Conde-Pumpido salvará el abuso legislativo de los 'decretazos' de Sánchez

En esta legislatura, Pedro Sánchez ha convertido el 'decretazo' en un instrumento legislativo habitual, aunque por ley está obligado a limitar su uso. Y es que el mecanismo que la Constitución reserva –en su artículo 86.1– a las normas aprobadas en situaciones de «extrema y urgente necesidad», se ha convertido para el actual Gobierno en un recurso sin filtros con el que garantizarse la entrada en vigor de sus medidas más ideológicas e impopulares.

Si, hasta la fecha, la doctrina constitucional había venido interpretado de forma restrictiva el límite constitucionalmente impuesto al Poder Ejecutivo en su faceta de producción legal, ahora, el presidente del TC Cándido Conde-Pumpido se prepara para cambiar el enfoque, descartar que haya de entenderse prohibida cualquier forma de incidencia del Gobierno en las instituciones básicas del Estado –ya que ello significaría «el vaciamiento de la figura del decreto-ley»– y, con ello, salvar la fórmula elegida por Sánchez en los más de 100 'decretazos' que ha alcanzado en tan sólo cuatro años de mandato.

Así las cosas, el Pleno del Constitucional que arranca esta próxima semana, de martes a viernes, volverá a convertirse, más allá del contenido meramente jurídico, en una prueba del algodón para la imparcialidad de la mayoría de izquierdas encabezada por el veterano Conde-Pumpido. Un Real Decreto-ley dictado por el Consejo de Ministros durante los llamados viernes sociales, en 2019, de medidas urgentes para la garantía de la Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, recurrido por el Partido Popular, será la clave.

En el fondo del asunto, la inexistencia del requisito habilitante para todos los decretos ministeriales, la extraordinaria y urgente necesidad de un texto que exige el artículo 86 de la Constitución y que, en este caso, incumplió el mismo. Fue una medida «oportunista» del Ejecutivo socialista, apuntan a El Debate fuentes próximas al TC conocedoras del caso, que ahora «pretende ser salvada» como tantas otras normas que se someten al rodillo de la Corte encabezada por Conde-Pumpido. «La urgencia real no se puede identificar con la urgencia política electoralista», concluyen las mismas fuentes.

La batalla de los populares con ciertas medidas populistas de Sánchez, aprobadas en la Diputación Permanente de su primer Ejecutivo ha llegado, cuatro años después, al TC de la mano de un recurso presentado en abril de 2019 tendrá respuesta esta misma semana. En su reclamación al 'decretazo' sobre igualdad de trato, el PP explicaba que no niega que sea bueno legislar para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, sino que lo que se discutía era que hacerlo por la vía de urgencia, en lugar del procedimiento legislativo correspondiente, fuese legal.

Pues bien, tras el rechazo del Pleno a la propuesta del anterior ponente –el expresidente de la Sala Tercera del Supremo César Tolosa, quien planteaba la inconstitucionalidad de la norma– con los únicos votos del bloque de la izquierda judicial, se abría una ventana de oportunidad para el presidente Conde-Pumpido de «imponer», una vez más, su criterio y, con ello, sortear las tachas jurídicas a un método legislativo que se ha convertido en norma para el Ejecutivo actual.

De este modo, la redacción de la sentencia vuelve a manos de su primer encargado, quien en 2019 trató sin éxito, hasta en dos ocasiones, de que sus compañeros avalasen el mismo texto que planteará esta próxima semana y que, a la tercera, y con una Corte de mayoría zurda, renovada a la medida de Pedro Sánchez, sí alcanzará el número de apoyos necesarios para salir airosa del trance.