El Gobierno de Revilla adjudicó 8,8 millones a dedo a la trama desarticulada por amañar contratos

El Gobierno de Cantabria, presidido por Miguel Ángel Revilla, firmó contratos por valor de 8,8 millones de euros con el grupo de empresas implicadas en la trama de corrupción que ha desarticulado la Policía Nacional por amañar adjudicaciones públicas. Todos estos contratos fueron adjudicados evitando que fueran antes licitados en un concurso público. La mayoría de los pagos se produjeron durante la pandemia del coronavirus.

El pasado 22 de febrero, agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria irrumpieron en la sede de la Consejería de Obras Públicas cántabra tras detectar numerosas irregularidades en adjudicaciones públicas millonarias relacionadas con el servicio de mantenimiento de carreteras de la comunidad autónoma. Al acabar el registro se conoció la detención de un funcionario y de varios empresarios.

El Debate publica hoy la relación de contratos que la Consejería de Obras, en manos del partido regionalista de Revilla, adjudicó al grupo de empresarios implicados en el escándalo. Entre 2019 y 2022, el consejero José Luis Gochicoa adjudicó un total de 8.879.439,01 euros a las empresas Rucecan SL, Api Movilidad SA, la UTE conformada por Rucecan SL y Obras del Norte SA y Centro de Jardinería La Encina SL.

De los 8,8 millones de euros, la compañía que más dinero público cobró fue Rucecan, dedicada a la construcción, que obtuvo 4.709.575,77 euros en contratos. Seguidamente Api Movilidad SA, cuyo objeto social es «desarrollo de proyectos de ingeniería civil», resultó beneficiada por contratos por valor de 2.632.876,79 euros. Por último, la UTE cobró 858.654,14 euros y la cuarta empresa implicada en la trama de corrupción 678.332,31 euros.

El objeto de los contratos era de lo más variado: «estabilización de ladera natural», «reparación de daños ocasionados en una carretera», «estabilización de una plataforma», «retirada de árboles y ramas», «construcción de un muro de contención», «captación y conducción de aguas subterráneas», «desinfección de espacios exteriores», «recogida de desprendimientos varios», «refuerzo de mampostería» o «retirada de masas arbóreas y argayos», entre otros.

Todos estos contratos fueron adjudicados mediante el procedimiento de emergencia. Es decir, evitando que los encargos fueran licitados y se realizara un concurso público. El periodo de encargos que hoy desvela este periódico tuvo lugar entre los años 2019 y 2022. Muchas de estas adjudicaciones se llevaron a cabo durante la pandemia del coronavirus.

Por el momento, Revilla descarta cesar al consejero Gochicoa a pesar del cerco policial. «Cuando leamos el sumario daré una respuesta», ha declarado el presidente cántabro tras estallar el escándalo. Unas declaraciones que contrastan con las que Revilla hizo en numerosas televisiones hace varios años en las que se refería así a los casos Gürtel y ERE: «Habrá que pensar si un presidente no se ha enterado, lo cual me parecería grave. Una de dos, si no se entera no es muy capaz y si se ha enterado es un delincuente».

Tres millones en mordidas

Tal y como ha descubierto la Policía Nacional, el cabecilla de la trama Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria. Díez, que fue detenido el pasado jueves, tuvo en 2022 ingresos por valor de tres millones de euros fruto de comisiones ilegales. En el auto de ingreso en prisión sin fianza se detalla que el jefe de Carreteras tenía un salario anual de 69.000 euros y que disponía de cinco inmuebles.

Los agentes policiales también han descubierto que Díez tiene una cuenta en un banco de Luxemburgo donde constan operaciones con fondos de inversión por más de 772.000 euros. También donaciones a su mujer y a sus hijas en los cuatro últimos años por importes de 775.000 euros. El funcionario fue detenido en una operación en la que también se arrestó a otras siete personas, entre ellas dos hijas suyas y responsables de varias empresas. El jefe de Carreteras ha sido enviado a prisión como presunto autor de los delitos de prevaricación, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En el auto se detalla cómo operaba con diferentes conductas y con distintos licitadores con los que, entre otras formas de actuar, se repartían los lotos de una adjudicación, en los que solo era competitivo uno de ellos o se coordinaban la «asignación» de un lote o un expediente de licitación a un licitador, todo ello corroborado en conversaciones telefónicas grabadas.

La investigación también condujo a descubrir que la esposa del funcionario cobraba una nómina de una de las empresas implicadas a pesar de no realizar en ella actividad laboral alguna mientras que el funcionario recibía como «pago en especie» al disfrutar de un vehículo de alta gama arrendado por otra de las sociedades investigadas. A todo esto se suma que, durante el registro en la vivienda familiar, se localizaron más de medio millón de euros en efectivo y una máquina de contar dinero, una cantidad que la jueza instructora entiende «difícil de explicar» con el nivel de ingresos por su trabajo.