La cacería a la Corona fracasó tras el archivo de todas sus causas judiciales

No hay ni una sola razón de naturaleza judicial que impida al Rey Don Juan Carlos regresar a España. No la hay desde el pasado mes de marzo de 2022, cuando el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, confirmase la inexistencia «de indicio alguno» sobre el padre del Rey Felipe VI que permitiese «dirigir reproche penal contra» él y, en consecuencia, procediese a «acordar el archivo de las diligencias de investigación» relativas a la fortuna Don Juan Carlos. En el haber del monarca, varios años de pesquisas, innumerables comisiones rogatorias a Suiza y un par de regularizaciones fiscales voluntarias del que fuera Jefe del Estado español hasta el año 2014, fecha de su abdicación. Desde entonces, y a pesar de que todas y cada una de las causas abiertas han quedado resueltas a su favor, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, el exjefe del Estado español sigue lejos de su casa.

El fracaso de las pesquisas que el Ministerio Público siguió contra Juan Carlos I, durante más de cuatro años, centradas en tres líneas perfectamente diferenciadas, puso fin a cualquier tipo de consecuencia judicial práctica para el exmonarca y, también, dejó sin oxígeno las soflamas de sus enemigos. Un trust en el paraíso fiscal de Jersey del que no ha pudo acreditarse que se hubiese beneficiado; el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de La Meca a empresas españolas, de manos de la Monarquía saudí; y, el presunto uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a las cuentas bancarias de terceros que, sin embargo, sirvió como acicate a la izquierda española para poner en duda la credibilidad de la institución.

Pese a los intentos por constatar que durante su etapa al frente de la Casa Real española, Don Juan Carlos recibió ingresos ajenos a su asignación oficial, todas las investigaciones concluyeron que su conducta no fue constitutiva de ningún tipo penal, por lo que Anticorrupción no tuvo más remedio que archivar de manera definitiva las mismas sin opción a plantear ninguna querella formal.

Ni los 65 millones de euros que recibió, en 2008, en forma de donación de la Monarquía de Arabia Saudí y que ingresó en Suiza al amparo de la Fundación Lucum, hasta que puso al frente de la cuantía a su entonces amiga, la Princesa alemana Corinna Larsen. Ni los fondos encontrados en dos trust fiscales domiciliados en la isla de Jersey –bajo los nombres de Tartessos y Hereu– de origen no conocido y que se diseñaron, en parte, para sufragar la educación de Don Juan Carlos en su época como Príncipe. Tampoco las aportaciones de 800.000 euros recibidas, entre los años 2017 y 2019, del magnate mexicano Allen Sanginés-Krause, posteriores a su abdicación, y sometidos a sendas regularizaciones fiscales, voluntarias, a favor de la Agencia Tributaria, fueron suficientes para encontrar ninguna tacha en el Monarca. No hay ninguna razón objetiva, pues, para que no pueda volver a residir en España.

Tampoco el hecho de que, a día de hoy, se mantenga parcialmente viva una reclamación civil contra Don Juan Carlos ante la Justicia británica que, recientemente, reconoció la plena inmunidad del que fuera nuestro Rey durante el tiempo anterior a su abdicación del trono, en 2014. Las acusaciones de su examiga alemana Corinna Larsen contra el exjefe del Estado y los Servicios de Inteligencia (CNI) encargados de protegerle, más allá incluso de la duración de su reinado, por un presunto acoso, difamación y seguimiento ilegal, llevado a cabo por «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» español, avivaron las ansias de quienes querían verle llegar a juicio, en este caso por «espionaje».

Larsen le reclamaba una indemnización, cuyo importe no ha llegado a trascender nunca, por los costes del supuesto tratamiento médico de salud mental que tuvo que recibir, como resultado de lo anterior. Sin embargo, la defensa del Rey apeló basándose en que las acciones en su contra podrían afectar al estatus del actual Jefe de Estado, su hijo Felipe VI, como miembro que es de la Casa Real española. Además, sus abogados afirmaron que las acciones cuestionadas por Corinna, en aquel entonces, «no pertenecían al ámbito privado», algo que también reconoció, en segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de Londres.