El nuevo coladero penal del Gobierno: la malversación sigue el camino del 'solo sí es sí'

Cuando todavía no hemos tocado techo tras la escandalosa avalancha de excarcelaciones y rebajas en las condenas de los agresores sexuales de nuestro país, tras la entrada en vigor de la conocida ley del 'sólo sí es sí', una nueva reforma penal del Gobierno ha vuelto a poner el contador de beneficios penales en marcha, en este caso, con el delito de malversación. Los condenados por corrupción política han empezado a ver cómo los efectos colaterales de la enmienda con la que Esquerra (ERC) planteó el indulto encubierto al desvío de fondos del procés, se ha convertido en un coladero penal para algunos de ellos para quienes los tribunales, de oficio, han pedido a la Fiscalía la revisión de los escritos de acusación o, incluso, el sobreseimiento.

No en vano, esta misma semana, la Audiencia Nacional inauguraba el marcador con un total de seis peticiones: el caso Acuamed, por una presunta trama de financiación irregular del PSOE; cuatro piezas separadas de la Púnica, que afecta a una serie de mordidas de empresarios y cargos del Partido Popular; y, el denominado «cartel del fuego», vinculado a la contratación ilícita de servicios de extinción de incendios.

Así las cosas, la entrada en vigor de la rebaja en las penas actualmente previstas para el delito de malversación, tal y como lo conocíamos, nos sitúa ante «una nueva sangría» en la revisión de las condenas de prisión a las que «podrán acogerse retroactivamente», por ser «más beneficiosas», algunos de los presos de otras macrocausas tan mediáticas como los ERE andaluces, la trama de la Púnica o el caso Kitchen dado que los implicados en los mismos no se beneficiaron personalmente de los fondos públicos malversados. Y, cómo no, los sediciosos catalanes que encabezaron la convocatoria y celebración del referéndum inconstitucional del 1-O.

De hecho, el Supremo, tal y como adelantó El Debate en primicia, notificaba a los condenados en el juicio al procés la necesidad de pronunciarse sobre el alcance de la reforma legal que Pedro Sánchez y sus socios separatistas aprobaron en sede parlamentaria, antes de final de año, y que entraba en vigor este mismo jueves. Incluso, el magistrado instructor de la causa, el juez Pablo Llarena, reducía las acusaciones que, hasta la fecha, pesaban sobre cinco de los prófugos de la Justicia española por este mismo motivo: la retroactividad de la ley más favorable al reo.

Un escenario en el que el regreso de Carles Puigdemont a España será más 'económico' a partir de ahora, al igual que para sus compañeras Marta Rovira y Clara Ponsatí (que al desaparecer la sedición solamente estarían señaladas por desobediencia) o de sus exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.

En otros casos, la Fiscalía Anticorrupción será la encargada de adaptar sus escritos de acusación a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, en el marco de la 'Operación Kitchen', relativa al presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información sensible. Y ello, pese a que el trabajo del Departamento que dirige Alejandro Luzón estaba prácticamente «finiquitado» en lo relativo a la pieza separada número 7 del 'caso Villarejo', según ha podido saber El Debate de fuentes próximas al Ministerio Público, en espera de que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional le facilitase acceso al material completo de la investigación llevada a cabo durante estos años.