Tribunales  La huelga indefinida de letrados le estalla al Gobierno y amenaza con bloquear los juzgados

Cientos de letrados de la administración de Justicia (LAJ), los antiguos secretarios judiciales, se han manifestado este martes frente al Ministerio de Justicia en la primera jornada de la huelga indefinida con la que exigen mejoras salariales y laborales.

El 81 % de los profesionales convocados han secundado el paro, según han afirmado a Efe miembros del comité de huelga, aunque la cifra comunicada por Justicia es del 28,23 % sobre el total de letrados, incluidos aquellos que disfrutan de permisos o vacaciones.

«No cuentan bien los datos. Es un auténtico desastre», argumenta ante esta disparidad de cifras Carlos Artal, miembro de la ejecutiva de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), una de las tras asociaciones convocantes del paro junto a Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

Sin embargo, fuentes de Justicia destacan que un elevado número de letrados -cuerpo compuesto por 4.300 personas- ha pedido vacaciones o permisos coincidiendo con la huelga.

En Asturias, por ejemplo, donde según el CNLAj se han suspendido más de un centenar de juicios, hay 116 letrados de la administración de Justicia; 8 estaban hoy de baja y de comisión de servicios y otros 16 disfrutaban vacaciones o permisos.

Protesta ante el Ministerio de Justicia

Sin cifras oficiales, los convocantes de la huelga estima que se han podido suspender en esta primera jornada de paro más de 10.000 vistas en toda España.

Unas 800 personas, según cifras de las asociaciones convocantes, han marchado desde la madrileña plaza del Callao hasta la sede del ministerio dirigido por Pilar Llop, en la cercana calle de San Bernardo.

Durante su recorrido han gritado consignas como «Pilar, dimite, la justicia no te admite» y «No nos agrada; la justicia está parada», y han recibido aplausos de apoyo desde las ventanas de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, en Gran Vía.

El seguimiento de la huelga y, concretamente, la participación en la manifestación «era inimaginable», en palabras de Artal, quien ha dado «las gracias al secretario de Estado (de Justicia, Tontxu Rodríguez) por sus desafortunadas declaraciones» de ayer lunes, cuando aseguró que el paro de los LAJ tenía motivos políticos y no laborales y los acusó de hacer una huelga «contra el pueblo».

«Nos ha venido bien porque ha fomentado que compañeros que tenían dudas se hayan movilizado», ha ironizado.

También en respuesta al secretario de Estado, Patricia Gimeno, letrada de un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, ha aseverado que los huelguistas son «de distintos colores políticos» y han viajado a la marcha de Madrid desde «zonas muy diversas» de España, como Murcia, León, Salamanca o Sevilla.

Y que todos ellos tienen «un mismo propósito: que se cumplan los acuerdos» a los que llegaron con el Ministerio de Justicia el pasado mes de abril.

«No queremos que nos reconozcan nada; ya lo tenemos reconocido. Queremos que se cumplan esos acuerdos», añade Artal, y destaca que su demanda principal es que se aplique la «cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales, para que los letrados en su caso nunca cobren menos del 85 % respecto a jueces y fiscales».

Recortes

Los LAJ demandan que son muchas las nuevas funciones que se les ha ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales, y que merecen un aumento salarial por ellas.

«El Gobierno de Pedro Sánchez está muy preocupado por la Justicia de altura, no por la de la calle y del pueblo, donde se deciden los conflictos, quién se casa, quién no se casa, quién tiene razón en las relaciones laborales, la vigilancia penitenciaria, la violencia de género tan en boga tristemente hoy en día», ha argumentado Artal.

Preguntada por la huelga en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado el «esfuerzo» realizado por el Ejecutivo esta legislatura para «revertir los recortes» aplicados por pasados gobiernos en la administración de Justicia y en todas las administraciones públicas.

Rodríguez ha subrayado que se han tomado medidas para lograr una mayor estabilidad de las plantillas, atendiendo a la situación de los interinos; subir salarios y aumentar la oferta de empleo público, iniciativas que, en el caso de la administración de Justicia, se completan con las reformas legislativas que se están tramitando y que buscan mejorar la eficiencia del sector.