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Feijóo interviene en el Pleno del SenadoEuropa Press

El PP lleva al Congreso una ley para cambiar el sistema de elección del CGPJ y 'despolitizar' la Justicia

El partido de Alberto Núñez Feijóo propone que los doce vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces y magistrados

El Partido Popular ha registrado en el Congreso este martes una proposición de ley para reformar el sistema de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de manera que sean los jueces quienes elijan a los vocales de procedencia judicial, así como para elevar los requisitos para acceder a los cargos en la carrera y evitar las puertas giratorias con la política.

En su iniciativa, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo señala que el actual modelo para nombrar por parte del Parlamento a los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces no cuenta con el respaldo de la Unión Europea ni tampoco del «consenso social, jurídico o político» necesario para que se garanticen dos principios clave en las instituciones democráticas: «transparencia e independencia».

La Constitución establece en su artículo 122 que el CGPJ estará formado por el Presidente del Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De ellos, ocho serán nombrados por el Congreso y el Senado –cuatro por cada cámara, y los otros doce, elegidos entre jueces y magistrados «de todas las categorías judiciales». Para su elección, deben contar con una mayoría de tres quintos, esto es, 210 diputados en el Congreso y 150 en el Senado. Precisamente esta mayoría necesaria era la que quería cambiar el Gobierno con sus enmiendas relativas a las leyes orgánicas del Poder Judicial y el TC.

Los 'populares' plantean que los doce vocales del CGPJ sean elegidos por jueces y magistrados. Los ocho restantes seguirían siendo elegidos por las Cortes. Además, según recogen en su propuesta, no podrían aspirar a ocupar el puesto aquellos que hayan ocupado previamente un cargo electo o político en los últimos cinco años.

Asimismo, el PP propone que, en aras de fortalecer la independencia del Poder Judicial, se establezcan criterios más rigurosos y transparentes en el acceso a determinados puestos y que se dificulte el que puedan volver a la carrera judicial desde la política, para evitar las puertas giratorias.