Sánchez «coloniza» el TC «más politizado de la democracia» para salvar sus polémicas leyes en año electoral

Por un ajustadísimo margen de seis votos frente a cinco, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán conseguían hacerse, este miércoles, con la máxima representación del Constitucional, Presidencia y Vicepresidencia, pese a que esta última lleva apenas un año en la institución. Y lo hacían, por primera vez en la historia de nuestra democracia, rompiendo una norma no escrita en el seno del Tribunal según la cual en ambos cargos clave se daba una alternancia de sensibilidades que no habrá en esta ocasión, ya que el aspirante natural a ocupar el puesto número dos en la Corte, el magistrado Ricardo Enríquez, recibía sólo cinco votos de los once que conforman el Pleno; y, lo inédito de que «un magistrado que no sea del último tercio se haga con esa posición».

Una «maniobra anómala» y «oculta» hasta el último momento «con la connivencia de Moncloa» que demuestra, a juicio de algunas fuentes consultadas por El Debate, «que se quiere todo el Poder concentrado en la mayoría» y «la irrelevancia» para el minoritario grupo conservador.

El apoyo de la magistrada de izquierda María Luisa Segoviano, recién incorporada al órgano, precisamente, a propuesta del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), resultaba determinante para decantar la balanza y ponía en marcha el funcionamiento de un órgano «fuertemente politizado» y «colonizado» por el Gobierno durante los próximos tres años. No en vano, en ese tiempo, el TC tendrá que resolver el más de medio centenar de recursos de amparo e inconstitucionalidad que pesan sobre las leyes más polémicas de Pedro Sánchez.

El resultado de la doble propuesta y el de la propia votación se convertía e una agria e «inesperada» evidencia para el sector conservador, ya que en ningún momento Ricardo Enríquez había renunciado a la Vicepresidencia de la que, saliese quien saliese elegido para presidir el Tribunal, era el titular oficioso. Sin embargo, y según ha podido saber El Debate, al término de un cónclave en el que «se votó sin más conversaciones previas» entre las dos almas del órgano, el magistrado Ramón Sáez Valcárcel –escudero de Conde-Pumpido y artífice junto a él del plan de los progresistas– justificó la situación alegando que, por su parte, no se había sentido obligado a elevar a un conservador al segundo puesto en tanto en cuanto los conservadores habían apoyado en todo momento a una progresista, en referencia a la rival de su amigo Cándido en la carrera por la Presidencia, la catedrática María Luisa Balaguer.

Por si fuera poco, el sector zurdo de la Corte ha defendido en privado la elección de Inmaculada Montalbán recurriendo al argumento de la «paridad» como sello identitario de un Tribunal que, también, aglutina «el mayor porcentaje de mujeres» que, hasta la fecha, habían coincidido como miembros del mismo. Y ello después de que la propia aspirante Balaguer declinase el ofrecimiento de Conde-Pumpido para ser su vicepresidenta, horas antes de concurrir al Pleno constituyente en el que se debía elegir a los dos puestos de representación institucional.

Así las cosas, los nombramientos de Conde-Pumpido y Montalbán auspician una etapa «tensa y complicada» en el marco de un Constitucional en el que siete de sus once miembros actuales pertenecen al bloque de la izquierda judicial, tres de ellos no ocultan su abierta afinidad con el PSOE: el nuevo presidente fue fiscal general con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Campo el ministro de Justicia que firmó los indultos de los sediciosos catalanes con el actual Ejecutivo y la catedrática procatalanista Laura Díez, exalto cargo de la Generalitat y de la Moncloa hasta dos días antes de su designación. Mientras tanto, los conservadores desconocen cuándo se cubrirá la plaza que dejó vacante en julio su compañero el magistrado Alfredo Montoya, por enfermedad grave.

Un presidente a la medida del Gobierno

El magistrado Cándido Conde-Pumpido es, ya, el presidente del órgano hasta 2025 y su papel en el día a día del órgano será crucial para el Gobierno que, desde hace meses, tejía su llegada al puesto, como quinta autoridad del Estado. Pedro Sánchez era conscientes de la importancia de que alguien de marcado perfil socialista y eminentemente voluntarista llegase a la cúspide del Tribunal ya que es función de la Presidencia decidir sobre el orden de prioridades en las causas sobre las que ha de pronunciarse, en los Plenos ordinarios que se convocan cada dos semanas. Algunas de las cuales, en los próximos meses, llegarán para avalar o desautorizar las políticas más ideológicas del Gobierno que, a golpe de decretazos, ha implantado algunas leyes muy polémicas, incluso, sin consenso entre la propia izquierda. Además, en caso de empate, la Presidencia de la Corte aplicaría su voto de calidad.

La constitucionalidad de la Ley de Memoria Democrática, de la Ley del 'sólo sí es sí' o la Ley catalana que burla la sentencia firme con la que el Supremo obliga a la Generalitat a impartir el 25% de las clases de los colegios catalanes en español, son algunas de las materias pendientes. También, la polémica 'Ley Celáa', que ataca desde los mismos cimientos a la educación concertada; la Ley de plazos del aborto que sigue, doce años después, durmiendo el sueño de los justos en un cajón y que ya se ha solapado con un segundo proyecto a propuesta de Unidas Podemos; la Ley de eutanasia o del mal llamado derecho a morir; las tres decisiones unilaterales de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la posible suspensión del ingreso en la cárcel del expresidente socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por malversación y aquejado de un cáncer de diagnóstico reciente; la devolución del acta de diputado al expolítico de Podemos, Alberto Rodrígez, cuyo escaño sigue sin cubrir desde su expulsión; o, la nulidad de la decisión parlamentaria que dio luz verde a los dos parches con los que el Grupo socialista esperaba sortear, por la mínima, los trámites fijados para pasar el filtro del CGPJ y acceder al Constitucional, controlando a la mayoría de sus magistrados y asegurándose que Conde-Pumpido se hacía cargo de la maquinaria, como finalmente ha ocurrido.

Pero, sobre todo, y por encima de todo, Sánchez quería asegurarse la llegada de Conde-Pumpido, al frente de un Tribunal de mayoría progresista y afín, como muñidor de la estrategia con la que el socialista aspira a dar encaje constitucional a la hoja de ruta del separatismo: la convocatoria de un referéndum pactado para Cataluña que llegará de la mano de un nuevo Estatut, tal y como El Debate lleva meses avanzando en exclusiva. Esto es, la Corte de Garantías renovada a la medida del Gobierno debe encontrar el encaje en la Carta Magna de lo que siempre ha considerado inconstitucional, hasta en tres ocasiones: el Plan Ibarretxe en 2008, la consulta del 9-N convocada por Artur Mas en 2014 y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.