El TC pospone la decisión sobre las recusaciones de Vox a cuatro de sus magistrados

Los magistrados de Moncloa en el Constitucional, Juan Carlos Campo y Laura Díez han obtenido este martes el aval de sus compañeros de Pleno para desvincularse de ciertos recursos: los planteados contra la ley del 'sólo sí es sí', la reforma laboral o el reglamento de la Generalitat que sortea la obligación de impartir el 25% del español en los colegios catalanes, dado que la participación de ambos o alguno de ellos en los mismos, como cargos del Gobierno, comprometía la objetividad, la independencia y la imparcialidad con la que los jueces han de aproximarse a sus causas.

Sin embargo, el TC ha decidido posponer las recusaciones de Vox contra el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, los propios Campo y Díez y la progresista María Luisa Segoviano a un nuevo cónclave distinto del jurisdiccional celebrado esta misma mañana. En este sentido, el órgano tan sólo se ha limitado a designar a un ponente que, en la próxima convocatoria, deberá proponer una resolución a la petición de la formación política.

El encargado es el magistrado Ricardo Enríquez, aspirante natural a la vicepresidencia del órgano que quedó apartado por la maniobra con la que Conde-Pumpido elevó al cargo a una de las progresistas más recientemente incorporada al órgano. Enríquez tendrá la misión de pulsar, en primer término, la opinión de los afectados, para comprobar si están dispuestos a apartarse voluntariamente. En caso negativo, el asunto deberá llevarse un nuevo Pleno donde se decidirá bien la admisión a trámite o bien la inadmisión de plano por la que parecen inclinarse la mayoría de los magistrados.

Y es que, según fuentes conocedoras del supuesto, el hecho de que la formación de Santiago Abascal trate de cuestionar a 4 de los 11 magistrados que forman la Corte de Garantías, todos ellos del sector de la izquierda, impediría constituir legalmente el Pleno llamado a abordar el recurso contra la reforma penal que Vox cuestiona, por falta del quorum mínimo legal de 8 magistrados.

Además, en su propia doctrina, el TC ha venido considerando que las recusaciones contra sus miembros deben estar especialmente fundamentadas, ya que al tratarse de un órgano que no pertenece al Poder Judicial, no cuenta con ningún mecanismo de sustitución o reemplazo.

Cuatro magistrados, en cuestión

Así las cosas, y en espera de una decisión definitiva, Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, ha quedado apartada del asunto en el que Omnium Cultural cuestiona la decisión del propio TC de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que la Corte de Garantías revise la ley aprobada por el Govern de Pere Aragonés que eliminó la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases a los escolares en Cataluña, en castellano.

Una vez ratificada su abstención en el Pleno respecto a la impugnación de Omnium Cultural, ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, ésta se extenderá, también, previsiblemente, a la ponencia sobre los recursos de Partido Popular y Ciudadanos contra la ley catalana, que recayó sobre Díaz al heredar, por un mero criterio de edad, toda la cartera de asuntos del ya ex magistrado conservador Antonio Narváez.

La razón de la abstención de Díez es que firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma.

En cuanto a Campo, optó por no participar en las deliberaciones sobre la admisión o no a trámite del recurso de Vox contra la 'ley del solo sí es sí', a cargo de Ramón Sáez, dado que cuando el Gobierno la elaboró todavía era ministro de Justicia. También se apartó de la discusión sobre una serie de requerimientos de información relacionados con los recursos lanzados por el diputado 'popular' Alberto Casero, el PP y Vox contra la votación de la reforma laboral porque se dirigen contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, actual pareja sentimental de Campo.

Los recurrentes combaten, también, la decisión de Batet de no permitir que Casero votara presencialmente después de que emitiera un 'sí' telemáticamente, voto que fue clave para que la reforma laboral quedara aprobada el 3 de febrero de 2022, y que los letrados del Congreso de los Diputados concluyeron que se debió a un error humano, no a un fallo del sistema de votación a distancia.

Cabe recordar que, tras salir del Ministerio de Justicia y ocupar su plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Campo también tuvo que abstenerse de participar en decisiones relacionadas con causas vinculadas a partidos políticos, como las piezas del 'caso Villarejo' conocidas como 'Dina' y 'Kitchen'.

Interés «directo o indirecto»

Vox apuntó a Campo por su relación sentimental con Batet y sus anteriores cargos como ministro de Justicia y diputado socialista, al considerar que podría «tener interés directo o indirecto» por ser una ley «que sus ex compañeros del grupo parlamentario han aprobado». En relación a Díez, el partido la señaló por haber «participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito, debido a su condición de alto cargo en el Ministerio de Presidencia y ser personal de confianza del ministro Félix Bolaños».

Sobre Segoviano, mencionó sus declaraciones «mientras era magistrada emérita del Tribunal Supremo». En concreto, cuando ésta se refirió a la autodeterminación en los siguientes términos: «Ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar».

Y, en el caso del veterano Conde-Pumpido destacó su «especial vinculación con el partido de Gobierno» y por «haber sido defensor o representante de alguna de las partes o intervenir en un pleito como fiscal». No en vano, El Debate ha publicado cómo ciertas voces de toda solvencia han apuntado a la necesidad de que el jurista gallego se abstenga, por ejemplo, en el tema del aborto ya que siendo fiscal general del Estado, él mismo informó a favor de la ley «Aído» recurrida por el PP hace doce años.