El Gobierno congela una reforma del Registro de Delincuentes Sexuales tras la alarma del 'solo sí es sí'

El Gobierno ha decidido congelar una reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales que tenía previsto acometer para suavizar el castigo a los agresores menores de edad. Los socialistas consideran que sería del todo contraproducente, en vista de la alarma social y la indignación suscitadas por la ley del 'solo sí es sí'.

El constante goteo de delincuentes sexuales beneficiados por la norma de Irene Montero ya está provocando un profundo desgaste al Ejecutivo, como para echar más leña al fuego desde el Boletín Oficial del Estado. Desde que la norma entró en vigor, más de 120 violadores y agresores sexuales han visto reducida su condena y casi 20 han sido excarcelados. Y el reguero no cesa.

El Ministerio de Justicia tenía en su agenda de este curso aprobar, vía real decreto, una modificación del Registro Central de Antecedentes Sexuales, creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2015. Se trata de «un sistema de información –según su descripción–, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía».

Actualmente, los agresores sexuales que eran menores de edad cuando cometieron la agresión pasan 10 años inscritos en ese registro, una vez que alcanzan la mayoría de edad. Es decir, hasta los 28 años, independientemente del delito cometido. A esa edad sus antecedentes quedan borrados, siempre y cuando entre medias no hayan reincidido.

Para Justicia, «desproporcionado»

El departamento que dirige Pilar Llop considera «desproporcionado» que todos los menores tengan el mismo plazo de cancelación de antecedentes sexuales. Proponía mantener los 10 años para los supuestos más graves, «donde quedarían incluidos la práctica totalidad de los delitos con víctimas menores de edad» –aclara–, pero reducirlo en el resto de casos. Ello adoptando lo que Justicia llama una «fórmula híbrida», que tenga en cuenta la gravedad del delito y la pena impuesta.

En el caso de los agresores mayores de edad en el momento de la agresión, el tiempo de permanencia en ese registro es de 30 años en el caso de que su víctima fuera menor de edad y de 10 años si era mayor de 18. Eso quedaría exactamente igual.

Figurar en ese registro supone un estigma importante. Quien lo haga no puede ser contratado para un trabajo que implique contacto habitual con menores, ni tampoco para ningún tipo de voluntariado o prácticas. Y si el condenado se lo oculta a la empresa, se considerará un incumplimiento grave del Estatuto de los Trabajadores. Todo ello figura en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que está en vigor desde junio de 2021.

La reforma figura en el último Plan Anual Normativo

El Ministerio de Justicia llegó a incluir esta reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el último Plan Anual Normativo, que es la hoja de ruta legislativa del Gobierno. Sin embargo, hoy en día se encuentra totalmente parada y sin visos de ser reactivada.

Es un efecto colateral del desaguisado de la ley del 'solo sí es sí', que sigue trayendo de cabeza al Gobierno de coalición. Este lunes, el último agraciado fue un hombre que en el verano de 2020 violó a una prostituta de 35 años en un descampado en Zaragoza y la dejó desangrándose. Ella murió semanas después por las heridas provocadas y él fue condenado a 14 años de prisión. Ahora, la Audiencia de Zaragoza le ha rebajado la condena en tres años y nueve meses, en aplicación de la nueva ley.

A vueltas con los «retoques»

En su comparecencia de fin de año, Pedro Sánchez enfrió la posibilidad de introducir cualquier retoque a la Ley de garantía integral de la libertad sexual, a pesar de las peticiones dentro de su partido y hasta de su Consejo de Ministros. Según el presidente del Gobierno, en la revisión del caso Arandina el Tribunal Supremo ya estableció que hay que analizar «caso a caso sin que pueda hacerse una rebaja automática de la pena».

Este lunes, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, envió una carta a Irene Montero pidiendo la «inmediata revisión» de la norma, en virtud de una resolución aprobada por todos los grupos parlamentarios en las Cortes castellano-manchegas a finales de año.

Sin embargo, la ministra de Igualdad y su partido, Podemos, mantienen su tesis de que la ley está perfecta como está y no hay que cambiar nada. Precisamente quien ha intentado mediar con ella en las últimas semanas ha sido Pilar Llop, pero Montero sigue cerrándose en banda.