que renueven el CGPJ de una vez. ¿Aguantará Feijóo su veto hasta las elecciones generales? ¿Será Sánchez capaz de maniobrar para evitarlo?. Ésa es la gran incógnita de este Nuevo Año.