Fundado en 1910

Imagen del excomisario José Villarejo

Caso Tándem

El juez García-Castellón descarta que Villarejo espiara para Mutua Madrileña

El magistrado ha archivado esta pieza separada del caso Tándem

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha archivado la pieza del caso Tándem en la que investigaba un encargo de exdirectivos de Mutua Madrileña al excomisario José Villarejo, al no constar que se ejecutara ni ningún pago por ello.

El denominado Proyecto Lump, investigado en esta pieza, se refería a gestiones que habrían realizado, desde octubre de 2009, directivos de Mutua Madrileña con la finalidad de hacer frente a posibles actuaciones de José María Ramírez Pomatta, antiguo presidente de la entidad.

El informe presentado por la empresa de Villarejo, Cenyt, es de carácter preliminar y, sus contenidos proceden de fuentes abiertas, «con lo que no se aprecia, en este momento procesal, que se hayan producido accesos inconsentidos e indebidos a bases de datos de carácter restringido», señala el auto al que ha tenido acceso Efe.

El magistrado descarta por ello que se haya incurrido en un delito de revelación de secretos.

Por lo que respecta al aspecto económico, aunque el proyecto se presupuestaba en tres niveles sucesivos –de 375.000 euros, de 130.000 euros y por determinar–, tampoco consta que se llegase a realizar ningún pago.

Delito prescrito

«En este sentido, de lo actuado hasta este momento no se desprende ni la aceptación del proyecto ni ningún pago por parte de Mutua Madrileña o sus directivos», observa el magistrado.

En cuanto al delito de cohecho, la Fiscalía y el juez concluyen que estaría prescrito dado que los hechos se remontan a 2009, cuando se consigna que el investigado Benjamín García Cañón, quien por aquel entonces era director de seguridad de Mutua Madrileña, habría diferido el encargo, sin que se hubiese constatado un compromiso de aceptación por su parte.

Partiendo por tanto de que el encargo no se ejecutó, la pena sería de 1 a 2 años de cárcel, con lo que la prescripción se habría producido a los 5 años.

No obstante, el juez acuerda remitir testimonio de esta investigación a la pieza 31 del caso Villarejo, con la finalidad de que se continúe indagando acerca del «apoderamiento de los datos de María Ángeles Caruana Font de Mora», pareja del presidente de Mutua Madrileña Ignacio Garralda, «del índice único informatizado del Consejo General del Notariado, intervenidos en las oficinas de Cenyt».