La Fiscalía analizó hasta 22 contratos de mascarillas para confirmar que no hubo sobreprecio en el del hermano de Ayuso

las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción por los representantes de Más Madrid, PSOE y Podemos, en febrero de 2022, contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su hermano pequeño, Tomás, por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación, en plena pandemia, de un suministro de mascarillas por las que Tomás cobró una comisión profesional, quedaban despejadas este martes tras la notificación del archivo de la investigación asumida por la Fiscalía Europea contra el fraude en la parte del pago que se financió con Fondos comunitarios. Un total de 22 contratos analizados han sido la clave para determinar que no existió sobreprecio alguno en la partida asignada a la empresa Priviet Sportive, S.L. por valor de 1.042.020 euros para la que Tomás prestó sus servicios como experto en el sector sanitario desde hace más de 20 años.

Los representantes del Ministerio Público encargados del caso, Luis Miguel Jiménez Crespo y Olga Muñoz Mota, llegaban a la conclusión de que las acusaciones carecían de una mínima consistencia incriminatoria, no sin antes practicar numerosas y detalladas pruebas de las que se desprende, con claridad, que el precio unitario fijado en el contrato bajo sospecha no fue el más elevado de entre los más de 42 pactados por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) con diferentes proveedores, entre los meses de marzo de abril de 2020.

Los fiscales, según las fuentes consultadas por El Debate, no escatimaron en número y variedad de diligencias encaminadas a esclarecer lo ocurrido y, finalmente, descartar que no existió desviación de subvención alguna, ni apropiación indebida de caudales públicos ni, por lo tanto, ningún daño causado a los intereses económicos de la Unión Europea (UE), como apuntaban los grupos parlamentarios de la oposición política en la Asamblea de Madrid en sus escritos de denuncia y las posteriores ampliaciones de los mismos.

Como la propia Fiscalía hacía público en la tarde de ayer, a través de un comunicado oficial, las investigaciones seguidas para detectar la posible malversación de fondos de la UE se centraron en la posibilidad de que las mascarillas suministradas por los contactos de Tomás Ayuso hubiesen sido infladas con un sobreprecio, teniendo en cuenta la calidad inicialmente ofertada y la finalmente entregada, así como que el transporte de las mismas se hubiese hecho con cargo a la Comunidad de Madrid (CAM) y no a la empresa adjudicataria. Extremo, este último, que tampoco resultó tener ningún fundamento.

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE); las pesquisas de la Guardia Civil sobre la empresa Priviet Sportive SL; la información fiscal aportada por la Agencia Tributaria sobre dicha mercantil, en 2019 y 2020, y de su propietario Daniel Alcázar tanto de operaciones nacionales, como intracomunitarias e internacionales, declaraciones de IVA e Impuesto de Sociedades; los datos del Registro Mercantil; y, los dictámenes de varios peritos independientes en la certificación de material sanitario, entre ellos técnicos de AENOR, coincidieron en avalar la transparencia de la contración del hermano de la presidenta de Madrid.

Además, los fiscales reclamaron al Servicio Madrileño de Salud y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad para que aportasen los expedientes completos del total de los contratos suscritos para la compra de mascarillas, de cualquier tipo, que se hubiesen suscrito entre los meses de marzo y abril de 2020, así como sus correspondientes facturas.

Según han podido saber El Debate, del total de los cerca de cincuenta documentos contenidos en el sistema de contratación del SERMAS, se analizaron un total de veintidós para concluir que ni se suministró material de inferior calidad, y por lo tanto, de inferior precio a las adquiridas, ni la Comunidad de Madrid asumió el pago del transporte de las mismas desde el aeropuerto hasya el punto de entrega y almacenamiento pactado, ni el Servicio Madrileño de Salud abonó ningun sobreprecio para la adjudicación a la entidad Priviet Sportive, el 1 de abril de 2020, de un pedido de 250.000 mascarillas.