La corrupción desborda al PSOE un mes después de que Sánchez rebajara la malversación

Desde que el pasado 12 de enero entró en vigor la rebaja del delito de malversación impulsada por el PSOE, Unidas Podemos y los independentistas, a los socialistas les han estallado sendas tramas de corrupción en dos gobiernos suyos: el de Canarias y el de Cantabria, donde gobiernan en coalición con el PRC de Miguel Ángel Revilla.

Aun así, la portavoz del Ejecutivo presumió este martes de que el PSOE es el partido de la «tolerancia cero contra la corrupción» y que lo ha demostrado una vez más con el caso Mediador. La trama que el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, afirma que desconocía por completo, pese a que uno de los centros de operaciones era la Dirección General de Ganadería de su Gobierno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez presumió de la «determinación, rotundidad y prontitud» con la que los socialistas han atajado un caso que no llamó por su nombre, sino al que se refirió como «el caso que usted mencionaba».

No solo eso, sino que además Rodríguez recriminó al PP que se encuentre tan «animoso» con el caso Mediador y tenga otra vara de medir para los que tiene en casa. Estos días ha vuelto a salir a la palestra una intervención parlamentaria del propio imputado Juan Bernardo Fuentes, entonces diputado del PSOE, en la que reprochaba a los populares: «No crea el ladrón que son todos de su condición». Se produjo en una sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso, en octubre de 2020.

La portavoz del Ejecutivo no aclaró si el Gobierno va a satisfacer las solicitudes de comparecencias cursadas por el PP en el Congreso para la vicepresidenta Nadia Calviño y los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares, con la intención de que expliquen los contratos adjudicados por la trama. Rodríguez solo señaló que este Gobierno es el que más comparece en el Parlamento. «Cuando no hay nada que ocultar, no hay tiempo que perder», zanjó.

A su lado estaba sentada la ministra de Igualdad. Irene Montero anunció una partida de 177 millones de euros a las comunidades autónomas para «la lucha contra las violencias machistas», para mejorar la prevención y atención integral a las víctimas. Sin embargo, Montero no dijo una sola palabra acerca de los socialistas que recurrían a los servicios de prostitutas en esta trama canaria.

Los socialistas insisten en que el escándalo no les pasará factura porque han actuado con suma rapidez; y aseguran que lo volverán a hacer si hay más implicados (uno de los cabecillas ha testificado que hubo una cena con 15 diputados del PSOE). En cambio, recomiendan al PP que se preocupe más por la operación Kitchen del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.