La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibió los nuevos coches el pasado 20 de diciembre aunque no tuvieran postes de carga
Tras las pistolas Ramon... llegan los coches que no arrancan y las motos que no circulan
Los coches eléctricos recién adquiridos por la Guardia Civil no tienen cargadores y las motos recién renovadas en el Seprona no recorren más de 60 km
Parecía que después del escándalo de la compra de las pistolas Ramon que ya han tenido que empezar a ser devueltas, los guardias civiles ya habían alcanzado el límite de calamidades provocadas por la Dirección General del cuerpo, pero no. La renovación de los vehículos de la Guardia Civil por coches y motos eléctricos ha resultado tan ecologista como desastrosa.
Los 380 coches eléctricos que con boato adquirió la Guardia Civil para renovar el parque automovilístico de la Benemérita permanecen bien aparcados en los cuarteles porque se adquirieron antes de que hubiera postes con los que cargar las baterías. El retraso en la solicitud de los fondos europeos con los que se pretendía adquirir cargadores para la mitad de los cuarteles en el año 2022 acarreó el retraso de la compra de dichos postes y los coches, ecológicos y relucientes, no tienen quién los cargue.
La idea era adquirir los postes de recarga en dos años, la mitad en 2022 por 4,9 millones de euros, y la otra mitad en 2023 por 4,7 millones. Pero, al no gestionar los fondos europeos con los que se iban a comprar, finalmente se compraron todos juntos en diciembre a la adjudicataria Orange por un monto total de 9,6 millones. El plazo de entrega es en septiembre.
Los agentes del Seprona necesitan motos de gran autonomía, cosa que no se da en las nuevas adquisiciones
Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, «esto es una verdadera chapuza. Los agentes aseguran que les genera miedo quedarse parados en determinadas persecuciones», apuntan. Porque más allá de la ausencia de cargadores, el vehículo no tiene gran operatividad. Y es que la autonomía de estos coches es de entre 250 y 300 kilómetros y su destino, en teoría, era para las unidades de Seguridad Ciudadana. Teniendo en cuenta que la Guardia Civil es la destinada a mantener la seguridad de las zonas rurales, no cuesta demasiado calcular que el número de localidades que se pueden recorrer con 250 kilómetros no es demasiada elevada.
Una autonomía de 63 kilómetros
Algo similar sucede con las motocicletas que a bombo y platillo adquirieron para el Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona. El modelo Zero FX, el que se ha comprado marca en su catálogo una autonomía de 146 kilómetros en ciudad, pero 63 en carretera, el medio para el que han sido adquiridas, con una velocidad punta de solo 137 kilómetros por hora. Además, recargar completamente la batería de la moto supone más de 9 horas de espera.
Con lo cual, la utilidad de estos vehículos es escasa. Como dicen desde la asociación de guardias civiles Jucil, «la Guardia Civil no podrá ayudarte, pero tranquilo, no contaminará el planeta».
La Guardia Civil se escuda en que los coches paralizados «están en proceso de distribución»
El problema es que la información de la que distintos medios de comunicación se han hecho eco se refería a los vehículos recibidos el pasado mes de diciembre, un total de 380 de los que 230 son vehículos puramente eléctricos y 150 híbridos. Respecto a los primeros, la Dirección General de la Guardia Civil asegura que «se encuentran actualmente en proceso de distribución a las unidades», es decir, no están todavía en funcionamiento a pesar de que ha pasado un mes desde que llegaron. Sobre los híbridos no hace mención alguna.
Finalmente, la Dirección General de la Guardia Civil muestra una vez más su «apuesta por la transición energética y para ello, dentro del Plan de Transformación y Resiliencia acaba de entrar en vigor un contrato, con plazo de ejecución de 9 meses, para la instalación de 1.400 puntos de recarga en toda la geografía nacional». Se trata de una apuesta de la que ya informó El Debate y que se produce después de que el contrato inicialmente previsto y que dotaría de puntos de recarga durante los años 2022 y 2023, no hubiera podido llevarse a cabo ya que no se gestionó a tiempo las ayudas europeas con las que se pretendía financiar dicho contrato.
