La ministra de Justicia del PSOE, Pilar Llop
Garrigues también dirigió la SER con PRISA en el accionariado
Llop rectifica en el último minuto y no retira por «franquista» un cuadro de Garrigues, ministro en la Transición
La aplicación de la Ley de Memoria Democrática extiende el periodo franquista hasta 1983, un año después de la primera victoria con mayoría absoluta de Felipe González
El Ministerio de Justicia finalmente ha decidido no retirar de su sede el retrato del que fuera ministro de Justicia, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, en el primer Gobierno de Carlos Arias Navarro tras la muerte de Francisco Franco. Y eso a pesar de que su retrato era uno de los incluidos inicialmente en la lista de vestigios franquistas a retirar en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
Esa lista inicial consta en una resolución de Justicia, en la que el departamento de Pilar Llop respondía a una pregunta realizada a través del Portal de Transparencia sobre el coste de la retirada de elementos y vestigios del franquismo desde que se aprobara la norma, su nueva localización y bajo la custodia de quién estaba.
Justicia explicaba que además del retrato de Garrigues, que fue embajador en EEUU y en la Santa Sede durante la época de Franco, también se habían retirado de su sede de la calle San Bernardo los retratos de otros ocho exministros, refiriendo que ostentaron ese cargo durante el periodo franquista.
Antonio Garrigues saluda al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en la Casa Blanca
«Se debió a un error»
En concreto se referían a Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno y primer ministro de Justicia de la dictadura; Esteban de Bilbao y Eguía; Eduardo Aunós Pérez; Raimundo Fernández-Cuesta Merelo; Antonio Iturmendi Bañales; Antonio Maria de Oriol y Urquijo; Francisco Ruiz Jarabo; Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate; y José María Sánchez Ventura, último ministro de Justicia de la etapa de Franco y que acreditó como Notario Mayor del Reino su muerte el 20 de noviembre de 1975.
A esos nombres, la responsable de firmar la resolución, la subsecretaria Ana Sánchez Hernández, sumó el del exministro Landelino Lavilla, si bien fuentes ministeriales han señalado que se debió a un error y que el cuadro sigue colgado en Justicia, al igual que el de Garrigues.
Esas mismas fuentes apuntan que el departamento de Llop ha sido de los abanderados en la retirada de vestigios y que se ha decidido que los cuadros de los ministros que llegaron al Ministerio tras la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 no deben ser retirados de las paredes porque aunque no ostentaron ese cargo en democracia, consideran que contribuyeron a poner los pilares de la misma.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños
Los «gestos» de Bolaños
Se da la circunstancia de que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, justificó este mismo miércoles la retirada del retrato de Garrigues porque esos «gestos» sirven para recordar que España tuvo «un periodo negro».
Dado que la pregunta al Portal de Transparencia no ponía el foco en cuándo fueron retirados, sólo ha trascendido que todos ellos permanecen almacenados en el propio Ministerio, y que su descuelgue no ha supuesto coste alguno para las arcas públicas.
La resolución también da cuenta de que, en virtud de los acuerdos adoptados en febrero de 2010 por la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de Memoria, se desmontaron también escudos preconstitucionales en edificios judiciales de Cáceres y Salamanca.
No constan los costes
Y apunta que fueron trasladados al Museo Arqueológico Provincial de Cáceres y de Salamanca, respectivamente, siendo el coste de la actuación en el edificio judicial de Salamanca de 37.503,89 euros y, en el caso de Cáceres, dado que su desmontaje se realizó dentro de una actuación conjunta en la fachada del edificio de juzgados, no consta un coste detallado del mismo.
Señala que también se han llevado a cabo actuaciones sobre elementos decorativos en la Audiencia Provincial de Badajoz, en la Audiencia Provincial de Palencia y en la Audiencia Provincial de Zamora. Pero añade que no consta información relativa al coste de su ejecución.
