Un Constitucional dividido avala la ley del aborto de Zapatero trece años, seis presidentes y cuatro ponentes después

La primera gran causa política del Constitucional se ha zanjado, sin unanimidad, a favor de la mayoría de izquierdas del Tribunal tras avalar íntegramente la Ley de plazos sobre la interrupción voluntaria del embarazo aprobada, en 2010, por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la coloquialmente conocida como «ley Aído». Han sido necesarios trece años de travesía, seis presidentes distintos al frente de la Corte y un total de cuatro ponentes para llegar hasta la sentencia definitiva que mantendrá vigente la polémica norma, hasta la inminente entrada en vigor del nuevo texto confeccionado por el ministerio de Igualdad de Irene Montero, que espera a recibir la validación definitiva del Congreso a lo largo de este mismo mes.

Atrás quedan los mandatos de María Emilia Casas –durante el que se registró el recurso del Partido Popular– el de Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos, Juan José González Rivas y los seis meses prorrogados de Pedro González- Trevijano. Finalmente, ha sido Cándido Conde-Pumpido, al frente de una mayoría de izquierdas tras la última y polémica renovación que ha llevado hasta la Corte a un exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a una exalto cargo de la Generalitat, Laura Díez, el que ha dado salida a favor del Gobierno a un asunto enquistado durante más de una década.

El jurista gallego, exfiscal general del Estado con el Ejecutivo detrás de la ley que ahora salva, ha encargado a su número dos, Inmaculada Montalbán –nombrada en contra de una tradición no escrita de la Corte de Garantías que apuesta por la alternancia de sensibilidades en los dos máximos puestos del escalafón– que redacte una nueva resolución para desestimar «en su totalidad» el recurso del PP.

La propuesta intermedia del magistrado Enrique Arnaldo, pese a validar el sistema de plazos como un modelo ajustado a la Carta Magna, impugnaba en varios aspectos la norma socialista y el sector zurdo estaba instalado en una «posición de máximos» que descartaba admitir cualquier tipo de tacha. Por ello, el pronunciamiento de la vicepresidenta no sólo tendrá que acoger el criterio mayoritario del órgano, tras tres días de Pleno, sino presentarlo, una vez redactado, ante un nuevo cónclave convocado para una nueva votación. Montalbán será, de hecho, la cuarta ponente que se asome al fallo del recurso presentado por el PP, tras Elisa Pérez, Andrés Ollero y el propio Enrique Arnaldo.

En concreto, el fallo que emanará del trabajo de la vicepresidenta del TC con el respaldo del bloque de izquierdas, sorteará la presunta inconstitucionalidad del artículo 17.5 de la Ley Orgánica 2/2010 que Arnaldo proponía retocar. No en vano, el último apéndice de la norma, en el que se determina que las mujeres que deciden abortar pueden acceder a documentación sobre la intervención y sus consecuencias pero siempre que lo soliciten chocaba, a juicio del ponente con la prestación suficientemente informada del consentimiento «de la mujer gestante a la práctica del aborto».

Un enfoque más feminista

Apenas unas horas después de conocerse la decisión del TC, trascendía la voluntad del presidente del órgano de emplazar, como muy tarde, al próximo mes de marzo la aprobación de la nueva ponencia ya en manos de su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán. Fuentes próximas al sector zurdo de la Corte avanzan que la resolución contará con un enfoque más feminista y centrado en el refuerzo de los derechos conquistados por las mujeres.

Es decir, la intención de la magistrada sería dotar su propuesta de tal manera que al fondo, mayoritario pero no unánime, se sume una forma adecuada a los estándares de la perspectiva de género que ponga a la mujer y su derecho a decidir sobre la maternidad en el centro de la cuestión. De esta manera se desmarcará de los principios defendidos por Enrique Arnaldo que cerraban la puerta a la idea del aborto como un derecho a proteger y que pivotaba sobre la necesaria protección del no nacido o 'nasciturus', pese a no ser titular de derechos, tal y como publicó El Debate en primicia.