La Audiencia Nacional manda a juicio a López Madrid por contratar a Villarejo para acosar a la doctora Pinto

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón manda a juicio al empresario Javier López Madrid, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo en el marco de la pieza 24 del caso Tándem, en la que se investigaba el encargo al comisario para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal con el empresario.

La decisión del juez llega en contra de lo interesado por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el archivo provisional al entender que no quedaba debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho que se les imputa a los tres. El magistrado sigue el criterio de la defensa de la doctora, que pide penas de seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo, y cuatro para Redondo.

El Ministerio Público defendía en su informe que el objeto de la pieza era indagar en el cohecho y no en el conflicto entre López Madrid y Pinto. «Se trata de hechos que no solo exceden del objeto propio de esta pieza –centrado en exclusiva en el delito de cohecho– sino porque además todas estas circunstancias ya son investigadas en los procedimientos judiciales seguidos en los Juzgados de Instrucción de Madrid, no resultando conforme a Derecho que unos mismos hechos sean investigados en dos juzgados diferentes», indicaba.

Y añadía que, aclarado este extremo, considera que «no existen indicios bastantes de su comisión –del delito de cohecho– con la solidez y contundencia suficiente como para formular escrito de acusación e instar la apertura de juicio oral». Entienden que no constan dádivas o retribuciones por parte del empresario. «En el presente caso no consta la presencia de este elemento constitutivo del tipo, lo que impide admitir indicios de la comisión de dicho delito», añade.

Por otro lado, en su auto, al que también ha tenido acceso Europa Press, el juez rechaza la petición de la defensa de Pinto de acumular en estas diligencias las realizadas en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, donde se investigaba el acoso, las amenazas y las lesiones a la doctora, para que se juzguen en la Audiencia Nacional. Señala que en el momento procesal, con la instrucción finalizada, «laminaría el derecho de defensa de los investigados, que no podrían interesar diligencias de investigación al respecto».

El relato de los hechos

En su auto, el magistrado recuerda el relato de hechos, y apunta que todo arranca en septiembre de 2013 cuando López Madrid contrató a Villarejo, «comisario en activo», para que «le ayudase a finalizar un asunto personal en relación con María Elisa Pinto. En diciembre de 2013, el empresario acudió a la consulta de la doctora acompañado de Redondo, que acudía en calidad de abogado por orden de Villarejo, y le indicaron a Pinto «que le dejase en paz, que parase, y que la policía iría a verla».

Durante 2014, y según lo pactado con el empresario, Villarejo habría hostigado a la doctora realizando seguimientos e intentando impedir que denunciase a López Madrid por acoso. El juez señala que «usó medios policiales» para desacreditarla. «Accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando la investigación policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte», añade.

El magistrado da cuenta de los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, y suma a esto que también tuvo contacto con otros policías durante la investigación de los hechos denunciados por Pinto. En concreto se refiere al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño y al inspector Alberto Carba, que era quien investigaba la denuncia de Pinto.

«Este agente de policía envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid comunicándole el estado de la investigación, y recibiendo instrucciones. Estas comunicaciones se desarrollaron entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre, ambos meses del 2015», dice García Castellón.

El juez apunta además en su auto que en una conversación fechada el 26 de enero de 2017, Villarejo manifestó que reclamaría a López Madrid «una cantidad de dinero como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado».

Y recoge el literal: «Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao' y ni me has llamado para decirme (...). Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios».