El independentismo asalta la Constitución a través del artículo 49 e impulsa una ley de amnistía

El independentismo catalán ha colado su reivindicación de una ley de amnistía en las enmiendas presentadas al proyecto de ley de reforma del artículo 49 de la Constitución.

En teoría, esta reforma impulsada por el Gobierno y actualmente en trámite parlamentario es para algo tan inocente como cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad». Pero, en la práctica, los secesionistas catalanes y vascos están aprovechando la ocasión para tratar de abrir en canal la Carta Magna. En especial, el Título Preliminar, que define a España como una monarquía parlamentaria y proclama su «indisoluble unidad»; y el Título VIII, que articula la organización territorial del Estado.

Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, ha presentado una enmienda en la que propone añadir un nuevo apartado al artículo 117 (sobre el Poder Judicial). En concreto, éste: «Por ley orgánica se regulará el ejercicio del derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía».

El independentismo nunca ha ocultado que su principal objetivo, además de un referéndum de autodeterminación, es la amnistía para todos los procesados, fugados, condenados e indultados del procés. No lo ha ocultado Junts pero tampoco Esquerra, el socio de Pedro Sánchez. El mismo día en que entró en vigor la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, el pasado 12 de enero, ERC dejó claro que ése no era el final de camino y que seguiría peleando por la amnistía. Esquerra lo llama «despenalización» de los sucesos del 1 de octubre.

En la justificación de su enmienda, Junts afirma: «La amnistía es una forma de ejercicio del derecho de gracia. Debe preverse constitucionalmente que el derecho de gracia incluye tanto el indulto como la amnistía. La necesidad del reconocimiento explícito en sede constitucional de las leyes de amnistía es imprescindible para superar una determinada interpretación de la Constitución que bloquea incluso la mera tramitación de las leyes de amnistía».

El germen

La iniciativa lleva solo la firma de Junts. Sin embargo, hunde sus raíces en una proposición de ley que Junts, ERC y también el PDeCAT y la CUP presentaron conjuntamente en el Congreso en marzo de 2021, unos meses antes de los indultos a nueve cabecillas del procés. En concreto, la denominaron proposición de ley orgánica de amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español y tenía como objetivo «amnistiar todos los actos con intencionalidad política vinculados con la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña», según sus promotores.

Esta proposición de ley fue inadmitida a trámite hasta en dos ocasiones por la Mesa del Congreso, puesto que los letrados informaron en contra. Estos alertaron de que era un despropósito, además de totalmente inconstitucional: «Por medio de la presente proposición de ley, se pretende que queden amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa, llevados a cabo desde el 1 de enero de 2013», advirtieron los letrados. Al situar el contador temporal en 2013, los separatistas pretendían extender la amnistía también a la consulta que Artur Mas convocó el 9 de noviembre de 2014.

Llueve sobre mojado porque, como ya contó El Debate, también el PNV ha utilizado el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para fines que nada tienen que ver con el respeto a las personas con discapacidad. En sus enmiendas, el grupo parlamentario de Aitor Esteban reivindica incluir el derecho de autodeterminación en la Constitución, eliminar el artículo 155, limitar la inviolabilidad del Rey a sus funciones institucionales y despojar a las Fuerzas Armadas de su función de mantener la integridad territorial.

Hasta propone mutilar el artículo 2 de la Carta Magna, que está así redactado: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Y dejarlo así: «La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones nacionalidades y regiones que integran el Estado y la solidaridad entre todas ellas».

El pie en pared del PP

El PP tiene bloqueado el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución desde mayo de 2021, primero con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo. Sin los populares no puede salir adelante, porque Sánchez necesita mayoría de tres quintos en ambas cámaras. En el PP siempre han temido que esta modificación, aparentemente bienintencionada, fuese en realidad una trampa del presidente y sus socios independentistas para iniciar una reforma mayor.

Precisamente este lunes, el Ministerio de la Presidencia informó de que el ministro Félix Bolaños se había dirigido al PP para alcanzar un acuerdo. «También se producirán contactos y conversaciones con el resto de grupos parlamentarios para pactar esta reforma constitucional», añadieron las mismas fuentes.

Las enmiendas parciales presentadas por Junts y el PNV no han ayudado a disipar las dudas del grupo parlamentario popular; más bien al contrario. Su portavoz, Cuca Gamarra, lo explica así en el texto de la enmienda a la totalidad de devolución que el PP ha presentado al proyecto de ley: «El procedimiento de reforma diseñado por la Constitución que establece en su Título X -el ordinario y el agravado- plasma la convicción de los constituyentes de la inconveniencia de emprender los intentos de revisión en épocas en las que no exista una clara normalidad institucional», comienza.

Si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual puede abocar a intentos de voladura de toda la arquitectura constitucionalCuca GamarraPortavoz del PP en el Congreso

«La inoportunidad del momento es clara y va unida a la inestabilidad de un Ejecutivo débil sometido a permanentes presiones de sus socios coyunturales para garantizar su permanencia en el poder, lo que abona la posibilidad de que si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual puede abocar a intentos de voladura de toda la arquitectura constitucional mantenida por decenios de convivencia y de progreso y bienestar para los españoles», añade. Y concluye: «Las posibilidades de abrir un proceso de reforma bien delimitado y sustentado en una amplia disposición al consenso se hace inviable».

Las enmiendas de los independentistas han indignado al CERMI y a la Plataforma del Tercer Sector, que incluye a 28.000 entidades sociales. Ambas llevan años reivindicando la reforma del artículo 49 de la Constitución. Y ambas pidieron expresamente a los grupos parlamentarios que se ciñeran a la motivación inicial, la de cambiar el término «disminuidos», pero no les han hecho caso.

De todas maneras, sea lo que sea que el PSOE negocie con sus socios sobre el artículo 49, si el PP sigue plantado no tendrán nada que hacer.