Los 35 diputados independentistas podrán forzar un referéndum sobre la Constitución si el PP da un paso en falso

El ministro de la Presidencia anunció este miércoles avances en la negociación con el PP para desatascar la reforma del artículo 49 de la Constitución y cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad», que lleva en trámite parlamentario desde mayo de 2021. Pero, en realidad, en lo único que quedaron él y Cuca Gamarra fue en seguir hablando, dado que Félix Bolaños fue incapaz de ofrecer a la portavoz del PP las garantías que los populares exigen desde hace meses.

No en vano, no se fían de Pedro Sánchez y mucho menos de sus socios en Cataluña y el País Vasco. Y en este caso tienen la capacidad de veto, puesto que la reforma debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras. Así que sin el PP no sale, como con la renovación del CGPJ.

Los de Alberto Núñez Feijóo quieren que, en caso de acceder a reformar solo y exclusivamente ese artículo, el presidente del Gobierno se comprometa a que no habrá un referéndum posterior ni ningún tipo de discusión mayor sobre la Carta Magna. «Les hemos planteado que el texto tenga las garantías constitucionales», reiteró Gamarra tras el encuentro. Pero el problema es que eso escapa del control de Sánchez, porque los independentistas tienen los escaños suficientes para someter cualquier cambio en la Constitución a una consulta ciudadana. Por pequeño que sea.

El artículo 167.3 de esta última establece: «Aprobada la reforma por las Cortes Generales, deberá ser sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras». En el Congreso haría falta la firma de 35 diputados, exactamente los que suman los secesionistas y/o nacionalistas catalanes, vascos y gallegos: 13 de ERC, seis del PNV, cinco de Bildu, cuatro del PDeCAT, cuatro de Junts per Catalunya, dos de la CUP y uno del BNG.

Esa letra pequeña es algo que ya puso de manifiesto el Consejo de Estado en un dictamen cuando fue consultado por primera vez sobre un anteproyecto de reforma del artículo 49, en febrero de 2019. Ya entonces, el máximo órgano consultivo del Estado recordó que el referéndum habría de celebrarse sí o sí si lo pedía esa décima parte. Aunque Bolaños insistiera ayer en que el Ejecutivo quiere «lograr un texto pactado con el PP y con el resto de las fuerzas políticas», sin mencionar el otro detalle.

El que avisa no es traidor

Los 35 diputados están esperando a que Feijóo dé el paso, presionado por Sánchez y por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para lanzarse en tromba contra el edificio constitucional. No lo ocultan. De hecho, lo llevan meses advirtiendo. La última vez fue este mismo martes, en el pleno del Congreso. Delante de Sánchez y de los populares, el portavoz del PNV avisó de que si el Gobierno abre el «melón constitucional» será obligado «abordar el encaje nacional vasco y catalán».

En concreto, Aitor Esteban señaló: «Si ustedes abren, como lo han hecho, el melón constitucional el último año de legislatura (en alusión a la reforma del artículo 49), ésta es una ocasión obligada para poder testar su voluntad, más allá de que haya mayorías suficientes, pero es necesario empezar a poner sobre la mesa algunos asuntos sin siquiera avanzar, por lo menos debatir».

Los socios de Sánchez lo vienen avisando de viva voz y también por escrito. Durante el plazo de presentación de enmiendas parciales a este proyecto de reforma en el Congreso, que acaba de cerrarse, el PNV presentó 11 para, ya de paso: incluir el derecho de autodeterminación, eliminar el artículo 155, limitar la inviolabilidad del Rey a sus funciones institucionales y despojar a las Fuerzas Armadas de su función de mantener la integridad territorial.

En una de esas enmiendas, los de Aitor Esteban proponían mutilar el artículo 2 de la Carta Magna, que está así redactado: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Y dejarlo así: «La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones nacionalidades y regiones que integran el Estado y la solidaridad entre todas ellas».

Por su parte, Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, registró una enmienda para añadir un nuevo apartado al artículo 117 de la Constitución (sobre el Poder Judicial). Éste: «Por ley orgánica se regulará el ejercicio del derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía».

Esta enmienda procedía, a su vez, de una proposición de ley que Junts, ERC, PDeCAT y la CUP presentaron conjuntamente en el Congreso en marzo de 2021, antes de los indultos a nueve cabecillas del procés. Para «amnistiar todos los actos con intencionalidad política vinculados con la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña».

Las enmiendas de los independentistas indignaron al CERMI y a la Plataforma del Tercer Sector, los grandes impulsores de esta reforma. Porque habían pedido explícitamente a los grupos parlamentarios que se ciñeran al artículo 49, conscientes de que traspasar los límites de ese artículo sería ahuyentar al PP. Desde el CERMI se quejan de que una reivindicación «tan justa y necesaria», en la que han pretendido huir de siglas, acabe siendo utilizada políticamente.

Sus representantes se reunieron la semana pasada en el Congreso con el ministro Bolaños. En diciembre lo habían hecho con el presidente del Gobierno en la Moncloa. Y el pasado verano se vieron, asimismo, con Feijóo. La postura del PP no ha cambiado desde que Sánchez sacó el tema en la reunión que mantuvo con el líder de la oposición en la Moncloa en abril de 2022: quieren un aval.