Sánchez convierte el Código Penal en un artefacto político: ha reformado 102 artículos y añadido 20

La ministra de Justicia tuvo que reconocer hace unos días que, una vez que la ley del ‘solo sí es sí’ sea reformada, cohabitarán en España tres códigos penales distintos: el que rigió hasta el pasado 7 de octubre; el que entró en vigor cuando el 8 de octubre entró en vigor la ley; y el que será publicado en el BOE una vez que la proposición de ley de los socialistas pase el trámite parlamentario en las Cortes.

Es a lo que ha conducido el afán del Gobierno de Pedro Sánchez por reformar el Código Penal en vigor, el de 1995. El que, según su exposición de motivos, «ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social».

Desde que Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, los socialistas han modificado 102 artículos del Código Penal, han añadido otros 20 y han derogado íntegramente ocho. Todo en apenas cuatro años, y, lo que es más: en demasiadas ocasiones, a través de proposiciones de ley orgánica del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso (normalmente, al alimón con el de Unidas Podemos), en lugar de proyectos de ley orgánica del Consejo de Ministros. Acortando así los plazos y eludiendo los informes de los órganos consultivos del Estado.

Pero el conteo no se detendrá ahí, sino que la lista de artículos reformados, matizados, eliminados o añadidos es un constante suma y sigue. De hecho, una vez que este jueves el Congreso apruebe definitivamente la ley del aborto, sea publicada en el BOE y entre en vigor, el número ascenderá a 103: esa ley modifica a su vez el artículo 145 bis del Código Penal, eliminando el periodo de reflexión y la obligatoriedad de que la embarazada reciba información sobre prestaciones y ayudas públicas a la maternidad.

«Aquellos de mis alumnos que se compraron el Código Penal en septiembre ya lo tienen desactualizado», ironiza la profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo Ana Olalde. Y no le falta razón, porque, desde que empezó el curso, el Ejecutivo y sus socios han reformado 41 artículos, han añadido seis y han derogado ocho.

Estos últimos fueron los relativos al delito de sedición, que desapareció del ordenamiento jurídico por una proposición de ley orgánica cuya tramitación duró, exactamente, 42 días. Con el consiguiente reproche del Tribunal Supremo, que el lunes alertó de que la derogación de la sedición hará que, en el futuro, los procesos secesionistas en los que no medie violencia queden impunes.

«Populismo punitivo»

«El Código Penal debería ser el más blindado de nuestro ordenamiento jurídico, junto con la Constitución, y es el que más se tiende a politizar e instrumentalizar. Además, la mayoría de las modificaciones se hacen a través de proposiciones de ley. Y en julio», sostiene Olalde, quien reconoce que en sus clases una de las expresiones que más emplea es «populismo punitivo».

No siempre es malo reformar el Código Penal conforme van surgiendo casos que muestran algunas fallas del sistema, señala la profesora de Derecho Penal, pero sí hacerlo en caliente, matiza. Recientemente, el Código Penal ha sido modificado para castigar con penas de prisión de entre seis meses y dos años a quienes oculten el paradero del cadáver de una persona, tras lo ocurrido con el caso de Marta del Castillo, cuyos asesinos llevan 14 años sin revelar dónde están sus restos mortales.

«En España se legisla mal», opina un vocal del ala conservadora del CGPJ en conversación con El Debate. Éste pone como ejemplo lo sucedido con la ley del 'solo sí es sí', en la que el Ministerio de Igualdad –y todo el Consejo de Ministros, por elevación– ignoró las advertencias del órgano de gobierno de los jueces sobre la revisión de penas a la baja que provocaría.

La oposición se queja recurrentemente de la ligereza con la que el Gobierno toca y retoca el Código Penal, desde mucho antes del estropicio de la ley del 'solo sí es sí'. Aunque fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, en 2015, acometió la reforma más profunda del Código Penal de 1995 efectuada hasta la fecha: modificó 252 artículos y suprimió 32, pero el proceso fue muy largo: el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la súper reforma en octubre de 2012 y no entró en vigor hasta julio de 2015.

En lo que se refiere al actual Ejecutivo, en unos casos se trata de reformas para transponer directivas de la Unión Europea o legislar sobre delitos tecnológicos, como el sexting o el hackeo. Sin embargo, en otras muchas, es pura política. Por ejemplo, en 2021 Sánchez y sus socios mutilaron el artículo 315 para eliminar las penas de prisión para los piquetes violentos; que fue, a su vez, una reforma que había introducido el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Y, en cambio, un año después crearon un artículo específico, el 172 quater, para castigar con condenas de cárcel de tres meses a un año a los provida que se manifiesten o recen en las inmediaciones de las clínicas abortivas.

Por años, el último del sanchismo ha sido el de más y mayores cambios en el Código Penal, conforme la legislatura entra en su recta final. En 2022 fueron reformados 42 artículos, incorporados siete y derogados ocho a través de siete leyes orgánicas: la ley de igualdad de trato y no discriminación; la ley de trata; la ley del 'solo sí es sí'; la ley en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor; la ley contra los provida; la ley que derogó la sedición y rebajó la malversación; y una ley por la que establecieron normas para facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.

Y ya hay en ciernes una nueva reforma contra el maltrato animal, que se está tramitando a la vez que la ley de bienestar animal. De hecho, el pasado jueves ambas fueron aprobadas en el Congreso y enviadas al Senado. Su entrada en vigor supondrá la eliminación de dos artículos del Código Penal y la adición de cuatro más. Más madera.