La Junta de Castilla y León no ha recibido el requerimiento del Gobierno por las medidas provida

Este domingo por la tarde, el Gobierno de Pedro Sánchez publicaba un comunicado en su cuenta de Twitter en el que amenazaba con utilizar «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición» si la Junta de Castilla y León aplicaba las medidas en defensa de la vida anunciadas por el vicepresidente Juan García-Gallardo el pasado jueves.

En dicho comunicado, el Ejecutivo central aseguraba que el Ministerio de Sanidad había enviado la tarde de ayer un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional. Sin embargo, según ha podido saber El Debate, tal requerimiento no ha llegado, ni a dicha Consejería ni a la Presidencia.

En declaraciones a los medios antes de participar en las Cortes, García-Gallardo ha insistido este lunes en que el protocolo para evitar los abortos es «de obligado cumplimiento» para los médicos, y ha señalado que desde este lunes deberán ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido fetal o ver una radiografía 4D del bebé.

Con el mencionado requirimiento, Moncloa, según señaló en la nota de prensa, exigía al Gobierno castellanoleonés que «se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo».

También, en el caso de haberse adoptado, «el cese inmediato de cualquier protocolo que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico».

Asimismo, pedía «que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual» y que se comunicara «de manera inmediata» a Sanidad «los protocolos, instrumentos comunicaciones o instrucciones escritas o verbales» a través de las que se pretenda llevar a cabo las medidas anunciadas.

Ante las amenazas, este domingo el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respondía aseverando que «no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno» y calificando como «intolerable» el «ataque» al Gobierno autonómico, un ataque, añadía, «basado en mentiras y con intención de generar alarma social».

Por su parte, Juan García-Gallardo también se pronunció al respecto, afirmando que no teme al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás», ha asegurado.