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Paula Andrade

Cantabria

Al Gobierno de Revilla le aflora un caso de nepotismo en plena crisis por la trama Carreteras

La directora de Función Pública del Gobierno cántabro designó a su marido para una plaza convocada y resuelta por ella misma

El Gobierno de Cantabria, liderado por el regionalista Miguel Ángel Revilla con el apoyo del PSOE, atraviesa momentos complicados por la trama de corrupción millonaria de adjudicaciones amañadas de contratos públicos conocida como caso Carreteras.

La judicialización surgida tras la detención de ocho personas hace menos de un mes ha provocado un goteo de ceses y dimisiones dentro de un Ejecutivo cántabro al que le crecen los enanos.

En medio de la crisis desatada por la actividad de la red fraudulenta en la que se ha visto salpicada su Consejería de Obras Públicas, una nueva polémica echa más leña al fuego y ensombrece la gestión del popular dirigente autonómico.

Se trata de un caso de nepotismo denunciado por Vox Cantabria que implica a la directora de Función Pública de Cantabria, dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Isabel Barragán, quien designó a su marido para una plaza que ella misma convocó resolvió.

Eligió a quienes otorgaron el puesto

Barragán convocó en junio de 2021 el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes al Subgrupo A1, incluido el puesto para jefe de Servicio de Administración General.

El 15 de noviembre de 2021, la directora general designó a su vez a los miembros de la comisión de valoración del concurso de méritos que debían elegir al candidato idóneo para la plaza. Entre ellos estaba el esposo de la directora, Luís Fernando Olaiz Arenal, quien concursaba para cuatro jefaturas de servicio.

El 21 de febrero de 2022, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicaba la resolución: Olaiz Arenal resultó ser el mejor candidato, a juicio de la comisión de valoración designada por su mujer.

Curiosamente, escasos centímetros separan en el BOC el nombre de los cónyuges: ella como directora general de Función Pública; él como adjudicatario de la plaza convocada por su esposa.

Desde Vox Cantabria entienden que Barragán debería haber abstenido, en virtud del artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Este establece que se deben abstener del procedimiento aquellas personas que tengan «un vínculo matrimonial», como era el caso del marido de Barragán, quien el 28 de abril fue nombrado director General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera con fecha de 28 de abril de 2022.

«Éticamente es muy feo»

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo-CEU Alejandro Corral, experto en la materia, explica a este periódico que «éticamente es muy feo, pero jurídicamente no implica nada».

«Si ha dado instrucciones a los miembros de la comisión de valoración, es muy difícil de probar, aunque de haberse producido sería una infracción administrativa que anularía el proceso de selección», explica.

Sin embargo esto no se ha probado y lo que dice la Ley, desarrolla Corral, es que Barragán «no puede ser del órgano de selección, pero en este caso jurídicamente ella no participa».

Desde el Gobierno cántabro han salido al paso de la polémica a través de la publicación de un comunicado en el que afirman que la directora de Función Pública no ha vulnerado «ninguna ley» y que su actuación fue «absolutamente intachable y ajustada a Derecho».

En el escrito retan a Vox a llevar el asunto a los tribunales y añaden que «ninguno» de los aspirantes que optaban a la plaza otorgada a Olaiz Arenal presentó «ni una sola reclamación».

Los funcionarios están hartos de la corrupción del PRCNiko GutiérrezPresidente de Vox Cantabria

La explicación a este silencio por parte de aquellos que competían con el marido de la directora de Función Pública es, según el presidente de Vox Vizcaya, Niko Gutiérrez, que conoce de cerca el caso, el miedo a quedarse estancados laboralmente.

«Creemos que podrían haber impugnado la plaza los otros seis o siete que se presentaron, pero ellos quieren escalar y si estás en esa carrera no vas a impugnar porque te quedas de funcionario raso», apunta, en una conversación telefónica con El Debate.

En la misma añade que «los funcionarios están hartos de la corrupción del Partido Regionalista de Cantabria», la formación política que lidera el Gobierno, fundada por Revilla, quien también es secretario general.

Desde la formación encabezada a nivel nacional por Santiago Abascal no descartan en absoluto tomar medidas legales en el futuro, pero, explica Gutiérrez, primero quieren ir por la vía estrictamente política.

En este sentido, este viernes exigirán la comparecencia de la consejera de la Presidencia, Paula Fernández, en el Parlamento regional y pedirán que se desarrolle una comisión de investigación.

Precisamente Fernández asumirá, en funciones, la cartera de Obras Públicas cuando se oficialice la dimisión de José Luis Gochicoa, «el mejor hombre» del Gobierno de Revilla, según el propio presidente regional, quien presentó su dimisión tras destaparse el caso Carreteras.