Apoyo sin fisuras de Aznar al proyecto de Feijóo: «Es un plan nacional antes que de partido; acierta»

Desde su investidura, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha hecho un uso partidista y sectario de las instituciones. Incapaz de distinguir Estado y Gobierno, apenas quedan parcelas indemnes a su voracidad de poder; el interés nacional y la salud del estado de Derecho han sido los principales damnificados de una forma de entender el gobierno que percibe los límites constitucionales como obstáculos enojosos.

El abuso rutinario del decreto-ley; el intento de colonización de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial; el desembarco de afines y militantes en otras: Fiscalía General del Estado, CIS, distintas sociedades públicas; la inconstitucionalidad de las situaciones de emergencia decretadas; el silenciamiento del Congreso y la perversión de su actividad y función… Solo habíamos visto el principio: luego ha venido la derogación de la sedición a petición de los sediciosos; la reforma de la malversación a medida de los corruptos; el amago –abortado por el Tribunal Constitucional– de reforma ‘exprés’ de leyes orgánicas como la del propio TC o la del Consejo General del Poder Judicial, para fabricar mayorías dóciles; la incuria exhibida cuando el activismo inane suplanta a la pericia técnica… Todas ellas, pruebas de cargo abrumadoras: no existen límites al deterioro institucional que este Gobierno está dispuesto a provocar como retribución por los anclajes que le amarran al poder.

La tarea de una oposición responsable

El ejercicio de la labor opositora excluye la confusión de responsabilidades. Liderar la oposición implica garantizar a los españoles la posibilidad de optar, de escoger. En esa tarea, el Partido Popular cuenta exclusivamente consigo mismo, con su capacidad de conservar y ganar para sus propuestas la confianza de un número creciente de españoles.

El Gobierno de coalición asimila al PP a una cabila facciosa. Si su propaganda descubre un rebelde peligroso en cualquiera que proponga una reforma es porque no soporta ninguna oposición y, en cualquier caso, la desea airada y descompuesta. Esa propaganda busca «golpistas» embozados en cada esquina. Como si la política radical que despliega el Gobierno necesitara, para justificar o esconder sus excesos, suscitar reacciones extremas.

El Gobierno de Pedro Sánchez fía su éxito al olvido ciudadanoFAES

Razón de más para que el principal partido de la oposición defienda su derecho. Todo su derecho: sin dejarse intimidar, ocupando por completo el terreno que le corresponde. Pero solo su derecho: guardándose bien de cualquier contagio fanático y ahorrándose reaccionar a cada provocación. Hay que informar, ya que se desinforma; explicar, porque se embrolla; recordar e insistir cuantas veces sea necesario, dado que el Gobierno fía su éxito al olvido ciudadano.

Un plan nacional antes que de partido

Por eso acierta Alberto Núñez Feijóo al presentar un Plan que tiene por objetivo el refuerzo de la independencia, imparcialidad y neutralidad de todas las instituciones y organismos de la Administración Pública, con el propósito de garantizar el cumplimiento objetivo de su servicio a los intereses generales. Es decir, un Plan que busca la mejor garantía de cumplimiento de lo preceptuado en el art. 103-1 de la Constitución.

Y ha sido también un acierto la elección del marco para presentarlo. Cuando se abusa tanto de la imagen en política, no es ocioso recordar que los gestos se quedan en muecas si no exteriorizan actitudes de fondo. Compareciendo en el Oratorio de San Felipe Neri, cuna de nuestro constitucionalismo histórico, el PP ha querido dar dimensión nacional y liberal a su propuesta. Ahora que se suscitan corrientes que oponen patriotismo y libertad, es oportuno evocar la auténtica tradición constitucional española que, durante más de un siglo, hizo sinónimos los términos «patriota» y «liberal».

El PP ha querido dar dimensión nacional y liberal a su propuesta, ahora que se suscitan corrientes que oponen patriotismo y libertadFAES

Otro gesto significativo ha sido la presentación del documento despojado de simbología partidista, acusando su sentido eminentemente nacional. Era lo pertinente, tratándose de propuestas para el saneamiento de un Estado devorado por la colonización sectaria. De ahí las palabras manuscritas del propio Feijóo sobre una portada sin logo, vestida con el escudo nacional: «Un gran país necesita instituciones a su altura. Aquí está mi compromiso para lograrlo y volver a ponerlas al servicio exclusivo del interés general. Este documento supone un contrato con España, pero también una herramienta contra la resignación».

Diagnóstico y terapia: 60 medidas en 100 días

Acierta también el PP en el diagnóstico de nuestra principal patología política. El documento señala con precisión el protagonismo otorgado a secesionistas y populistas que, junto con la «expansión desordenada e insaciable del poder ejecutivo», explican la «desconstitucionalización del Estado», reflejada en el deterioro evidente de cada uno de sus poderes: Legislativo (abuso del Real Decreto Ley, desprecio al procedimiento legislativo, empleo sectario de la Mesa del Congreso); Judicial (politización del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Fiscalía); y Ejecutivo (colonización de instituciones del sector público: CIS, CNI, CNMV, CNMC, INE, INDRA, RTVE). Se está ante una auténtica deriva «iliberal» y el PP cumple con su deber al denunciarla aquí y en Europa.

No se puede pasar por alto un párrafo referido a otra actitud que tampoco abunda, la de asumir errores y proponerse rectificarlos en el futuro: «Asumimos la responsabilidad de liderar esa recuperación sin huir de la autocrítica. En el pasado reciente, hubo mayorías que pospusieron reformas clave, impelidos por problemas más acuciantes. No volverá a ocurrir si los españoles nos otorgan su confianza mayoritaria».

Este «contrato con los españoles» se basa en fundamentos cuya mención se echaba de menos en el debate público españolFAES

Este «contrato con los españoles» se basa en fundamentos cuya mención se echaba de menos en el debate público español; desde la consideración de que el Gobierno debe ser el principal garante de la unidad territorial del Estado y, por tanto, «ninguna reforma del marco jurídico puede ser moneda de cambio», pasando por el respeto a los recursos financieros de los ciudadanos para atender las cargas públicas, hasta la despolitización de órganos clave o la necesidad de reformas ambiciosas en los reglamentos de Congreso y Senado, y en la propia estructura del proceso normativo.

Un somero repaso a alguna de esas sesenta medidas de regeneración institucional dibuja el perfil de un estilo de gobierno que se proyecta ajeno al reproche de confundir acción política con gestión administrativa. No estamos ante un informe tecnocrático sino ante un proyecto de futuro dotado de auténtico nervio político.

Protección del orden constitucional y de la integridad territorial

El Plan ha querido encabezar sus primeras medidas bajo este epígrafe. Y la primera de ellas resume con elocuencia el espíritu que lo recorre: «Se homologará verdaderamente la protección de la Constitución y la integridad territorial del Estado a los países de nuestro entorno, y se renunciará a que ello forme parte de la negociación política con fuerzas independentistas».

A pocos días de que el Comisario de Justicia de la Unión aclarase en el Parlamento Europeo que el tratamiento penal de la sedición es asunto de competencia «exclusivamente nacional» –desmontando la falacia sobre la necesidad de su «homologación»– es oportuno proponer otra homologación más auténtica: la de la protección del orden constitucional a los «estándares europeos». Esto sí es alinearse con los países de nuestro entorno, tal y como recordó el Tribunal Supremo en la sentencia del procés y volvió a reiterar en su informe contra los indultos, al reseñar las penas por delitos equivalentes en Alemania, Portugal, Francia o Italia.

Es oportuno proponer otra homologación más auténtica: la de la protección del orden constitucional a los «estándares europeos». Esto sí es alinearse con los países de nuestro entornoFAES

Recuperar el delito de sedición y dejar sin efecto las reformas recientes en el de malversación, así como retomar la tipificación de la convocatoria ilegal de referéndums, suprimida en 2005, será dotar al Estado del adecuado repertorio penal para proteger intereses vitales de amenazas anunciadas.

Fortalecimiento del Poder Legislativo y garantía de la calidad normativa

Los efectos deletéreos de la conocida como Ley ‘del sí es sí’ han hecho patente la urgente necesidad no solo de corregirla en profundidad, sino de acometer en serio una reforma del procedimiento legislativo. Al respecto, el Plan enumera una serie de medidas de las que nadie podrá discutir su ambición: limitar el recurso al Real Decreto Ley a casos de extrema necesidad, hacer obligatoria la rendición de cuentas en el cumplimiento de determinados mandatos, incluir en las memorias económicas de las leyes el coste estimado de toda nueva normativa, hacer obligatorios los informes técnicos también sobre proposiciones de ley, eliminar el recurso a las «enmiendas intrusas», o regular los lobbies.

Medidas de buen gobierno

El desprecio a los contrapoderes y el abuso partidista de los recursos públicos inspira otra serie de propuestas: institucionalizar un régimen de información tasada en determinados momentos entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, elaborar una pauta legal relativa a la formación de gobiernos en cuanto al número de sus componentes y asesores, evitar la celebración de actos partidistas en viajes institucionales o en que se utilicen recursos públicos (vehículos y aeronaves) o regular el traspaso de poderes para evitar fugas de información.

Garantías de máxima independencia de las instituciones

En este capítulo el Plan aspira tanto a responder a una situación de abuso manifiesto practicado por el actual Gobierno como a satisfacer una demanda recurrente de la sociedad civil y de tantas asociaciones profesionales.

El Plan aspira tanto a responder a una situación de abuso manifiesto practicado por el actual Gobierno como a satisfacer una demanda recurrente de la sociedad civil y de tantas asociaciones profesionales

Para aumentar las garantías de independencia «se impedirá que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes o miembros de estas a aquellos que hayan ocupado puestos políticos de representación o hayan sido nombrados miembros del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, titulares de Secretaría de Estado o hayan ostentado cargo orgánico en partido político u organización sindical en los últimos cinco años». Es lo que se propone para organismos como el CIS, INE, RTVE y EFE.

Respecto al Centro Nacional de Inteligencia, se incrementan esos requisitos. El secretario de Estado del área o el director del CNI «no habrá ocupado un cargo político en los cinco años previos a su nombramiento» y «deberá acreditar competencia y experiencia en los ámbitos de seguridad, defensa, relaciones internacionales y/o inteligencia».

Despolitización de organismos clave

El Plan aborda también reformas que afectan a instituciones clave como la Fiscalía General del Estado (se propone la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico), el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. Todas persiguen la despolitización y la profesionalización, reforzando la meritocracia y las convocatorias abiertas, limitando las «puertas giratorias».

En lo referido al Tribunal Constitucional se quieren regular los supuestos de inelegibilidad de candidatos y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad frente a leyes orgánicas que regulan órganos constitucionales, poderes del Estado y otras instituciones, entre otras medidas.

En lo referido al Tribunal Constitucional se quieren regular los supuestos de inelegibilidad de candidatosFAES

La independencia del Consejo General del Poder Judicial se garantiza derogando la reforma que limita sus funciones cuando entra «en prórroga» como primera medida y acometiendo –sin demora ni excusas– el cambio del modelo de nombramiento de vocales en línea con el modelo original la Constitución y en cumplimiento de las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea, que no se ha cansado de repetir en qué consisten los «estándares europeos» en la materia: los jueces eligen a los jueces y, como recordaba el comisario Reynders en la ocasión antes mencionada, «ni el Parlamento ni el Ejecutivo deben implicarse en ninguna fase del proceso».

Es significativo que haya querido reducirse todo el contenido del Plan a la mención de una sola de sus 60 medidas: aquella que para asegurar la gobernabilidad de los Ayuntamientos propone la reforma de la LOREG, de forma que pueda proclamarse alcalde o alcaldesa al candidato que haya recabado mayor número de votos.

Los comentarios que ha merecido la propuesta al conjunto de la izquierda (invitación a dimitir de la alcaldía de Madrid formulada por el Sr. Bolaños incluida) confirman dos extremos: primero, se les sigue atragantando lo de reformar una regla del juego si no es a mitad de partido y en su favor; y segundo, olvidan con demasiada frecuencia que la irretroactividad de las leyes es la regla general y recuerdan selectivamente la excepción de la ley penal más favorable. Su primera ley es la del embudo y así resulta fácil defender la impunidad de los sediciosos, minimizar la suelta de agresores sexuales o pedir la dimisión de Almeida, según el día.

Formalización de un mandato esperanzador

Con el Gobierno en manos de una coalición social-populista, la Administración viendo comprometida su neutralidad institucional, las empresas públicas colonizadas por personalidades afectas y los órganos constitucionales en la diana del apetito gubernamental, los socialistas no tienen credibilidad al presentarse como defensores del interés público amenazado por oscuros «poderes en la sombra».

El compromiso asumido, con toda solemnidad, por Alberto Núñez Feijóo es la formalización explícita de un «contrato con los españoles»FAES

Lo cierto es que ninguno de los callejones sin salida en los que han metido al país estaban anunciados ni previstos en el mapa de sus compromisos electorales. La trayectoria que hemos seguido no fue decidida por los españoles hace cuatro años. Casi siempre en contra de lo que se nos había anunciado, el verdadero «poder en la sombra» –ya muy visible– que condiciona la política de Sánchez, el de sus socios independentistas, decide en una mesa, de espaldas a la representación nacional, reformas legislativas para garantizar su impunidad; condiciona presupuestos y deforma códigos. En suma, debilita el Estado sin pedir permiso a la nación, simplemente porque en Moncloa acampa una concepción personalista y patrimonial del mando; del poder político que, en cualquier democracia liberal debe ser, por definición, limitado y revocable.

Por el contrario, el compromiso asumido, con toda solemnidad, por Alberto Núñez Feijóo, es la formalización explícita –un «contrato con los españoles», en sus palabras– de un mandato que apela a la ciudadanía y a su esperanza de limpiar de adherencias autoritarias las instituciones que la representan, el orden constitucional que alberga su convivencia y el Gobierno que orienta su rumbo colectivo.

El compromiso que el presidente del PP ha querido rubricar bajo las bóvedas que ampararon el nacimiento del régimen constitucional alberga un potencial político de tal envergadura que hace inconcebible su frustración dolosa o negligente. Corresponde a Alberto Núñez Feijóo, en igual medida, la responsabilidad de asumir reto semejante y el mérito de que en España empiece a vislumbrarse, por fin, una política con mayúsculas, a la altura de los desafíos que enfrenta la nación.